Empresarios piden al Gobierno restablecer el libre tránsito

Miembros del Consejo Empresarial Logístico (Coel), en carta enviada al presidente de la República, expresaron su preocupación por la actual crisis que atraviesa el país ante los bloqueos permanentes de calles y vías de comunicación que ha suscitado una serie de consecuencias que afectan la economía y privan a todos los panameños de alimentación, salud y educación.

El gremio integrado por los principales actores empresariales y profesionales del sector logístico, consideró que estos cierres distan abismalmente de los medios de protesta aceptables en toda democracia y afectan también la vigencia de derechos humanos y garantías ciudadanas fundamentales consagradas tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales la República de Panamá es signataria.

Plantearon que el actual bloqueo de la libre circulación, además de impactar severamente la economía, causa un daño reputacional de gran escala a nuestro país, no sólo como un hub logístico, sino como destino de inversión extranjera directa y frena la inversión local.

Aseguran que además, representa una vulneración directa de los derechos fundamentales de la población, sin mencionar la afectación de nuestra niñez y jóvenes que han sido privados de recibir educación.

“La inacción prolongada del gobierno y los estamentos de seguridad del Estado para actuar de manera efectiva ante esta crisis está generando graves consecuencias en varios niveles”, señalaron..

Explicaron que en primer lugar, se está produciendo un riesgo de confrontación entre ciudadanos producto de un desabastecimiento generalizado de bienes básicos, medicamentos, insumos y combustibles que están afectando directamente la calidad de vida de la población a nivel nacional, en especial de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

En segundo lugar, destacan que los ciudadanos, incluyendo pequeños empresarios y trabajadores informales, están viendo amenazada su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas esenciales que generan el sustento diario de sus hogares.

Afirman que la paralización prolongada está ocasionando pérdidas económicas considerables a nivel nacional. Las empresas, grandes y pequeñas, se ven afectadas por la interrupción de las actividades comerciales y logísticas, cuyos efectos trascienden de igual forma al sector financiero, seguros y servicios en general.

“La inacción prolongada del gobierno no solo agrava la situación actual, sino que también constituye un precedente negativo, cuya enseñanza a la sociedad es que el menoscabar los derechos de los demás no tiene consecuencia alguna, incluso cuando son derechos vitales como el acceso a los alimentos, educación, medicamentos, insumos esenciales y libre circulación.

En tal sentido Coel exigió una toma de decisiones enérgica, con acciones destinadas a poner un alto definitivo a este espiral destructivo, que dista de los valores y de las buenas costumbres de los panameños al igual que de los mejores intereses del país.

“Reiteramos nuestro llamado urgente a tomar medidas inmediatas y proporcionadas para restaurar el orden, la libre circulación y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población que se ve afectada por estas medidas de fuerza llevadas a cabo por un sector minoritario y que actúa al margen de los medios democráticos de protesta. La inacción prolongada del gobierno no solo agrava”, concluyó el gremio.

Ayer, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cumplió su tercer día de sesión permanente para analizar dos de las diez demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley 406.

En tal sentido, miembros de la sociedad civil se mantienen en vigilia en las inmediaciones de la CSJ en espera del fallo.

De igual manera, ayer un grupo de personas que se oponen a las operaciones de Minera Panamá persiguió a cinco autobuses que transportaban personal de esta empresa. Uno de los conductores fue retenido por estas personas y cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional al área se lo entregaron.

La empresa Cobre Panamá lamentó “profundamente el ataque ilegal” que involucró actos de vandalismo y violencia contra uno de sus contratistas y su personal que brinda servicios de transporte a los colaboradores de la mina desde y hasta Penonomé.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), informó ayer domingo que las empresas First Quantum Minerals Ltd. y Minera Panamá S.A., y Franco-Nevada Corporation han enviado dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá (TLC).

Al respecto, el Mici en un comunicado afirmó que Panamá ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales.