Juez Torres decide fianza de Martinelli con jugosa oferta en la mesa

La Corte del Distrito Sur de Miami Florida está que arde. El juez Edwin Torres, un boricua estricto en derecho, tendrá que decidir si concede o no una fianza de excarcelación al expresidente Ricardo Martinelli, quien ya ha pasado ocho noches en el Centro de Detención Federal, después de haber sido detenido en su casa por los alguaciles el 12 de junio pasado, para responder de la acusación de haber intervenido ilegalmente las comunicaciones de 150 personas y utilizar, para ello, fondos públicos.

Torres tendrá que analizar varios escritos presentados tanto por la fiscalía que representa los intereses del Estado panameño, como de la defensa de Martinelli, que solicitó se desestime la petición de extradición efectuada por el Gobierno de Panamá en mayo de 2016.

Ayer por la tarde, la defensa de Martinelli, compuesta por cinco abogados, cuatro de ellos panameños y uno norteamericano, presentó un último y desesperado intento para que a su cliente no se le asigne el número 14813-104, como recluso federal. Se trata de convencer a la Corte de que Martinelli no presenta riesgo de fuga y presentan el caso dentro de ‘circunstancias especiales'.

La Fiscalía, por su parte, presentó una moción para impedir que Torres conceda una fianza al expresidente, que, si bien es cierto, es una prerrogativa que el juez toma a discreción, no aplica a los casos de extradición.

Para probar a la Corte que Martinelli no tiene intención de huir de Estados Unidos, su defensa ofreció una propuesta que contempla una abultada fianza: cinco millones de dólares, de los que consigna el 10% su esposa, Marta Linares, con el respaldo de las propiedades del expresidente; dos millones como fianza de garantía personal, de los cuales la mitad será co-firmado por un amigo de Florida y respaldado por una propiedad; confinamiento en su casa de Florida: monitoreo electrónico; el pago de policías que cuiden su residencia 24/7; cualquier restricción que imponga el juez en transporte; y la extradición preanticipada, en caso de que incurra en cualquier violación de las exigencias de la Corte.

A última hora del lunes, la Fiscalía habilitó a Christopher J. Smith, director asociado (Acting Associate Director) del Departamento de Justicia, un abogado penalista con vasta experiencia en este tipo de casos, que tomará el lugar de Adam Fels, el fiscal que estaba a cargo del caso. Antes de ser sustituido, Fels se encargó de dejar claro a la Corte que ningún monto económico garantizará la permanencia de Martinelli en el país, y que de la Corte ‘corre el riesgo de quedar en ridículo', o de ser avergonzada internacionalmente, si Martinelli huye de Estados Unidos, pues tiene las conexiones y el dinero para hacerlo.

Como ingrediente adicional, Yasir Purcait, una de las víctimas del espionaje de Martinelli y presente en Miami, envió una carta al juez en la que expresa haber sido víctima del seguimiento que le hizo el expresidente durante su mandato, su entonces adversario político. La misiva establece que Martinelli utiliza el suelo norteamericano para evadir la justicia en su país, y que la carga probatoria que hay en su contra es más que suficiente.

LOS ALEGATOS

A través de sus abogados, Martinelli acusa al actual presidente Juan Carlos Varela de haber solicitado $25 mil mensuales -en dinero no justificado— a los consulados panameños mientras fungía como canciller de la República a inicios de su gobierno, del que también fue vicepresidente.

Esta situación, según la defensa de Martinelli, lo obligó a encarar a su canciller, y retirarlo del cargo, aunque no pudo destituirlo como vicepresidente por ser un cargo de elección directa.

Este hecho desató una persecución política en su contra, alega la defensa del expresidente en el escrito que presentó ante el juez Torres, en el que establece que inmediatamente después de asumir la presidencia, Varela lanzó numerosas investigaciones contra Martinelli. La fiscal anticorrupción a cargo de la investigación era Lizette Chevalier, a quien Varela presionó por medio de la Policía Nacional para hacer falsas acusaciones en su contra. Ella se opuso y como resultado de esto, la removió del caso, transfirió el mismo a otra autoridad y finalmente la despidió.

Martinelli solicitó asilo a Estados Unidos el 15 de julio de 2015, un proceso que aún se encuentra en desarrollo. Pero también tiene un proceso igual en Italia, país del que posee ciudadanía. Según sus abogados, Ricardo Martinelli sufre una persecución política y aduce que el sistema judicial panameño carece de la independencia como para no sucumbir a la presión del Ejecutivo.

Los cargos efectuados contra Martinelli, según sus abogados, no se sostienen en suficiente evidencia, por lo que piden a la Corte examinar la petición de extradición de Panamá bajo ‘circunstancias especiales' y ordenen su liberación, desestimando el supuesto riesgo de fuga o daños a la comunidad a los que teme la Fiscalía.

Según la defensa del expresidente, existen al menos siete circunstancias especiales que aplican en su caso. La primera, es que los seis argumentos en su contra carecen de pruebas sólidas. Una segunda, según sus abogados, es su inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y el incumplimiento por parte de Panamá de una orden judicial válida para un delito extraditable. Otra de las razones es que Panamá es un país con una sistema burocratizado y su periodo en prisión preventiva podría durar años. Explican, además, que Martinelli no tiene antecedentes penales y que a sus 65 años presenta una situación de salud delicada.

‘El presidente Martinelli no va a ir a ninguna parte, tiene familia aquí, ha solicitado asilo político y a diferencia de otros acusados que aparecen en la Corte, el exmandatario sabía que podría ser arrestado y no hizo nada para eludirlo', dice la defensa.

