La seguridad ciudadana y los derechos humanos

En el análisis de la seguridad ciudadana, los académicos han discutido la relación entre ésta y los derechos humanos, entendiendo que el ejercicio pleno de la ciudadanía se da a través de la convivencia pacífica.

Esto tiene que ser garantizado por el Estado evitando la vulneración de los derechos en el espacio de interacción de la ciudadanía.

Mucho se reclama en la población en general, que el tema de los derechos humanos se refiere a la defensa de personas que han infringido la ley, y se hace exigencia de los derechos de las víctimas de la violencia y otros delitos en el país. Pero también, el ejercicio de acciones de seguridad ciudadana desde una perspectiva particular puede vulnerar los derechos de personas en nombre de esa seguridad.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, indica que los Estados están obligados a conceder a los ciudadanos de su país derechos y generar las condiciones para que la población goce de estas prerrogativas. En ese sentido, la eficiente garantía de esos derechos genera la seguridad de todos y todas necesitan. Los principales derechos que deben ser garantizados y que se ajustan a una definición de alcance mediano de la seguridad ciudadana, se encuentran referidos a: el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial; el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la libertad de reunión y asociación; y el derecho a la participación en los asuntos de interés público.

Pero la garantía de los derechos arriba mencionado debe contemplar, según este organismo la posibilidad de establecer medidas nacionales que permita la participación ciudadana, rendición de cuentas, la no discriminación; donde nosotros agregaríamos la equidad, igualdad e inclusión de la población. Para esto, los estados deben establecer atenciones de prevención, intervención y respuesta a las situaciones que impactan la posibilidad de cumplimiento de este mandato.

DISCRIMINACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Sobre la base conceptual y el acuerdo internacional de los estados en la defensa y garantía de los derechos humanos, y el ejercicio de políticas y acciones para la conservación de la seguridad ciudadana, se debe orientar a analizar las condiciones particulares de la población como objeto de derechos y acceso a la seguridad ciudadana. En esa línea, la orientación de las acciones de seguridad ciudadana no se deben centrar en el delito o crimen, sino en las condiciones que generar estos, además de la violencia como resultado de las condiciones de inseguridad.

Esto nos lleva a considerar la situación de grupos de personas con características como su condición de género, orientación sexual, entre otras. También los estigmas y condiciones de poblaciones por su condición de edad, adolescentes, niños y niñas, adultos mayores, quienes también son objeto de derechos humanos y las formas de garantías del estado y de las instituciones deben atender de forma diferenciada según las necesidades de cada uno.

VULNERACIONES A LOS DERECHOS Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

En Panamá parece que la política nacional de seguridad ciudadana contempla los derechos humanos como eje estratégico, pero la imposibilidad de la operacionalización de la misma y las acciones puntuales convierte este eje en sólo discurso. Las políticas y acciones hacen mención de los derechos humanos pero no incluyen de forma práctica la garantía del goce de estos derechos como base para la seguridad ciudadana.

Diferenciando las afirmaciones podemos decir, que en lo referente a la situación de género, las mujeres experimentan distintas formas de inseguridad, al ser vulneradas por las limitaciones en su movilidad y el riesgo procedente de estereotipos, costumbres patriarcales y en el caso de jóvenes poco o ningún acceso a educación sexual integral. (Piropos, agresiones verbales y físicas, violencia doméstica entre otras).

Por otra parte, en nombre del ejercicio de la seguridad ciudadana también se ha estigmatizado a los jóvenes adolescentes, principalmente de los barrios marginados del país. Los medios de comunicación, además de las opiniones de la vida cotidiana han llevado criminalizar la adolescencia. Si bien la participación de jóvenes adolescentes se constituye en un problema de atención, parece que las intervenciones frente a esto vulnera los derechos humanos, además que en nombre de la ‘Seguridad', se toman acciones que reprimen la posibilidades de expresión de este grupo.

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

En lo respectivo a los adultos mayores, se carece de políticas para la atención y ejercicio de sus derechos ciudadanos, principalmente a cuidados familiares y de salud. Los adultos mayores son explotados agentes financieros y sus propias familias donde muchas veces son víctimas de violencia y abusos.

También, la situación que mantienen los LGBTI, con intolerancia que hacen objetos de discriminaciones y violencias desde los espacios simbólicos, físicos y psicológicos. En este particular, se podría afirmar que según la condición de clasificación de este grupo, menor será el acceso a derechos y mayor la probabilidad de que los riesgos se traduzcan en violencias e inseguridad ciudadana para este grupo.

CONCLUSIONES

La garantía de los derechos humanos, genera la posibilidad del ejercicio pleno de una ciudadanía, sin riesgos de violencia, agresiones, crímenes o delitos. La política nacional y local debe empezar con evaluar esta relación y establecer las condiciones de prevención, intervención, control y respuesta que mantenga los derechos.

Esto requiere un ordenamiento institucional adecuado, donde cada actor entienda la base del trabajo que hay que hacer y un liderazgo proveniente de los gobiernos locales. Para esto es importante la visión o el entendimiento que seguridad ciudadana no es sinónimo de delito o criminalidad, pues ese modelo ha llevado a una forma de intervención deficiente y de constante vulneración de los derechos humanos.