Investigación | Gobierno destina al menos $142 millones para consultorías y contratos en 2025

Parece un hoyo negro. Sus contratos se dividen en pequeñas partes, buena parte de ellos no se publican en el portal de Panamá Compra ni requieren de licitación, es una partida que tiene un polémico historial en el Estado y aún así repuntó a $142 millones en el 2025, cuando la economía del país no atraviesa su mejor momento.

Se trata de las partidas “consultorías” identificadas con el número 171 y 198, y “consultorías y servicios especiales” o 172, según el manual de clasificaciones presupuestarias del gasto público, y que para el año en curso totalizaron en $142 millones en el presupuesto modificado, mientras que en 2024 la ejecución o lo gastado de estas fue de $112.5 millones.

Es decir, se dispusieron $30 millones adicionales para este fin, según el análisis efectuado por La Estrella de Panamá de los presupuestos estatales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y requeridos con base en la Ley de Transparencia.

¿Cuáles fueron los motivos para destinar más fondos que lo ejecutado durante el 2024 en el renglón de consultorías? El MEF quedó pendiente de responder esta pregunta a La Decana.

Sin embargo, la cifra pudiera ser mayor toda vez que en el presupuesto entregado a este diario contempló el gobierno central, empresas públicas, instituciones descentralizadas e intermediarios financieros, pero no se incluyó, por ejemplo a los municipios como el de la ciudad de Panamá, entidad que en las pasadas administraciones se vio envuelta en un escándalo de peculado por el manejo irregular de las consultorías.

Las entidades que concentran los mayores montos para contratar consultorías son el Ministerio de Economía y Finanzas con $22 millones o un 15% del total, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) con $17.2 millones o 12%, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) con un $10.5 millones o 7.4% y el Ministerio de Salud con $7 millones o 5%, entre otras. (Ver tabla).

Precisamente, el presidente José Raúl Mulino ordenó una revisión a lo interno de Idaan y que se investigaran las consultorías y personal de la entidad para que se supliera de agua a la población “sin negociados”.

¿Qué tendrían que ver los negociados con las consultorías? Con estas partidas de consultorías y servicios especiales también se pagan estos servicios de carros cisternas que estuvieron ligados a diputados.

Empero, a pesar del llamado de atención que en septiembre pasado hiciera Mulino, el Idaan es de las instituciones con mayor presupuesto para este fin con $10 millones, y tal como se indicó el año pasado ejecutó $11 millones en las tres partidas analizadas de consultorías.

“Esas consultorías son foco de problemas en diferentes momentos y niveles”, al seleccionar contratista sin la debida competencia “se vuelve muy discrecional”, al recibir el entregable por parte del contratante y por la falta de transparencia y fiscalización, señaló Carlos Barsallo, expresidente de la organización Transparencia Internacional.

A su juicio, es difícil de evaluar si vale la pena gastar $142 millones en consultorías sin contexto del beneficio por lo que sugirió que se transparenten los resultados al público para evaluar calidad, a menos que sean temas sensitivos.

“Si supiéramos lo que recibimos, fuera de utilidad y necesidad podría argumentarse su necesidad. En caso contrario no”, acotó.

Inverosímiles contratos, gastos millonarios

En la actual administración los manejos irregulares de las consultorías volvieron a la luz pública cuando la ministra de Educación, Lucy Molinar, denunció que encontró 33 consultores contratados para administrar un préstamo de $80 millones, así como una consultoría de $1.9 millones para evaluar si convenía hacer deporte en las escuelas.

Ese ha sido el punto de siempre, el Estado ha contratado consultorías como la descrita por Molinar, pero que no concluyen en beneficios tangibles para el país. El diagnóstico y los diseños analizados por los supuestos expertos contratados no se ponen en práctica. Así, decenas de micro contratos suman gastos millonarios. Con los $142 millones destinados para consultorías este año, por ejemplo, se pudiera construir otro instituto oncológico y hasta sobraría dinero. Esta obra nueva tiene presupuestada una inversión de $73 millones en su primera etapa, según el Ministerio de Salud.

Si se compara con el presupuesto de funcionamiento e inversión de los ministerios no es poca cosa.

Los $142 millones en consultorías superan el presupuesto total del Ministerio de Vivienda ($134 millones), Cultura ($74 millones), Ambiente ($101 millones) por mencionar solo algunos ejemplos.

En la pasada administración, entre julio 2019 a marzo de 2022 -periodo de pandemia-, el Estado gastó $214 millones en consultorías, según lo respondido por el MEF a una solicitud ciudadana de información del actual diputado Ernesto Cedeño.

El Ministerio de la Presidencia y el MEF fueron los de mayor gasto con contratos de asesoría para planeación de comunicación, que el exvicepresidente José Gabriel Carrizo indicó que era para ayudar a los medios durante la covid-19.

“Lo que falta es voluntad de la Contraloría de fiscalizar y auditar los beneficios de la consultoría. Cuando presenté las denuncias se me dijo que mientras hubiesen partidas presupuestarias y fuera refrendado ya todo era legal. Lo que yo buscaba eran los beneficios de esas consultorías a la institución, porque tenía conocimiento de cosas que no estaban bien”, contó a La Decana lo ocurrido -en su momento- el diputado del Movimiento Otro Camino.

“Nadie rinde cuentas”, explicó el también jurista, porque “cualquier funcionario puede pedirle a un amigo que presente un programa que va a diseñar para ayudarlo aunque no lo requiera la institución”, resaltó.

Hay gastos innecesarios, señaló Cedeño y sugirió que si la Asamblea puede eliminar la partida 172 -que también se usa para estos fines-, el resto de las entidades también pudieran hacer un ahorro para el Estado, suprimiendo estos gastos innecesarios.

Pero el manejo irregular con las consultorías es de vieja data, y aún no se dan cambios para transparentar o controlar estos gastos. Durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, el Municipio de Panamá efectuó dos contratos de consultorías: para el manejo de desechos hospitalarios por $250 mil y para reorganizar la vigilancia por $98 mil y por ello se procesó por peculado al exalcalde Bosco Ricardo Vallarino (2009-2012).

Normativa que permite el hoyo negro

Las partidas de “consultorías y servicios especiales” son para pagar gastos con personas naturales y jurídicas tales como estudios, investigaciones, diseños, supervisiones de obras, asesorías legales y auditorías, cita el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público.

Este manual establece que deben cumplir con la ley de contrataciones públicas. Sin embargo, la ley de contrataciones establece que si la contratación no excede los $50 mil es una compra menor y se efectúa de manera expedita y se debe garantizar “un mínimo de formalidades”, según la ley.

Si no superan los $10 mil es expedito por cotizaciones y en el caso de Municipios y Juntas Comunales conforme a su reglamentación. No obstante, como estos contratos son por montos menores como los de la Asamblea Nacional con su conocido “cash back” se efectúan de manera directa y no se publican en el portal de compras públicas.

Barsallo recordó que anteriormente existía una norma, que fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, que establecía la contratación discrecional en consultorías hasta $300 mil por lo que “se efectuaron muchas consultorías de a dedo y de entregables cuestionables en los gobiernos de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela”.

Al 2025 se han ejecutado $2.2 millones de estas partidas de consultorías y el gasto ha sido efectuado por parte del Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, según la información del MEF al cierre del 14 de enero de 2025.