Fiscal Electoral pide al Legislativo reconsiderar recorte presupuestario; advierte que se afectarán las investigaciones penales electorales

El fiscal general electoral, Dilio Arcia Torres solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, reconsiderar el presupuesto asignado a la entidad luego que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recortara $3.8 millones al presupuesto solicitado para la vigencia fiscal de 2022.

Para el año 2022 el fiscal electoral había solicitado un presupuesto de $8.9 millones; sin embargo, el MEF le recomendó un presupuesto de $5.1 millones.

El fiscal Arcia Torres en una carta remitida este lunes 23 de agosto al presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Benicio Robinson, le indicó que los $3.8 millones recortados a la institución son necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

Advirtió también que a falta de este dinero se afectarían las diligencias e inspecciones judiciales indispensables para las investigaciones de los delitos penales electorales, lo que asegura, conlleva gastos extremadamente onerosos por la movilización a las diferentes provincias, específicamente en las áreas de difícil acceso.

En estos casos la ley le exige como mínimo a la Fiscalía General Electoral, hacer tres visitas en los casos de residencia dolosa, y entrevistas a los posibles imputados, por lo que la entidad requiere de estos recursos.

Detalla además el fiscal electoral que el recorte limita la adquisición de equipos informáticos, la flota vehicular, personal idóneo y la creación de una Fiscalía Electoral de Investigación de Seguimiento y Causa que opera en la zona entera del primer Distrito Jurisdiccional (Colón, Darién, Comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan).

También afectaría los planes para la adquisición de instalaciones para la Fiscalía de Panamá Oeste, Herrera y Bocas del Toro, las cuales señala son indispensables para el próximo periodo electoral.

De igual manera, se verán afectadas las capacitaciones en prevención de delitos electorales, el entrenamiento del personal de la institución, y todo lo que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General Electoral, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente de la República.