El Gobierno de Nicaragua ordena el cierre del Incae

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este lunes la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.

La sede del Incae en Nicaragua, ubicada en las afueras de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la OEA.

El Incae, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar “en incumplimiento con sus obligaciones” ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las oenegés, indicó que disolvieron el Incae por no presentar sus estados financieros 2020, 2021 y 2022, asimismo porque detectaron “inconsistencias” en los estados financieros de los períodos 2015-2019.

Además, por incumplir con “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”.

Asimismo, la cartera de Gobernación, que dirige María Amelia Coronel Kinloch, acusó al Incae de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, “ya que, al no cumplir sus obligaciones, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acordes con sus objetivos o fines”.

En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles del Incae, el Ministerio de Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República traspasarlos a nombre del Estado de Nicaragua.

El Incae, con sucursales en Costa Rica y Nicaragua, se define “como la mejor escuela de negocios en América Latina” y que “ha impulsado el progreso de la sociedad latinoamericana a través de la formación de talento de líderes regionales por medio de las maestrías y programas ejecutivos”.

“Por más de cinco décadas se ha trabajado junto a empresas, organizaciones internacionales y profesionales del más alto calibre para resolver problemas, desarrollar capacidades y prepararlos para responder a las demandas del futuro”, explicó esa escuela de negocios en su página web.

Nicaragua atraviesa por una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega logró la reelección para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Este domingo se informó que las opositoras nicaragüenses Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Anielka García fueron condenadas a 10 años y 8 años de prisión, respectivamente, por delitos considerados como traición a la patria.

Muñoz Pavón, de 51 años y que ya guardó prisión en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, fue condenada a 10 años por el delito de propagación de noticias falsas y de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, considerados traición a la patria, según las plataformas nicaragüenses Confidencial y 100% Noticias, que tuvieron acceso a la sentencia.

La mujer, que pertenece al coro de una parroquia del municipio de Niquinohomo, sur de Nicaragua, fue detenida por la Policía Nacional, en abril pasado, previo al quinto aniversario de las manifestaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

En tanto, Anielka García fue condenada a 5 años de prisión por el delito de propagación de noticias falsas y a 3 años por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

La titular del Juzgado Décimo Tercero de Managua, Ulisa Yahoska Tapia Silva, la inhabilitó, además, a optar por cargos públicos y a 500 días multa, equivalente a 38.815 córdobas ($1.063).