La historia jamás contada de Juan Hombrón

En octubre del 2008 dos profesionales jóvenes, partidarios de Ricardo Martinelli, me explicaron el origen de la política oficial sobre los derechos posesorios. Si una persona vive o labora en una parcela de tierra, con el paso de los años, invirtiendo su imaginación y su sudor, adquiere derechos posesorios sobre ella. La titulación masiva y gratuita de estos derechos volvería capitalistas a miles de interioranos quienes, hoy en día, apenas participan en la economía. Capacitándolos para desarrollar sus propiedades, generando ingresos para el Estado y trayendo estabilidad al país.

Hablaron con tanto entusiasmo, inspirados por esta promesa de Martinelli, que me convencí de que él (Martinelli) ganaría las elecciones. Los otros candidatos no inspiraban a nadie. Y pensé que, al ganar, iba a cumplir su promesa, ya que él podría convertir a los titulados en una potente organización política, cosa que le hace falta en el interior. Lo que sucedió, en cambio, es un ‘lleva y trae’ que sigue todavía 30 meses después.

¡QUE SÍ! ¡QUÉ NO!

Como candidato, Martinelli apoyó la Ley 23 de abril del 2009, que ofrecía toda la titulación que su programa de gobierno prometía.

Sin embargo, al tomar posesión, congeló el proceso de titulación, derogó la Ley 23 y la reemplazó con una que hizo del Ministerio de Economía y Finanzas una colosal agencia de bienes raíces. Al frente de dicha autoridad se encontraba el ahora opositor Alberto Vallarino.

Este instrumento, la Ley 80, autorizó la titulación gratuita de cinco hectáreas. Si tenías más tierra, tus supuestos derechos posesorios solo te daban la opción de comprarla al Estado, a precios impuestos por el MEF, donde una hectárea de selva podía costarte $75 mil. Tierra no titulada era por ley baldía y propiedad nacional, aún si tu casa estaba dentro de ella.

Decían que la Ley 80 iba a traer ingresos, pero a precios tan altos nadie quería comprar. Decían también que la ley hacía falta para proteger el país de supuestos ‘acaparadores’.

Al investigar, estos resultaron ser inversionistas que habían comprado las tierras a personas con derechos posesorios esperando titularlas después y ganar dinero. Una actividad normal en todo país que no sea comunista.

Los beneficiarios de la Ley 80 eran los que ya tenían tierra titulada, sobre todo en las islas y costas, y que no querían que nadie más las tuviera.

Los abogadillos de Catastro celebraron la decisión. Les daba mucha discreción, y con ella poder y la oportunidad de cobrar coimas.

¿Por qué Martinelli la hizo pasar? Su proponente principal, el entonces ministro de Economía, era un importante miembro de su alianza, cuyo partido le hacía falta a Martinelli para tener mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados.

Parecía, además, que Martinelli no estaba muy interesado en asuntos de titulación, ya que la campaña había terminado. Es posible que él mismo no supiera si estaba a favor o en contra.

En 2010, en cambio, Martinelli parecía cumplir su promesa de campaña. La Ley 59 de octubre de aquel año creó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Una nueva entidad en la que agrupó todos los departamentos del gobierno que tienen que ver con titulación, y eliminó la tabla de precios. Dicen que esta volta face se debía a la influencia de personas que compraron derechos posesorios en la costa atlántica con la esperanza de ver una carretera entre Colón y Bocas de Toro.

Pero la nueva ley no entró en completa vigencia hasta el 1 de agosto de este año, cuando Catastro dejó de ser entidad del MEF y pasó a la ANATI.

En agosto, sin embargo, Martinelli rompió la alianza con los panameñistas, provocando la renuncia del ministro de Economía. Martinelli quería desprenderse de Varela pero no de Vallarino. Lo quería en el Gabinete, y el precio que Alberto Vallarino parecía poner era el siguiente: la cabeza del administrador de la ANATI y el retorno de Catastro al MEF. En eso estallaron los escándalos de Paitilla y Juan Hombrón, y la gente daba la titulación por muerta.

Martinelli cumplió con el ministro en despedir al administrador de la ANATI, pero luego decidió que pedía demasiado. Catastro se quedó dentro de la ANATI, y se nombró a un nuevo ministro de Economía, quien insiste que la titulación va. Allí estamos por el momento, pero dicen que el presidente no quiere saber más de derechos posesorios ni titulación y que la bancada oficial de la Asamblea prepara una nueva ley con un nueva lista de precios altos.

Esta danza para adelante y para atrás ha resultado tan divertida para el espectador objetivo, como pasa con la farsa francesa, donde una coquette vuelve loco a su pretendiente viejo con un ¡Que sí! ¡Que no! eterno.

Sin embargo, en el inversionista, el efecto puede ser distinto. Este observa que tanto Martinelli como el PRD apoyan a todo meter la Ley 23, y deciden comprar derechos posesorios para construir un hotel o una marina. Viene la Ley 80, y buscan deshacerse de ellos mientras que todavía valen algo, cuando ¡paf! ¡bum! viene la Ley 59. Y lo peor de todo es que los inventores de esta puerta giratoria dicen llamarse un ‘gobierno de empresarios’.

LOS ESCÁNDALOS

El escándalo de Paitilla me hizo recordar una frase de Blake: ‘No sabrás lo que es suficiente hasta que sepas lo que es demasiado’.

A cada rato el gobierno se siente obligado a probar la paciencia del pueblo, y el pueblo noblemente soporta, pero el cuento del florista con su hectárea entre los rascacielos resultó intragable.

La opinión pública quedará sensible al tema de chanchullos de tierras, por un buen rato, ya que siente que abusaron de su confianza.

Esto quedó demostrado con la reacción al chanchullo de Juan Hombrón. El país se reventó cuando La Prensa reveló que doce sociedades anónimas, compradoras de derechos posesorios a unos pescadores de Coclé, lograron titular las tierras sin pagar al Estado y rápidamente. ¡Vaya crimen horrible! ¿Qué hubiera pasado si el diario hubiese publicado el cuento completo?

Como demuestran los mapas y escrituras de figuras 1 al 5, las polémicas tierras forman parte de una finca que en su lugar forma parte de La Hacienda Santa Mónica, fundada en 1965 por Gilberto Arias Guardia, hijo del presidente Harmodio Arias.

Al morir Gilberto la hacienda pasó a sus hijos, quienes la vendieron al segundo marido de su madre, el inversionista norteamericano Wilson C. Lucom.

El señor Lucom murió en junio de 2006 dejando lo grueso de su fortuna, inclusive Santa Mónica, a una fundación cuya finalidad es alimentar niños necesitados en Panamá.

La viuda de Lucom logró tumbar el testamento y hacerse declarada heredera universal por la Corte Suprema, pero el fallo fue demandado por el notario que certificó el testamento y su ejecución congelada por orden de la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado.

Así es que las titulaciones hechas en marzo de este año a favor de las famosas 12 sociedades anónimas son ilegales.

La tierra no era de la Nación, sino de la testamentaria de Wilson Lucom, cuyos bienes en su totalidad fueron y son congelados por la Asamblea Nacional.