El Estado en la historia y en la política panameña

Para una tradición estatista o estatalista arraigada en el pensamiento social y político de Panamá, donde las alusiones al estado y a la nación son reiteradas—“Estado Federal”, “Estado mediatizado” “perfeccionamiento del Estado Nacional”, etc.—, el tono conservador de ciertas aproximaciones analíticas, donde se omite el papel del estado en el análisis sobre la crisis de la política y de las instituciones representativas, no deja de ser interesante.

Interesante, porque la exclusión analítica de un componente clave en la construcción de lo político-social del “Panamá Republicano” solo se pude entender, a incapacidades teóricas, o a una negligencia metodológica deliberada. Lo cierto es que el debate de esta crisis nacional pasa en gran medida por descifrar el carácter del Estado panameño; no solo para entender la naturaleza del momento político a la que nos introduce la crisis de hoy, como también a sus posibles salidas.

Es la relación de lo nacional con el estado en su condición de referente, lo que es fundamental en las sociedades modernas. Estado-nación que en el caso panameño tiene distintos registros políticos, a lo largo de un sinuoso y problemático proceso de edificación. Proceso que tiene como matriz constitutiva: la naturaleza de la formación histórico social, el carácter de las clases sociales, y las diversas modalidades de articulación de los distintos bloques históricos de poder. También una particular intersubjetividad colectiva.

Para introducirnos en el problema, entendemos por Estado dos cosas: En su exterioridad, lo que se ve como organización institucional que apela a una legalidad territorial y al monopolio de la violencia legítima; en lo subyacente, la relación social que expresa un pacto de orden y de dominación política. A esta doble articulación se vincula la nación como referente del Estado. Siguiendo a G. O'Donnell, la nación la constituye entonces, ese “arco de solidaridades” que vincula el “nosotros” a la común pertenencia territorial delimitada por el Estado.

Desde la perspectiva histórica, lo que constituye el obligado requerimiento para la producción legítima del orden político e integración social de la dominación, es la obligada constitución de un ciudadano como sujeto político. El ciudadano es la necesaria condición para que pueda cumplir un Estado la exigencia de un completo proceso de edificación en condiciones no coloniales. No obstante, es en la creación de dispositivos de poder para la producción de la institucionalidad estatal; y de la materialidad social del territorio, que al Estado le son necesarios tres componentes para su ejercicio pleno: monopolio de la violencia legitima, monopolio de la fiscalidad, y monopolio en el dominio territorial.

En este contexto conceptual, el papel que despliega el Estado en las distintas formaciones sociales está determinado, según cada caso, en acuerdo a una especificidad históricamente situada. Especificidad que explica, los distintos momentos de su evolución en vínculo con las cambiantes y contradictorias relaciones de poder de sus respectivas formaciones socioeconómicas; y de estas contradicciones, en interacción con un sistema internacional de estados preexistentes jerárquicamente organizados.

No obstante, “no siempre las fechas de declaración formal de independencia de una nación implican la simultánea creación de Estados nacionales” (O. Ozlak). Para la formación económico social panameña, el momento histórico en que surge la institucionalidad de poder como “proto-estado”, está vinculada: a la particular forma que alcanza la estructura de dominación a la hora de la “independencia” en el 1903, como poder limitado y mediatizado; y a los obstáculos que le impuso el contexto colonial, al proceso de edificación estatal-nacional.

Nada de los requisitos básicos de la materialidad del Estado existen en la primera década de la “independencia” del 1903. Las “estructuras de poder” en los inicios del Siglo XX, sostienen una forma republicana vaciada de contenido, ya que comparten el monopolio de la violencia legitima con los “marines” del enclave militar neocolonial. Es también, una institucionalidad de poder sin ninguna capacidad de ejercer soberanía fiscal. El transitismo es el contenido de una formación social que nace sin mediación política estatal plena, en un contexto social poblacional mayormente analfabeta, y cuyos habitantes carecen de una real condición político-jurídica.

La exigencia del Estado es la condición necesaria de la producción material y política de la sociedad. En ese sentido, podemos establecer que en condiciones de la ausencia de una institucionalidad estatal firme, sin capacidad de administrar soberanamente el proceso de acumulación o creación de riquezas, y de producir integración social y territorial, la forma constitutiva de la sociedad panameña en sus inicios “republicanos”, es la de la desarticulación social y atomización regional. Es en esta trama histórica donde las tareas o la agenda política de manera tardía obligan a un registro programático, orientado necesariamente en la dirección de la construcción de una estatidad nacional.

Para 1912 escribe Soler: “se perfilan los rasgos que han de caracterizar las sucesivas administraciones de Porras (…), se inicia un significativo empeño por crear los cimientos del aparato institucional y estatal de la nación. Desde las obras públicas indispensables: ampliación del espacio urbanístico de la capital, construcción de carreteras, ferrocarriles y telégrafos que unieran físicamente al país, hasta la modernización, y a veces creación exnihilo del aparato estatal” (Soler).

“Creación exnihilo”, es decir de la nada. Es la pretensión de una estatalidad en la formación económico social que no se llega a constituir como tal, hasta bien entrado el siglo (década de los 30). La mediación colonial condicionará históricamente la articulación estatal nacional, entre supraestructura e infraestructura, entre Estado, política y clases sociales; y esta será una de las características de la formación económico social transitista.

El papel del Estado en la construcción o realización de la cuestión nacional es por tanto inseparable de la manera mediante la cual se disputó el papel del Estado, de cómo se edificó esa estructura de poder; y como esa estructura se articuló activa o pasivamente, con el enclave militar colonial estadounidense. Enclave que le daba contenido político, ideológico y económico a la hoy parcialmente desmantelada “zona del Canal”. Parcialmente desmantelada, ya que toda la nomenclatura que le da significación a las coordenadas de desplazamiento en el espacio de toda la “exzona”, mantienen los antiguos nombres, de militares, políticos o científicos norteamericanos.

En base a lo anterior postulamos cuatro momentos de articulación y rupturas: el Proto-estado oligárquico-liberal restringido (1903-1932); el Estado oligárquico-liberal ampliado (1932-1968); el Estado militar-desarrollista (1969-1989); y el Estado democrático-neoliberal (1990- ). Este proceso de rupturas y continuidad es vital para entender las fragilidades de la institucionalidad y de la política en el país. De igual manera, de los condicionamientos que están presentes en el orden político de hoy (Adames).

Desde una visión no lineal, las diferentes fases de la construcción estatal-nacional impusieron desde la dialéctica entre el poder oligárquico y popular, distintos imperativos históricos: soberanía mediatizada vs soberanía plena. También imperativos lógicos: monopolio de la violencia legitima, monopolio de la fiscalidad, y monopolio del dominio territorial.

Hoy, en una avanzada etapa posinvasión, se abre todo un complejo de contradicciones que organizan diversas disputas en torno, a la pluralidad de identidades; la democratización plena; y la defensa ecológica como cuestión política. La crisis que padecemos no solo es una crisis de la institucionalidad estatal nacional, y del modelo económico transitista; también es la crisis de la política de la representación vs la política de la presencia.

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