Juez le imputa dos cargos y decreta detención al exgobernador de Guna Yala

El inicio de la operación Luxor, que logró la captura del exgobernador de Guna Yala Eric Martelo y su conductor Rogelio Alba, emplanillado en el Ministerio de Gobierno desde julio de 2019, es solo un hilo de una gruesa madeja en la que hay más involucrados en una organización criminal.

Así lo planteó ayer la fiscal de Drogas, Acellys Cárdenas, durante la audiencia múltiple celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la que la jueza de Garantías Diana García concedió cuatro solicitudes a la fiscalía: legalización de la aprehensión de la droga hallada en el auto Hyundai, modelo Santa Fe, color gris oscuro con matrícula 730029; imputación por los delitos de modificación de una estructura (en este caso el automóvil) para el trasiego y posesión agravada de droga, cuya pena mínima es de 16 años de prisión. Además decretó la detención preventiva de ambos mientras transcurre la investigación. Por último legalizó la aprehensión de dos celulares, una memoria (USB) y el auto en el que viajaban.

La fiscal narró que el 14 de septiembre, aproximadamente a las 9:30 de la noche, en la subestación de Policía de Las Garzas de Pacora, los agentes policiales solicitaron la documentación del chofer Rogelio Alba, y de su copiloto Eric Martelo, en ese momento gobernador de Guna Yala. Enseguida se les notificó de una requisa a la que ambos accedieron de forma voluntaria. En el maletero las unidades visualizaron una variación, tres pedazos de madera adheridos que no formaban parte de la fabricación del auto. Debajo de estas hallaron una placa de metal con bisagras con un mecanismo hidráulico. Debajo había un doble fondo que se encontraba vacío. No obstante, la presencia de unos cables que conectaban con los asientos delanteros del auto, dieron con un segundo compartimento en el que se escondían 79 paquetes de supuesta droga. “Un mecanismo sofisticado”, calificó la jueza. Ambos fueron detenidos en la madrugada del 15 de septiembre.

Lo curioso es que de los 79 paquetes hallados, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que 59 de ellos contenían 72,76 kilogramos de cocaína. La fiscal dijo que la mercancía tenía un valor en el mercado de $500 mil. Sin embargo, 20 paquetes resultaron negativos.

Durante la audiencia, la fiscal explicó que el vehículo en el que viajaban el exgobernador y su chofer fue traspasado el 6 de marzo del corriente, a un extranjero (presumiblemente de nacionalidad colombiana), del que no se tiene récord de su ingreso al país, según la Dirección de Migración. “Pudo haber entrado ilegalmente al país”, dijo. Esto puso en alerta a la fiscal, ya que adelantó que podría ampliar el menú de delitos por la falsedad en el trámite, que exige la presencia física de quien traspasa y quien recibe.

“Puede pertenecer a organizaciones criminales”, exclamó la fiscal. A continuación describió que el delito relacionado con drogas tiene una estructura y organización que requiere recibir, trasladar y entregar la droga”, por lo que piensa que detrás de los imputados hay otras personas involucradas.

En un inicio los imputados iban a optar por una defensa en común, pero luego se decidieron por abogados individuales, lo que provocó contradicciones entre ellos. La abogada de Alba, Marta Lucía Restrepo, alegó que su cliente actuó bajo los parámetros de obediencia debida, dando a entender que no tenía nada que ver con Martelo. Mientras Valentín Jaén, defensor del exgobernador, dijo que su cliente se vio sorprendido en su “buena fe al montarse en el vehículo”.

Hay varios aspectos en este hecho. El primero que ambos, siendo funcionarios, viajaban en un auto particular, modificado, con doble fondo y 72,76 kilos de droga. Que ambos se tiran la culpa uno al otro; y que la persona a la que supuestamente se traspasó el auto no registra ingreso al país y es extranjero, no un voluntario que colaboraba con el transporte de las bolsas del programa Panamá Solidario, como se había mencionado.

Durante la audiencia Jaén defendió que la fiscalía no había demostrado la vinculación de su cliente al hecho. Alegó que no existe un informe de inteligencia, o policial, que detalle la participación de Martelo en el tráfico de drogas. Le extrañó que el Ministerio Público no haya efectuado una prueba de ION Scan en la vestimenta para determinar si él tuvo contacto con la droga, remató con que el mismo examen dio negativo en la estructura del auto. Por lo anterior, a juicio de Jaén, no se logra demostrar quién hizo la modificación del auto –ya que la fiscalía no presentó un peritaje– o la relación de su cliente. “El exgobernador quiere limpiar su nombre, pero también quiere que se sepa la verdad sobre la responsabilidad de la droga”, indicó.

Por su lado, Restrepo expresó que contra su representado no existe un informe que indique que pertenece a una organización criminal. Aportó la resolución de su nombramiento como conductor en el Ministerio de Gobierno, de julio de 2019.

Eric Martelo es un hombre de 42 años, con dos años de estudio en economía y finanzas en la Universidad de Panamá, tres dependientes y mantenía un salario de $3,500 mensuales. Su chofer Rogelio Alba, apodado “Pingüino”, con 40 años de edad, cursó estudios hasta tercer año, ganaba un sueldo de $600 al mes, ocho dependientes.

Ninguno optó por un acuerdo de pena. Pero no lo descartaron más adelante. Tampoco anunciaron apelación ante las decisiones de la jueza, quien determinó que todos los procesos se efectuaron bajo la ley y se cumplieron los plazos para la audiencia. Ambos abogados solicitaron firma tres veces por semana y prohibición de salida del país, pero la jueza determinó que había riesgo de fuga y dijo que el arraigo domiciliario de ambos era débil.

Un funcionario de asesoría legal del Ministerio de Gobierno se presentó al SPA para notificar al conductor sobre su destitución, mientras que este martes, el mandatario Laurentino Cortizo anunció la destitución del entonces gobernador.