Juan Penagos desiste del proceso contra esposo de Zulay Rodríguez

El 2 de abril de 2024, a las 2:34 de la tarde, el Ministerio Público recibió la solicitud de desistimiento de Juan David Penagos de la causa contra Álvaro Ernesto Testa Rivera, esposo de la diputada Zulay Rodríguez, por supuesto robo de láminas de oro.

El denunciante solicitó que se ordene el archivo de la causa por hurto con abuso de confianza, estafa calificada, delitos contra la seguridad colectiva, prevaricato y blanqueo de capitales. En el documento de desistimiento agregó que “desiste de la pretensión punitiva y retira la denuncia”. En su declaración agregó que su padre no tuvo ninguna relación con Álvaro Testa.

En su argumento al Ministerio Público, Penagos dice que “comprendí que los denunciados ejercieron una defensa técnica a favor de mi padre José Luis Penagos y pactaron ejercicios por dicha defensa”. En un giro sorprendente explicó que su padre firmó –sin engaño ni coacción alguna– poderes a Rodríguez y a Rafael Araúz para que tramitaran la recuperación del oro. Así lo hicieron los abogados evitando que el padre fuera sancionado con $4 millones.

Según Penagos, había intereses de terceras personas en el proceso y esto lo animó a alcanzar un acuerdo con la diputada para desistir de otro proceso que se le sigue a ella en la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada fiscal, María Cristina Chen, no se opuso a la decisión de la víctima. Pero la decisión estaba en manos de la jueza de garantías, Ariadne García. “Siempre y cuando la magistrada de garantías Ariadne García considere que se da el contexto para hacerlo”, dijo la fiscal.

Pero la jueza de garantías no admitió el acuerdo alegando que no se ha realizado la audiencia de imputación de cargos, que es lo que permitía conocer los tipos penales bajo investigación, y es la etapa que da paso a los métodos alternos de resolución de conflictos. García explicó que desconoce si los delitos a imputar están dentro del catálogo de los que admiten desistimiento.

En entrevista a un medio televisivo, la diputada denunció que la decisión de la jueza de garantías es una “patraña” y que se trata de una manipulación de la justicia y un “proceso falso” montado y que pretendían “arrestarme”.

Desde 2011, Rodríguez, abogada de profesión, mantenía una relación laboral con el ciudadano mexicano José Luis Penagos.

El 9 de septiembre de 2011, el mexicano le otorgó un poder especial para que lo representara en un proceso penal y civil relacionado con la retención de las láminas de oro en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. La abogada pactó honorarios por $450.000/$500.000.

Ante la indiferencia de los clientes en el cumplimiento de los honorarios pactados, la abogada recurrió a los tribunales de justicia. El 20 de febrero de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá comunicó al administrador regional de aduanas, que aprobó la transacción suscrita entre las partes del proceso ejecutivo, promovido por Zulay Rodríguez contra sus clientes, en el que se ordenó la entrega a título de dación en pago (entrega de bienes por el pago de un servicio) de 42 kg de oro.

El 30 de abril de 2018, la administradora regional de Aduanas informó que el valor de los 63,5 kg de la mercancía descrita como “láminas de oro” era de $1,4 millón. “Yo me gané 42 (kg) en concepto de honorarios. Y el resto queda en custodia”, explicó Rodríguez, en una entrevista previa a La Estrella de Panamá.