Informe de HRW es más ‘ideológico que político’, dice Gozaine

El informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis migratoria en el que acusa a Panamá y Colombia de no proteger ni asistir a los migrantes, sigue generando reacciones a lo interno del gobierno.

La directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, consideró que el documento está cargado de “ideología e intereses personales” y no de la “realidad objetiva de lo que ocurre en la selva”.

“Todos estos organismos internacionales reciben sus fondos gracias a la existencia de crisis. Panamá rechaza, categóricamente, el contenido de un documento que, en sus 130 páginas no habla, ni una sola vez, de la vulneración de los derechos de los miles de niños que son abandonados en la selva a su muerte”, resaltó.

Gozaine también cuestiona que el organismo, en su informe, no contempla el impacto que ha tenido la migración descontrolada en la vida y seguridad de los panameños. “Ellos no hablan de los funcionarios nacionales que exponen su vida en el interior de esa jungla, todos los días”, aseveró.

La funcionaria puso como ejemplo el incendio del modular, el pasado 2 de marzo que puso en peligro la vida de 30 personas del SNM y 14 del Servicio Nacional de Fronteras.

Sobre las estaciones de recepción migratoria (ERM), la oenegé alegó que se trata de estructuras deterioradas, con falta de iluminación, insuficiente separación entre letrinas y duchas para hombres y otros inconvenientes.

En este sentido, la titular de Migración cuestionó la falta de apoyo internacional que tiene el país para hacer frente al coste económico que tiene preservar la vida de las más de 900.000 personas que atravesaron la selva, en los últimos tres años.

“Hay personas en la comunidad internacional que cuestionan nuestro actuar, pero nadie quiere darnos fondos para hacer frente a la crisis migratoria que pasamos, el apoyo ha sido nulo”, valoró.

Gozaine dijo que durante esta administración el Estado ha invertido más de $70 millones para solventar esta crisis que incluye alojamiento, alimentación, evacuaciones, rescates, atención de personas especialmente vulnerables, insumos, entre otros.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, recordó que cuando miles de migrantes venezolanos se quedaron varados en Panamá, el año pasado, ningún país de la zona se ofreció a regresarlos a su país de origen y el coste de los vuelos tuvo que salir del bolsillo de los panameños.

Gozaine recalcó que la falta de apoyo internacional se refleja en la poca colaboración que recibe Panamá de Colombia. “El enfoque de los dos países es totalmente diferente; Panamá quiere contener la migración, por esa ruta, porque está consciente de los peligros que representa. Para Colombia, la migración es un negocio, porque las autoridades emiten permisos para que las barcazas salgan con migrantes, algo que nosotros consideramos tráfico humano”, lamentó.

La funcionaria aseguró que han recibido testimonios de migrantes que les comentan que hay “autoridades colombianas en contubernio con miembros del clan del Golfo que les cobran cerca de $1.000 por pasar”.

Es por eso que Panamá no recibe cifras concretas sobre la cantidad de personas que ingresan a la selva del lado colombiano. “No nos dan cifras, y cuando las dan, estas están un 30% por debajo de la cantidad que recibimos”, reveló.

La información compartida por HRW recopila varios testimonios de migrantes que supuestamente ingresaron por esa ruta, los cuales, a criterio de Gozaine, pueden no ser reales. “Más de 900.000 personas han cruzado Darién en los últimos cinco años y jamás hemos escuchado testimonios de ese calibre”, acotó la funcionaria, quien asegura que Panamá trabaja con cerca de 17 organizaciones internacionales en esta ruta y que estas no han registrado algo similar.

HRW criticó la utilización de reconocimiento facial en los migrantes, alegando que los datos “son utilizados en procesos de solicitud de asilo y deportación en Estados Unidos, y pueden ser compartidos con los gobiernos de Estados Unidos y otros países en las Américas que podrían usarlos de manera abusiva”.

Esta postura fue cuestionada por Gozaine, quien considera que esta es una evidencia de la “implicación ideológica del informe”. “Nosotros hemos detectado a personas que están siendo buscadas en sus países por pedofilia, violación, secuestro, terrorismo, asesinato, y otros crímenes, y esta organización pretende decirnos que por hacer la biometría les estamos violando sus derechos, sin darse cuenta de que estamos velando por los derechos de los niños que vienen en esa población vulnerable”.

El año pasado más de 520.000 migrantes atravesaron Darién y según el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, para este año se estima que la cifra de migrantes que cruzan el tapón de Darién puede llegar a 700.000.