GAFI: los esfuerzos que no alcanzan sacar a Panamá de las listas grisis

Creo que hay dos hechos irrefutables. El primero es que, desde junio del 2019 fecha en la que Panamá fue incluido en la lista GAFI, nuestro país ha realizado ingentes y verificables esfuerzos por cumplir con las exigencias del organismo multilateral, incluso, habiendo cumplido con 11 de las 15 exigencias del GAFI. El segundo hecho, es que Panamá no es de los principales y más grandes países considerados paraísos fiscales, algunos de los cuales, no figuran en listas grises. Estos dos hechos verificables, deben conducirnos a entender que este perverso castigo aplicado a nuestro país, tiene trasfondo que se aprecia hacia dos propósitos, condicionar y someter nuestra autonomía nacional e imponernos reglas tributarias y financieras para colocarlas al servicio de los intereses de países grandes. El GAFI no actúa con objetividad, igualdad ni buena fe.

Es un hecho indiscutible. Estados Unidos es el segundo país con más facilidades financieras y secreto bancario, también, al menos cuatro territorios pertenecientes al Reino Unido son paraísos fiscales, pero no se incluye en lista alguna a Inglaterra ni se considera como tal al Reino Unido. Entonces, es muy claro que el propósito de inclusión de Panamá en la lista gris tiene otras connotaciones, propósitos distintos, desean convertirnos en recaudadores tributarios de las grandes potencias, lograr que se debilite nuestro sistema bancario y que esos recursos financieros migren hacia sus bancos. Sumado a esto, esta el sometimiento general de nuestro país.

Si fuera cierto, es altamente peligroso, pero me inclino por pensar que es falso, una excusa que sirve de telón. En la hipótesis de que tal afirmación fuera cierta, estamos ante una pretensión de hacer justicia desde el extranjero, imponer a nuestro sistema de administración de justicia decisiones para complacer organismos multilaterales, es tanto como aceptar que nos convertimos en un Estado fallido cuyas instituciones, todas, son un fiasco. Me niego a aceptar que sea esa la realidad de mi país. Tenemos problemas y deficiencias institucionales, pero no es la etiqueta que nos distingue como país, todas las democracias y sus instituciones son perfectibles, ninguna perfecta. Instrumentos internacionales, convenios, nuestra Constitución y legislación penal, reconocen la presunción de inocencia como garantía fundamental de toda persona que sirve de control a la administración de justicia. Reducir como condición para salir de la lista gris que el país exhiba condenas, a factores y actores externos que pueden tener percepción y hasta información distinta a la que obra en los procesos; factores y actores que no conocen los medios probatorios que operan dentro de las causas y su validez legal, que ignoran la tarea idónea que desarrollan abogados defensores, es absurdo. ¿Acaso en aquellos países condenan a todos los procesados? , ¿no existen sentencias absolutorias?, ¿los abogados defensores no ganan casos?...

Particularmente creo que hemos cometido el error de no actuar con firmeza desde el inicio. Nos asusta defender nuestros derechos en el concierto de naciones, no hacemos valer nuestra posición estratégica, nuestra dignidad nacional. Una medida de retorsión constituye un acto inamistoso, pero que no es violatorio del derecho internacional, busca inducir al otro Estado a cesar su acto ilegal o inamistoso causante de graves perjuicios, pertenece al principio de reciprocidad que, si bien pueden generar riesgo de agravamiento de la situación, es un mensaje directo que exige respeto y equidad. La historia reciente muestra que Panamá lo hizo con Venezuela, pero no tenemos el coraje de hacerlo respecto a Francia. No creo que nos saquen de la lista gris sin que nos hagamos respetar.

Ignoro si nuestras autoridades han intentado coordinar o coincidir en criterios con otros países que guarden similitudes en cuanto a la situación de estar dentro de listas grises y en cuanto a los perjuicios que esto genera. Hay una gran diferencia entre las realidades de Andorra y Mónaco que fueron retiradas de la lista de paraísos fiscales, respecto a Bermudas, Barbados, Chipre y otros. Es probable que el distinguir y el coincidir, permita considerar una estrategia amplia y reforzada. Como país nos toca exigir respeto. Ya hemos perdido toda confidencialidad financiera y tributaria, hemos desnaturalizado ventajas y atractivos lícitos que nos han permitido crecer. Y es que, resulta probable, que en el mes de octubre de 2022 cuando GAFI revise nuevamente el plan de acción impuesto, se inventen otras exigencias consecuencia de la nueva realidad económica mundial consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, esto, no es nada descabellado.

Debo ser reiterativo, no hemos logrado demostrar garra, para enfrentar estos estigmas. Panamá viene siendo castigado repetitivamente con actuaciones que se enmarcan dentro de nuestra soberanía como país, y como Estado Soberano, atentando claramente contra nuestra identidad, obligándonos a moldear nuestras normas legales a los deseos de ellos.

Ellos han sabido defender lo que nosotros no, su soberanía y su independencia. Nadie les va a decir como manejarán su casa, en cambio nuestra mentalidad es ser complaciente. Resulta para muchos un insulto, pretender que las leyes de su país, sean adecuadas a la voluntad de extraños.

Hay algunos procesos que tienen una sanción mediática previa a un juicio legal, lo que pudiera afectar la independencia judicial de un juez o magistrado al momento de resolver alguna controversia. Nunca he escuchado que la Corte Suprema no haya recibido recortes presupuestario por parte de la Asamblea Nacional cada año. Y esa falta de presupuesto también influye en el desempeño de la administración de justicia y la celeridad en resolver los casos. Panamá, ha hecho cambios internos importantes en materia de modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico, para lograr dirimir esos casos y cambiar la imagen de impunidad, de mora y deficiencia en el poder judicial. Además, hay Derechos y Garantías Constitucionales y Legales igualmente que deben ser respetadas, para garantizar un juicio justo e imparcial. El no hacerlo tiraría por al cesto de la basura, los avances que en esa materia ha logrado la humanidad.

Esa es una opción que se ha venido acariciando desde hace varios años, pero parece que las decisiones toman décadas en tomarse, diversos sectores empresariales inclusive han apoyado dicha medida, pero desconocemos que ha impedido ejecutar dicha medida.

La GAFI ha expresado la ruta que debemos seguir para salir de la misma. En lo personal hemos dado todo para ello, solamente nos falta que nos gobiernen de manera directa, porque de manera indirecta ya lo están haciendo. Panamá ha logrado cumplir 11 de los 15 puntos que le exigen para salir de la lista gris. Pero todo parece indicar, que lo que nunca se ejecutarán, serán las medidas de retorsión, para que esos países sientan el acoso y hostigamiento que siente el pueblo panameño. Esto quizás por la falta de carácter  o temor del gobierno.