Investigaciones judiciales registran un aumento del 16%

Javier Caraballo, procurador general de la Nación encargado se mostró satisfecho de los esfuerzos que emprende su equipo de fiscales comparado a las estadísticas con las que asumió el cargo en 2020.

En la acostumbrada rendición de cuentas a los medios de comunicación y otras figuras del ámbito judicial, Caraballo justificó su optimismo con los resultados que hablan de su gestión y de la nueva metodología de investigación que implementó en otras fiscalías, gracias a la experiencia en las fiscalías especializadas de droga y del crimen organizado

El informe de gestión está lleno de cifras. Por ejemplo, en el último año las fiscalías empezaron 103.536 investigaciones, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el periodo de marzo de 2019 a febrero de 2020. De igual forma aumentó el número de salidas de carpetas en un 18% con 90.025.

En cuanto a las imputaciones de cargos por la comisión de distintos delitos, se registraron 23.286, un 41% más que el periodo 2019-2020 (16.466). Igualmente, los resultados obtenidos en las sentencias muestran un aumento de 39% con una cifra de 9.696 (9.034 condenas por acuerdos de pena; 419 por juicio; 11 sentencias mixtas y 238 sentencias absolutorias por juicio). En cuanto a las acusaciones en este último periodo se dieron 4.750 con un 28% de incremento.

Blanqueo de capitales

En cuanto a las investigaciones de blanqueo de capitales, una falencia histórica en la institución, a pesar de que hubo un aumento en las carpetas que ingresaron a los despachos, estas no se resolvieron con la misma velocidad.

Bajó el número de imputaciónes en relación al año anterior, al igual que el número de sentencias. Esto a pesar de que los fiscales han recibido entrenamiento en la materia de un equipo especializado del FBI.

“Panamá tenía éxito en las investigaciones de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico, pero no así en otras esferas”, dijo Caraballo, a pesar de los esfuerzos por controlar las debilidades .

En cuanto a dinero aprehendido producto de siete operaciones contra el crimen organizado, las distintas fiscalías lograron la suma de $22.051.839,45.

Sobre los casos actuales que acaparan la atención de la ciudadanía, el jefe de los fiscales se refirió a las 19 mil dosis de fentanilo extraídas del almacén de la Caja de Seguro Social (CSS) sin que hasta el momento se determine cómo las sustrajeron, los funcionarios o médicos que pudieron haber participado en el hecho y el destino del medicamento controlado.

Sin revelar mayores detalles, Caraballo indicó que han efectuado inspecciones oculares al almacén central, en el complejo y en la dirección médica. “Hasta este momento se enmarca en la pérdida del opiáceo en la CSS, pero las diligencias brindarán más información” de si hubo participación del crimen organizado, expresó.

Añadió que el pasado 6 de marzo, día en que el director de la CSS hizo pública la pérdida de la sustancia controlada, la institución recibió un informe de la entidad médica, pero hasta ahora no hay aprehendidos. Tampoco se sabe con certeza si este tipo de sustracciones ocurrieron en el pasado y con qué frecuencia.

La idea de la fiscalía es reconstruir la cadena o trazabilidad del uso de los medicamentos para formular una hipótesis de cómo desaparecieron las ampollas y en qué paso de la cadena se detecta una irregularidad en el protocolo.

La CSS adquiere 130 mil dosis de fentanilo cada seis meses, según datos recabados por este diario. Un médico consultado, que solicitó reserva de su identidad, dijo que 10 mil ampollas se emplean en 15 a 20 días y quienes más las usan son los médicos que atienden cuidados intensivos, por el eficaz efecto antidolor.

Por lo general, añadió, se surten de “la farmacia de acuerdo con las solicitudes especiales numeradas que nos proporciona la Dirección Médica y por cada paciente diariamente”.

El Ministerio Público inició una investigación en noviembre de 2022 luego de que un anestesiólogo “dejó una bolsa en un área de recepción de la CSS que contenía 12 ampolletas de fentanilo. Producto de este reporte, la CSS en conjunto con el Ministerio Público iniciaron una investigación que da cuenta de la pérdida de aproximadamente 19 mil dosis”, explicó Caraballo.

La sustancia es muy cotizada por carteles de la droga a nivel internacional, pero aún el procurador no se atreve a relacionar la pérdida con el crimen organizado. Tendrá más claridad después de reconstruir los hechos y determinar si hubo o no participación de grupos criminales.

Por el momento indicó que realizan entrevistas y se practican inspecciones oculares al Complejo. En la auditoría que entregó la CSS a la fiscalía no se detalla un costo total de los medicamentos perdidos, pero los fiscales están calculando el daño patrimonial que puede representar este hecho.