EL CONTRAGOLPE

La fiscalía solicita que Ricardo Martinelli continúe detenido hasta el momento de su extradición a Panamá porque a pesar de que se le imponga una alta fianza, no puede demostrarse que no existe riesgo de fuga ni que existan circunstancias especiales que justifiquen su liberación.

Para ilustrar al juez, el fiscal encargado del caso, Adam Fels, explicó que en Panamá Martinelli enfrenta cuatro cargos, interceptación de las comunicaciones sin una orden judicial, seguimiento y persecución sin una autorización judicial, malversación inapropiada de fondos públicos y malversación de los fondos del Estado.

El marco legal referencial para los procesos de extradición es muy sui generis. Se le otorga la primera función a un funcionario judicial que está autorizado a certificar ante el Departamento de Estado que existe suficiente evidencia para sostener los cargos. El Secretario de Estado, y no la Corte, decide si el fugitivo debe ser extraditado al país requeriente.

En la audiencia de extradición, el rol de la Corte es considerar la evidencia presentada por el país solicitante y determinar si los requerimientos legales para la extradición definidos en los tratados se han establecido. Si así lo considera la Corte, debe proveer dicha certificación al Departamento de Estado con una copia del testimonio que se obtenga en la Corte, y debe encomendar la custodia del fugitivo, en este caso de Martinelli, a los agentes federales de Estados Unidos hasta que se concrete el proceso de extradición.

El fiscal estima que existe un alto riesgo de fuga si el juez, por discreción propia, concede a Martinelli una fianza de excarcelación.

La situación económica de un fugitivo, según el fiscal, puede representar un riesgo de fuga, especialmente cuando se tienen nexos o relaciones con otros países y se enfrentan a cargos graves. Una persona que tiene forma de salir del país por avión no debe recibir una fianza, aunque el caso sea especial, apunta.

El fiscal Adams Fels pide a la Corte no otorgar fianza a Martinelli por varias razones. La primera, porque puede huir. ‘Martinelli tiene un avión, dos helicópteros y un yate. Posee numerosas compañías, incluyendo el Súper 99, negocio que le ha dejado una fortuna de $700 millones, según lo describió el magistrado fiscal en su acusación. También posee varios medios de comunicación, es muy rico y esa riqueza le puede facilitar un escape a un tercer país para exiliarse junto a su familia por décadas', alerta Fels.

En segundo lugar, continúa la fiscalía, Martinelli ha demostrado que tiene tendencia a huir de la justicia. En enero 2015, cuando se iniciaron las investigaciones en su contra, se negó a presentarse ante la Corte por que adujo temer sobre su vida por ser un perseguido político.

Tercero, el expresidente ha tenido numerosas oportunidades para cultivar relaciones poderosas y está muy bien conectado con gente fuera de Panamá. Nexos que le facilitarían un exilio confortable a él y a su familia. Además, posee la ciudadanía italiana y ha entrado al menos una vez a Estados Unidos con el pasaporte italiano. Significantes contactos en Italia pueden incrementar el riesgo de fuga, añade el fiscal.

Cuarto, por la edad que tiene, 65 años, los cargos en su contra podrían representar una pena de más de 21 años de cárcel. La combinación de su edad y la posible sentencia lo hace encarar un riesgo que desearía evitar.

Ningún monto económico va a garantizar su presencia en la Corte, y quedaría abierta la posibilidad de que avergüence a la justicia norteamericana.

Aunado a esto, el fiscal considera que no existen ‘circunstancias especiales' que así califiquen el caso de Martinelli. Por ejemplo, el asilo es un asunto aparte cuando existen otros procesos. Tampoco califica como especial su condición de expresidente y posible candidato a este puesto de elección. No es un argumento el que se sienta un perseguido político, ya que las acusaciones por espionaje telefónico no representan un delito común que se conecte con una persecución política.

Tampoco su condición de salud hace especial su situación, apuntan. Y echan por tierra otro de los argumentos de la defensa, que el delito en cuestión no es un crimen que contemple el tratado de extradición: asumiendo que sea válido el argumento, aunque no lo es, el caso es claro en que lo que se debate no es el delito, sino la fianza que solicita Martinelli.

LA HORA DE LA VERDAD

A las dos de la tarde, Ricardo Martinelli aparecerá en la sala de audiencias. Será trasladado del Centro de Detención que se encuentra a un lado del edificio James Lawrence King, donde se aloja la oficina del juez Torres. Es la primera vez que Martinelli pierde su libertad. El hombre acostumbrado a todo tipo de lujos, a tener un chofer que lo traslada a todos lados, avión, helicóptero, autos, celular, asesores y acólitos y todo tipo de privilegios ha reducido su vida a un catre, un lavabo, y varios nuevos amigos con los que comparten confinamiento. No ha recibido visitas. Solo a sus abogados. El domingo, según relataron a La Estrella de Panamá , lo encontraron en buenas condiciones y con un poco menos de peso, por el ejercicio que es parte de la rutina carcelaria. Entre los presos le llaman ‘tío Ricardo'. Muchos son latinos con problemas de emigración. La defensa aboga por un cambio de medida cautelar a casa por cárcel mientras se resuelve el proceso de extradición que se presume largo. La próxima batalla es más viable conseguirla en el Departamento de Estado, órgano que tiene la última palabra. En palabras de Rubén Blades, según publicó en su página web, ‘su billón de dólares no impresiona a un juez honesto y los dossiers' que acumuló durante su periodo en el poder, para extorsionar, obtener ventajas económicas e imponer su voluntad, no pueden ayudarlo a evadir su realidad presente.