Hurto a fondos de clubes de padres de familia se sancionará hasta con 10 años de cárcel

Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional y que solo está en espera de ser sancionado por el presidente José Raúl Mulino para convertirse en ley de la República, podría llevar a los responsables de hurtar o robar recursos de los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares, a cumplir una pena de 5 a 10 años de prisión.

Año tras año, son múltiples las quejas de padres de familia que reportan el hurto de miles de dólares de los aportes que hacen a los clubes de padres de familia y que se “extravían” sin mayor explicación o sanciones penales fuertes.

En muchos casos, el hurto o robo de estos fondos se da por el aparente incumplimiento de lo establecido en el decreto que adopta el Estatuto de las Asociaciones de Padres de Familia de los Colegios Oficiales de la República, que establece que se deben depositar en instituciones de crédito del Estado, todas las sumas que se recauden o ingresen por cualquier concepto, a más tardar al día siguiente de su recaudación. En los casos que no sea posible lo antes señalado, el presidente, el tesorero y el fiscal tomarán las medidas del caso para la mejor custodia de los fondos”.

En la mayoría de los casos los dineros hurtados o robados corresponden a sumas que aportan los propios padres de familia para la adquisición de las pólizas de seguro de accidente de sus acudidos, los que quedan sin cobertura médica tras estos actos delictivos.

El proyecto impulsado por el diputado Nelson Jackson busca frenar estos delitos cometidos regularmente por dirigentes de los propios clubes de padres de familia o por desconocidos.

El proyecto modifica el Código Penal en el numeral 1 del artículo 214, incluyendo más específicamente dentro de las sanciones para el delito del hurto la pena de cárcel cuando este se cometa contra los fondos pertenecientes a los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares.

El numeral 1 del artículo 214 del Código Penal, aprobado señala que: La sanción será de cinco a diez años de prisión en los siguientes casos. Cuando el hurto se cometa en oficinas, centros educativos, centros de salud y hospitales públicos o privados, archivos o establecimientos públicos sobre cosas que se mantengan allí, o cuando se cometa en otro lugar sobre cosas destinadas al uso público, o cuando se cometa en una iglesia o templo religioso, o cuando se cometa contra los fondos pertenecientes a los clubes de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares.

La modificación al Código Penal vigente, también establece la pena de prisión de cinco a diez años cuando el hurto se cometa en centros de salud y hospitales públicos o privados, una norma que no estaba claramente definida en el Código Penal actual.

El proyecto también modifica la sanción establecida en el delito de robo, que actualmente es sancionado con prisión de siete a doce años.

Según la modificación propuesta para el artículo 219 del Código Penal, la pena será incrementada hasta la mitad, si el robo se comete: Utilizando armas, por enmascarado, por dos o más personas, afectando la libertad personal o causando lesión, en perjuicio de un turista nacional o extranjero, contra los conductores o usuarios del transporte público de pasajeros, durante la prestación del servicio y en un centro educativo o en centros de salud y hospitales públicos o privados.

En este caso la modificación propuesta va dirigida a endurecer las penas en los robos cometidos en los centros educativos o en centros de salud y hospitales públicos o privados, la cual no estaba definida en el Código Penal vigente.

Para el diputado Jackson, son evidentes y notorios los hechos reportados a nivel nacional en muchas escuelas, sobre todo las que están en áreas de difícil acceso que no tienen seguridad y que están siendo vandalizadas. “Hay hurtos, hay robos a cada rato, prácticamente quitándole el futuro a la niñez”, precisó.

“No hay que ir muy lejos, aquí el Centro de Salud de Don Bosco, en San Miguelito, ha sido vandalizado varias veces, al igual que el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de la 24 de Diciembre, que está en un lugar cercano de la capital, el hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, ha sido vandalizado; en el interior del país, el Centro de Salud de Penonomé tuvieron que atender en otro lugar porque fue vandalizado”, precisó.

Jackson manifestó que ha impulsado esta ley para que la personas que hurten y vandalicen los centros de salud, las escuelas y las iglesias sean castigados con rigurosidad y con una pena de cárcel de 5 a 10 años.

Aunque en la propuesta original Jackson abogada para impedir acuerdos de pena en estos delitos, esta modificación al Código Procesal Penal, fue descartada.