A pesar de los resultados positivos del rendimiento de las fiscalías, en el caso de la desaparición de la menor Aderlyn Saldaña los fiscales aún no han mostrado resultados.

A la niña de 9 años se le perdió el rastro hace seis meses cuando se dirigía a la escuela en la comunidad de Las Trancas, San Miguelito. Cuando la madre se percató de que su hija no había llegado del colegio, notificó a las autoridades. En ese momento solicitó la revisión de las cámaras de vigilancia para obtener más luces sobre su trayecto. Pero en declaraciones a los medios locales indicó que le respondieron que una “cámara no servía y en la otra no se veía”. Después estas imágenes resultaron útiles para los fiscales que intervinieron en la investigación.

Ayer se efectuó una audiencia solicitada por la defensa de la familia que pretendía probar la violación de los derechos de la víctima, dadas las actuaciones del Ministerio Público al aplicar una reserva del proceso. Pero el juez de garantías mantuvo la reserva del caso.

La abogada de la familia Wyznick Ortega se ha mostrado disconforme por la falta de información que recibe su despacho cuando las fiscalías emprenden diligencias de inspección ocular u otras acciones.

Hasta el momento seis fiscales han participado en esta investigación, sin que hasta ahora se tengan resultados concretos sobre el paradero de la niña.

Caraballo indicó que están reforzando la fiscalía, practicando inspecciones y tratando de esclarecer los hechos”. El caso se complica cuando como sociedad tenemos poco control de donde están nuestros hijos”, manifestó el procurador, pero aseguró que los fiscales “no van a descansar hasta esclarecer este hecho”.

El Ministerio Público se encuentra atento al desarrollo de varios casos emblemáticos de corrupción.

La investigación por el escándalo de las coimas otorgadas por la constructora Odebrecht espera audiencia de fondo en julio próximo. “Ha sido notable el esfuerzo y actitud valiente de los fiscales en la defensa del caso”, elogió Caraballo.

Sobre el caso New Business, el procurador reveló que se propuso como meta “ que saliera con vista fiscal”. Se hizo una audiencia preliminar y se ha obtenido devolución del dinero producto de acuerdos de pena que venía de las arcas del Estado.

La investigación estaba relacionada a la compra de las acciones de un medio de comunicación social con fondos públicos desembolsados a empresas beneficiadas con licitaciones estatales, Como resultado, una persona fue condenada, 21 acusados tienen llamamiento a juicio y 6 personas optaron por acuerdos de colaboración. Se tiene programada audiencia ordinaria del 17 al 28 de abril de 2023 y la fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio del presente año.

En el caso conocido como Mitradel, se abrió causa criminal a 3 personas por el delito de enriquecimiento injustificado. Se fijó fecha de audiencia ordinaria para el 17 al 19 de julio de 2023 y como fecha alterna del 7 al 11 de agosto de 2023.

En la investigación 'Blue Apple' relacionado con la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, se abrió causa criminal contra 25 personas naturales por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Los informes del Ministerio Público dan cuenta de $31.631.990,80 decomisados en esta investigación y se espera la audiencia ordinaria para el 10 al 28 de julio de 2023 y como fecha alterna el 22 de agosto.

Mientras que en el caso Mides, relacionado con investigaciones sobre el uso del subsidio que otorgó el Estado a un albergue a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el que también se denunciaron casos de presunto maltrato infantil, los fiscales lograron la condena de dos personas por el delito de enriquecimiento Injustificado e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco años.

El número de entradas de carpetas o nuevos casos aumentó un 16% que, según Caraballo, responde a un nuevo modelo de gestión basado en la especialización de las secciones de investigación a nivel nacional, que permite una supervisión más efectiva, medición de resultados, y concentra las actividades en un fiscal del caso, quien atiende de manera permanente su causa y mejora el seguimiento y atención a la víctima. Además, dijo, los fiscales no esperan a que les lleguen las denuncias, sino que han dejado las oficinas refrigeradas para salir a buscar los delitos con el objeto de dinamizar el impacto positivo en estas conductas.

Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero pasado, las fiscalías aprehendieron $22 millones a nivel nacional en casos de blanqueo de capitales, $7 millones menos que el año pasado. La suma de este año es producto de 13.300 allanamientos. En los últimos 12 meses, no obstante, disminuyeron en un 20% los delitos de blanqueo de capitales relacionados con droga. En cambio, los delitos de esta naturaleza vinculados a la administración pública aumentaron de 18 a 25 casos.