Juntas comunales de Herrera y Colón lideran denuncias por uso de fondos de la descentralización

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó 30 denuncias penales en el Ministerio Público este 25 de octubre, contra las juntas comunales que no pudieron justificar los fondos que recibieron por la llamada descentralización paralela en el periodo de 2021 a 2024.

Hasta el momento, el mayor número de casos de falta de sustento se ha dado en las provincias de Herrera, con 4 juntas comunales implicadas, y en Colón, con 5 juntas comunales, de acuerdo con el listado suministrado por la AND.

La AND recopiló un total de 530 informes sobre el uso del dinero transferido a través del Programa de Interés Social a distintas autoridades locales a nivel nacional. Esto representa un 70.3 % de avance en el proceso de recopilación, puesto que 754 entidades recibieron fondos del programa.

Esto deja de manifiesto un número importante de autoridades locales que sí sustentaron el uso de fondos, por lo que alcaldes y representantes de corregimiento exigieron el aumento en el presupuesto, que ha sido reconocido en las modificaciones presentadas, también ayer, por el ministro de Economía, Felipe Chapman.

La tarde de este viernes 25 de octubre, el ministro Chapman entregó a la Asamblea Nacional modificaciones al anteproyecto de ley N°143, que dicta el Presupuesto General del Estado, donde se incluyen $57 millones de fondos adicionales para inversión de la AND, cumpliendo con las exigencias de las autoridades locales.

Todavía hay un porcentaje importante de autoridades pendientes de entregar, debido a que las notificaciones se enviaron desde el 15 de agosto pasado, dando un plazo de 60 días a cada entidad para entregar informes. La directora de la AND, Roxana Méndez, informó que las últimas entidades notificadas tienen hasta el 15 de noviembre próximo para entregar sus sustentaciones.

En caso de que algunos gobiernos locales no presenten sus informes, la AND también pondrá su situación en conocimiento del Ministerio Público.

Las provincias de Colón y Herrera lideran el número de juntas comunales que no sustentaron el uso de fondos en el citado periodo, pero también hay casos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Veraguas.

En Colón, las juntas comunales de Barrio Sur, San Juan, Playa Chiquita, Puerto Pilón y Cristóbal se encuentran entre las denunciadas.

En tanto, en Herrera se reportaron denuncias en las juntas comunales de Parita cabecera, Peñas Chatas, Las Llanas y Cerro de Pajas.

En Panamá y San Miguelito, las juntas comunales de Ancón y Belisario Porras no sustentaron el uso de fondos.

En tanto, en Chiriquí las junta comunales de Volcán, Tolé y Quebrada de Piedra están denunciadas.

Las juntas comunales de Veracruz y Burunga, en Arraiján, y la de El Coco, en La Chorrera, son las denunciadas en Panamá Oeste.

Excepciones

A pesar de los casos que dan indicios de presuntos delitos, hay un número importante de gobiernos locales que sí cumplieron con la entrega de informes, es por ello que el pasado martes 22 de octubre, alcaldes y representantes de corregimiento se dirigieron a la Asamblea Nacional para exigir los fondos que le corresponden de descentralización en la próxima vigencia fiscal del 2025.

Ese día, Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá expresó que “los representantes y alcaldes son las primeras puertas del ciudadano y en muchos casos estos fondos suplen las necesidades que el Gobierno Central no cumple en las comunidades (...). El 80% de las autoridades son nuevas, las cuales cuando la ciudadanía emitió el voto, lo hicieron considerando estos programas. Lo que esperábamos era un aumento a estos recursos con transparencia. Lo que vemos hoy en día va en contra, no de los alcaldes ni de los representantes, sino en contra de la comunidad’’, detalló.

Cerca de 701 representantes y 81 alcaldes se movilizaron esta semana para buscar una solución a la disminución del presupuesto a los programas de descentralización, contemplada en el proyecto N°143 del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025.

Por otro lado, Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, explicó que “entendemos la situación financiera y el desequilibrio financiero que hay, pero nosotros [gobiernos locales] representamos menos del 1% de los fondos del Presupuesto General del Estado. Era mejor no afectar a los gobiernos locales y quizás afectar alguna institución del Gobierno Central que no brinda las respuestas que nosotros brindamos’’.