El acueducto de la discordia entre los moradores de Caimito y Conades

Los moradores de la comunidad de Caimito, distrito de Capira, tienen una lucha de años para que el proyecto de mejoras al acueducto rural de su comunidad funcione de forma continua y con agua potable.

En 2018, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) suscribió un contrato con la empresa Constructora Atlántico Pacífico S.A. (Copasa), para el estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de mejoras a un acueducto en la comunidad de Caimito, Capira y la construcción de 444 unidades sanitarias, incluyendo nueve especiales. Sin embargo, desde que se entregó el proyecto los representantes de la Junta Administradora de Acueductos Rurales (Jaar), organización encargada del mantenimiento de la infraestructura, han tenido que hacer decenas de reparaciones a las tuberías que atribuyen a las deficiencias del proyecto entregado.

Constantemente se quejan por la calidad del agua que reciben, arenosa, y que la obra incumple lo estipulado en el contrato. “Ahora mismo nos han dejado un problema, porque el agua tiene sedimentos, no está clorificada, además que tenemos que reparar constantes fugas en las tuberías”, resume Luciano Herrera, fiscal de la Junta Administradora de Acueducto Rural (Jaar), intentando dar una idea de los problemas que ha tenido que afrontar la comunidad. La Jaar es una organización comunitaria sin fines de lucro con carácter co-responsable con el Estado de la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en poblaciones menores a los 1,500 habitantes.

El monto que se pagó a Copasa fue de $3,001,500, más una adenda por $115 mil, para dotar de agua potable a aproximadamente 1,200 moradores. De esta suma $1.7 millones correspondían a las unidades sanitarias, y $750 mil para mejoras al acueducto.

Para constatar sus reclamos, han enviado una infinidad de notas a diferentes entidades con el propósito de hacer inspecciones in situ. Así lo han hecho con el Ministerio de Ambiente, con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y con Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas), del Ministerio de Salud. Todos los anteriores han encontrado deficiencias en el proyecto. En contra de la Jaar actúa que la Dirección General de Ingeniería de la Contraloría recibió el proyecto un día como hoy, 16 de septiembre, pero de 2020.

Tal vez, lo más relevante de la controversia que expone Herrera es que la obra debió ser recibida con el sello de conformidad de Disapas, del Ministerio de Salud, pero este documento no lo ha visto. “Disapas fue a la comunidad para constatar lo que pasaba, porque no queríamos recibir el proyecto. Ellos encontraron 32 puntos, fallas que incumplen los requisitos para el consumo de agua potable”, exclama Herrera. “No lo recibieron”, acota el usuario. En dicho informe, efectuado en octubre de 2021, un mes después de que el contratista entregó la obra. Disapas remitió copia a Conades para que se anexe el reporte a la solicitud de la comunidad para una auditoría en Conades y la Contraloría. Además, se proporcione a la comunidad una copia de los cambios aprobados al diseño, que los moradores reclaman no tener. Y por último recomendó a Conades aplicar la fianza de cumplimiento por vicio oculto, que vence el próximo 18 de septiembre.

Cesar Díaz, subdirector de Seguimiento y Supervisión de Conades, parece dudar sobre la recomendación: “Se está analizando ejecutar la fianza, todo está en la mesa ahorita. No estoy diciendo que se vaya hacer, simplemente está en nuestro radar que acaba la garantía del proyecto”, manifiesta. Complementa que MiAmbiente solicitó auditar todos los proyectos de Conades, éste incluido, y que esperan el resultado de dicha auditoría.

Desde la perspectiva de Conades el proyecto cumple con todo lo estipulado en el contrato. Díaz, asegura que en el expediente existen 14 actas sustanciales firmadas por Contraloría y una final de aceptación en la que se establece que el contratista cumplió lo pactado. Admite, empero, que no logró ubicar el papel de recibido de Disapas, la entidad que debe dar el visto bueno al proyecto.

Cuando solicitamos a Díaz el documento de conforme de Disapas, mostró a ‘La Decana’ una nota del Ministerio de Ambiente dirigida al entonces director de Disapas Nicolás Alvarado, en la que recomendaba dar el visto bueno del trabajo, simulando ser la nota de interés. Pero al cuestionarlo, admitió que “el documento que Alvarado debió firmar conforme, no está en el expediente”.

Lo que para Díaz representa “una falla administrativa”, para los moradores de Caimito es una evidencia de las deficiencias del proyecto. Fallas que la Jaar achaca a la poca supervisión que hubo de las entidades involucradas durante la realización de la obra, y que Díaz endilga a la falta de mantenimiento que debe hacer la comunidad.

Algo básico, señala Díaz, “es que mientras la empresa estuvo a cargo del mantenimiento, (septiembre 2021) nadie se quejó”. Todo ocurrió un mes después de que culminó el contrato que iniciaron las controversias”, afirma Díaz. Como ejemplo manifiesta que “las tomas necesitan un mantenimiento periódico por ser superficiales, pero la Jaar estaba dando mantenimiento cada 15 días, en vez de cada dos o tres días. Nosotros les decíamos, que aumenten la limpieza de los desarenadores, los filtros”. También dice que en una inspección efectuada por Conades para verificar el dispendio de agua, se observó un consumo desproporcionado, como si vivieran 5 mil personas. “Se hizo un ejercicio de cerrar por sectores, hasta que nos dimos cuenta que estaba pegada al acueducto una hortaliza de fresas y la desconectamos. El consumo bajó y el flujo era mayor para el resto de la población”, defiende el funcionario de Conades.

Aunado a esto, Díaz entregó a La Estrella de Panamá un documento que responde a cada punto señalado por Disapas. En él coinciden varias respuestas en que al momento de hacer las inspecciones con el Minsa, éste no puso objeción a los diseños efectuados.

En atención a la revisión de los informes emitidos por la Disapas, el sistema no cuenta con la operatividad necesaria para el suministro continuo de agua a la comunidad cumpliendo con los criterios para el consumo humano.

En cuanto a las unidades sanitarias, la Disapas recomendó una verificación de las mismas para revisar el funcionamiento, tampoco se tiene conocimiento si dentro de la cláusula de operación y mantenimiento del contrato de la empresa se incluyó la limpieza de los tanques sépticos o si se realizó. De igual forma el informe expresa la necesidad de solicitar a nombre de la comunidad la copia de los documentos del diseño de las mejoras del acueducto, los cambios aprobados y el alcance final de la obra recibida por Conades, y los planos como construidos. Herrera asegura que no tiene copia de los planos, cuando los pidió a Conades le dieron un documento que hablaba de borradores.

Herrera muestra las fotos que retratan las constantes fugas que deben atender en las tuberías. Asegura que de este acueducto se abastecen mil y pico de personas. “La Jaar está quebrada de tantos arreglos que hemos tenido que hacer”, expresa el fiscal de la Jaar.

El fiscal de la Jaar recuerda que “durante las obras se empleó el vehículo de la junta comunal con franja amarilla para transportar material de todo tipo a las viviendas donde se construían las unidades de baños”. Y que las “instalaciones de la junta comunal servían de almacenamiento de los materiales (arena, piedra y cemento para las unidades de baños)”, dice.

En cuanto a MiAmbiente el reporte resaltó que durante el recorrido no observaron en ningún lugar el letrero que indica la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental. “Preguntamos y nos indicó que no lo habían colocado”, se lee. También indica que si bien, las obras no impactaron el medio ambiente, al momento de la notificación de la resolución que aprobó el EIA al representante de la empresa, se debieron presentar cinco informes de cumplimiento, pero al redactar el informe no se había presentado ni uno, lo que constituye un incumplimiento a la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental.

La Estrella de Panamá se comunicó con Copasa para conocer su versión, pero no hubo respuesta.