Juez se acoge al término de ley para dictar sentencia en caso contra ex ministra Alma Cortés y otros cinco ex funcionarios del Mitradel

El juez tercero liquidador adjunto de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fernando Basurto, se acogió al término de ley para dictar sentencia, luego de celebrar la audiencia ordinaria seguida a seis ciudadanos, dentro de la cual figura la exministra, Alma Cortés acusados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

A Cortés y demás exfuncionarios del Mitradel se les investigó por la supuesta comisión de este delito contra la administración pública por el cobro de viáticos que se pagaron en la administración de gobierno 2009-2014.

El dinero era para asistir a una Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, del 1 al 27 de marzo de 2011.

De acuerdo con el informe especial de la Auditoría de la Contraloría General de la República, según el Ministerio Público, los señalados presuntamente cobraron de más y no devolvieron los viáticos, lo que ocasionó una falta al patrimonio del Estado

La decisión del juzgador se dio la tarde de este lunes 29 de agosto, luego de la presentación de dos pruebas testimoniales y de escuchar las sustentaciones de los alegatos por parte del Ministerio Público, la defensa técnica particular y la Defensa Pública.

Durante el desarrollo del juicio, a solicitud de cuatro integrantes de la defensa, y sin objeción del Ministerio Público, se presentaron nueve pruebas extraordinarias, las cuales, según lo manifestado por el juzgador, serán analizadas junto a la evaluación íntegra que hará de todas las piezas procesales que existen en esta causa penal.

En esta audiencia el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Anticorrupción de Descarga, Ariel Guevara, que solicitó la condena para los seis imputados; entre tanto, los cinco defensores técnicos particulares y el defensor público solicitaron se dictara un auto absolutorio sobre sus representados y se levantaran las medidas cautelares que mantienen.

Esta causa penal tuvo su inicio con una denuncia interpuesta el 28 de julio de 2014 ante el Ministerio Público.