Formulan cargos a 57 personas en la Operación Fisher

La juez de Garantías, Teodolina Cardoce, dio por presentada la imputación de los supuestos delitos de Crimen Organizado, en la modalidad de Asociación Ilícita para delinquir agravada y Contra el Orden económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales en contra de los 57 aprehendidos en la Operación Fisher. Todos en calidad de autores.

Hoy la Fiscalía debe sustentar las razones por las que solicita la detención provisional de los supuestos implicados, la juez escuchará los argumentos de los defensores y en dado caso, apelar la decisión decretada por la juez.

La juez, luego de escuchar a las partes determinó que existen elementos que permiten dar inicio a una investigación formal.

“Tal vez piensen que esta juez de garantías no les prestó atención, pero si lo hice”, dijo la juez.

De esta forma desgranó cada una de las objeciones de la defensa: “Con respecto a los allanamientos, en su momento se dio el tema de los excepcionales, el resto fue autorizado por un juez de garantías. Se dieron otros cuestionamientos con respecto al acceso de la defensa al momento de los allanamientos, que hace parte de otro momento en el proceso”, indicó la juez.

Sobre las observaciones de que la defensa pública, no fue citada a las transcripciones o las audiencias de vigilancias y seguimientos, dijo que estas diligencias son parte de las técnicas de investigación, por lo tanto, esos actos son realizados de audiencia aparte, por eso se cita al Ministerio Público y al juez de garantías, pero quedan consignadas en audio y video, aunque se encuentran reservadas. “No tendría sentido que se cite a la defensa pública a una transcripción o audiencia de seguimiento porque aún no se sabe si judicializará la causa”, zanjó.

En audiencia celebrada el fin de semana tanto la fiscalía, representada por el fiscal Joseph Díaz, así como los más de 34 defensores particulares, hicieron sus exposiciones.

Señor o señora tal, “usted forma parte de una asociación ilícita en la cual concertó mediante comunicaciones telefónicas y reuniones con miembros del grupo criminal toda la logística de transporte, recepción y ocultamiento de sustancias ilícitas provenientes de Colombia con destino a Centroamérica y Estados Unidos, así como dinero y armas de fuego y la comisión de otros delitos en las provincias de Panamá, Colón y Coclé, toda vez que…”. El párrafo anterior lo repitió el fiscal Joseph Díaz 57 veces durante la audiencia de solicitud de imputación en calidad de autores a cada uno de los aprehendidos en la Operación Fisher, por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, en forma agravada, y blanqueo de capitales para 22 de ellos.

El sábado en audiencia frente a la juez de Garantías, el fiscal Contra la Delincuencia Organizada relató los hechos y el rol que vinculan a cada uno de los participantes en la organización.

El Ministerio Público, en voz del procurador encargado, Javier Caraballo, relacionó al grupo como parte del brazo logístico del colombiano Clan del Golfo, que supuestamente opera en el istmo, al cual se le decomisaron casi $10 millones en efectivo en una casa ubicada en La Providencia, Colón, sector atlántico de Panamá, y una residencia ubicada en la playa valorada, según la fiscalía, en más de un millón de dólares.

Como sustento de sus acusaciones, la fiscalía, con el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, realizó cientos de seguimientos y vigilancias a los señalados, intervino sus teléfonos, transcribió e interpretó la información por espacio de casi dos años.

Los observó mientras se reunían y presuntamente planeaban el envío y recepción y ocultamiento de droga, y posteriormente la estrategia que emplearon para ocultar la plata a través de sociedades anónimas, la compra de autos de alta gama o propiedades.

A partir de los datos obtenidos, la fiscalía hizo reconocimientos y allanamientos en los que decomisó, desde un paquete que iba oculto en una llanta de repuesto de un taxi hasta más de 400 en una embarcación, dinero en efectivo y armas. Analizó informes de actuaciones financieras, efectuó una relación de hechos relevantes, decomiso de plata y de droga en operativos anteriores que ahora son la base del fiscal para sustentar su petición a la juez.

Luego, la fiscalía identificó a un hombre en sus treintas, como presunto cabecilla de la organización y sustentó su rol al describir una serie de llamadas y reuniones en diferentes fechas en las que participó el mencionado. “En marzo de 2020 usted concertó (con otros miembros) para encubrir la droga”; “en junio de 2020 usted concertó el transporte de dos ciudadanos extranjeros para mover la carga hacia Centroamérica”, expresó el fiscal en un salón de audiencia del Sistema Penal Acusatorio concurrido por los defensores y sus clientes.

El fiscal añadió que en “agosto de ese año el jefe de la organización presuntamente coordinó junto a otros la forma de ocultar una mercancía, parte de ella, 75 paquetes, fueron decomisados. En marzo de 2021 -continuó el fiscal- supuestamente “coordinó el envío de otra carga y concertó con otro miembro de la organización las acciones para recibir droga”. Producto de este envío, abundó el fiscal, recibió un pago que forma parte de las evidencias, que confiscó de la fiscalía ($89 mil) sobre las actividades ilícitas que manejó el grupo.

En abril de ese año, el fiscal señaló que hubo una reunión en el sector de Buenaventura a la que se citaron varios miembros para hablar sobre las futuras acciones que debían ejecutar para ocultar dinero. Citas que siguieron posteriormente en un local ubicado en Vista Alegre, bajo el nombre de Magna Pesca, sociedad anónima que la fiscalía identifica como parte de los instrumentos que empleó el grupo para ocultar el dinero que convirtió después en bienes.

A lo largo del relato del fiscal, mencionó también la diligencia de allanamiento en la que se decomisaron los $10 millones y relacionó a uno de los señalados. Además de esta suma, habló del decomiso de $31,050, y la reacción de uno de sus miembros a este y otros decomisos durante el tiempo que duró la investigación.

Posteriormente la Fiscalía relató a la juez los hechos que sustentaron la imputación del resto de los miembros de la supuesta organización. Basado en las fechas, hiló los nombres del resto que participaron en estas actividades.

También expresó, en el caso de blanqueo de capitales, los nombres de los supuestos testaferros quienes, sin participar, pero a sabiendas que se trataba de dinero ilícito, sirvieron para ocultarlo a través de sociedades anónimas, compra de autos e inmuebles, para beneficiar al cabecilla y a otros de la organización.

El fiscal mencionó, por ejemplo, otros allanamientos de armas que vinculan al grupo, el decomiso de 243 paquetes de droga en Guna Yala; luego describió como parte de las evidencias el decomiso de 400 paquetes en Isla Canalera, provincia de Bocas del Toro; y el ingreso de embarcaciones para recibir la mercancía. Entre otros hechos habló sobre un auto tumbe que planearon algunos miembros para los cuales buscaron el apoyo de una unidad de la Policía Nacional quien le facilitaría los uniformes de la institución. A otros los señaló de construir caletas para enterrar dinero. Al hombre que supuestamente escondió los $10 millones le recordó que en abril de este año concertó un intercambio de dinero deteriorado por las condiciones del caleto. Además ordenó a otro enterrar el dinero. La fiscalía mencionó en audiencia previa que el responsable mostró poca cooperación cuando se presentó la fiscalía en el allanamiento a la residencia.

Recordó también otro evento, el transporte de tres kilos de droga ocultos en la llanta de refacción de un taxi, de los cuales supuestamente uno sería para uno de los miembros.

Por su parte, todos los defensores solicitaron a la juez que no declare por presentadas las imputaciones por ningún cargo. Temen que después de legalizada, sus clientes reciban medidas cautelares -que se debaten hoy- y como se ha dicho antes, ninguno de ellos tiene antecedentes penales.

En la audiencia del domingo, en la fase de aclaraciones a las que tienen derecho los defensores, por diez minutos que otorgó la juez a cada uno, los juristas alegaron que los miembros de la supuesta organización no se conocen entre sí. También dijeron que en ciertos casos ya existía una sentencia previa, por lo que alegaron cosa juzgada.

Los abogados han sido sumamente observadores en cuanto a la vinculación que hizo la fiscalía a sus representados. Han indagado sobre los procedimientos efectuados por la fiscalía en las diligencias de seguimiento y vigilancia, las audiencias de control posterior, las fechas en que se realizaron, si su cliente fue mencionado el 6 de febrero de 2020, cuando un informante otorgó a la fiscalía unos 30 nombres al Ministerio Público.

La mayoría de los juristas atacaron que no se cumple el supuesto de que se trata de una asociación ilícita, puesto que sus representados no se reunieron con nadie, o con uno, no con tres, como señala la norma.

En cuanto a los señalados por blanqueo, la mayoría están vinculados por ser 'testaferros', pero mismos, según la fiscalía, no tienen participación en los eventos de tráfico de droga o la logística. Más bien se refieren a los informes financieros de relación de eventos y audios en los que se basa la fiscalía para la mayor parte de los indiciados por blanqueo. Otros se les asocia por ser directivos de sociedades anónimas, algunos por meses, hecho que los defensores alegaron que en esos casos la norma explica que la responsabilidad en ese caso cae sobre el representante legal.

Los abogados se quejaron sobre las condiciones en que se encuentran sus clientes, en cuanto a la violación de sus derechos.

Entre los detenidos hay nueve funcionarios públicos, entre ellos unidades de la Policía Nacional, dos trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá, uno del Ministerio de Educación y otro que trabaja en la junta Comunal de Colón.