El calvario de un empresario boliviano en Panamá

El empresario boliviano Juan Carlos Serrate estaba en tránsito por la terminal aérea de Tocumen de regreso a su país el 7 de noviembre del año pasado, cuando fue detenido por agentes del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá. Desde entonces ha vivido un proceso, que a juicio de su familia, es “kafkiano”.

Ese 7 de noviembre llegó a la terminal aérea panameña procedente de Punta Cana -República Dominicana, donde había asistido al matrimonio de un sobrino y vacacionando– para hacer una escala de dos horas y continuar su vuelo hacia Santa Cruz, Bolivia. Viajaba con su esposa, hijos, hermanos y otros familiares y en la salida del vuelo, pasada las 2:00 de la tarde, fue abordado por agentes de Migración que lo detienen “sin ninguna orden de arresto”, según narran sus hijos Carlos Andrés y Bruna Serrate.

Carlos Andrés era uno de los que venía en el vuelo de Punta Cana a Panamá, Bruna había decidido tomar otra ruta, Perú, para volver a Santa Cruz, donde la familia Serrate ha estado siempre con empresas vinculadas al sector agropecuario e inversiones inmobiliarias.

“A mi padre lo detienen los agentes de Migración y le dicen que no se preocupara que era solo para una revisión y lo meten por una puerta a la que nosotros no podíamos pasar”, cuenta Carlos Andrés.

Los minutos transcurrían y los familiares desconocían el motivo de la detención. Se acercaba la hora del vuelo de regreso a Santa Cruz y Carlos Andrés, su madre y su hermano deciden perder el vuelo, y el resto de la familia, viajar.

Pasaban las horas y no había noticias. No sabían el por qué lo habían detenido y en qué parte del aeropuerto lo tenían. Decidieron dormir en el aeropuerto hasta esperar información. La explicación llegó al día siguiente, después de más 24 horas: Juan Carlos Serrate había sido detenido.

Una nota firmada por Florentino Jean Francois, jefe del SNM en el aeropuerto de Tocumen, es enviada ese 7 de noviembre al subcomisionado Víctor García, jefe de la Oficina de Interpol de la terminal aérea en la que se “solicita la verificación del ciudadano” Juan Carlos Serrate.

La repuesta llega al día siguiente, el 8 de noviembre, en una nota firmada por Garcia que señala “sobre el particular y luego de verificar dentro de la base de datos de la Secretaría de Interpol en Lyon, Francia, el ciudadano boliviano (...) obteniendo resultado negativo de búsqueda a la fecha”.

A renglón seguido en la nota señala que el empresario Serrate “mantiene una orden de aprehensión” por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación de Panamá, con fecha del 8 de noviembre de 2023, “por haberse decretado una orden de arresto en su contra el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas”.

La orden de aprehensión se emitió un día después de que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen por Migración. Para la familia Serrate la incógnita se despejaba y al mismo tiempo iniciaba el calvario que la ha llevado a pisar tribunales de Panamá y Estados Unidos, y exigir respuestas a las autoridades panameñas y estadounidenses por las acusaciones. Han pasado siete meses y el empresario sigue detenido en la Gran Joya.

Durante este tiempo, los familiares han estado entre Panamá y Estados Unidos tratando de entender las causas de la acusación y el proceso en el país norteméricano. Además de asegurar la inocencia del empresario Serrate, han logrado recabar una serie de documentos que muestran irregularidades en su detención en el aeropuerto de Tocumen y que no existe un proceso en la Corte Sur de Nueva York de Estados Unidos.

Entre las irregularidades que ellos denuncian -sobre su detención en Panamá- hay un correo de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, enviado por Lorena Gordón, al Órgano Judicial solicitando una audiencia de control de legalidad de aprehensión contra Serrate. En esa solicitud se señala que el empresario había sido “retenido” por el SNM el 8 de noviembre, cuando en realidad fue un día antes, y que se encontraba en la Sección Provisional de Privados de Libertad.

Otras de las anomalías que la familia también ha detectado es que en una nota de la Cancillería de Panamá al fiscal Superior de Asuntos Internacionales, Agustín Almario Castillo, se describe al empresario con un tamaño de 5 pies y 9 pulgadas y de ojos marrones. Sin embargo, su hija Bruna dice que sus ojos son verdes y no tiene esa estatura.

Pero más allá de estas inconsistencias en la descripción física del empresario, en el expediente para la detención con fines de extradición de Serrate hay una orden de arresto de la Corte Sur de Nueva York que, a juicio de la familia, tiene dos irregularidades.

El documento, que llegó a Panamá, tiene la firma de un juez y la certificación de una funcionaria de nombre Nicole Molinelli. La familia ha logrado comprobar con la Corte Sur de Nueva York y con la funcionaria Molinelli que contra el empresario Serrate no hay ningún caso abierto. Además, el documento de la orden del arresto, en vez de tener el sello de la Corte de Estados Unidos, lleva el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Esas certificaciones han llegado a Panamá debidamente apostilladas y han sido presentadas a las autoridades panameñas. Bruna, quien tiene varios meses estar en Panamá para atender el caso, tiene previsto una reunión hoy con la embajada de Estados Unidos en Panamá.

El Ministerio Público informó que está a la espera de que el Órgano Judicial fije una fecha de audiencia para la extradición del empresario a Estados Unidos, donde la familia con abogados han realizado una investigación exhaustiva, no solo en la Corte Sur de Nueva York, sino en la Corte Superior del Distrito de Columbia, Washington, y han determinado que Juan Carlos Serrate no tiene ninguna orden de arresto, ni cuentas pendientes con la justicia del país norteaméricano.

La familia ya presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Panamá y una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas.