Educación sexual: el reto de implementar una ley

Es una ley que requiere el país, sin embargo, la pregunta que surge es si al implementarse vamos a abordar el tema como se debe hacer dentro de las edades de los niños y adolescentes, dándole a cada grupo los contenidos pertinentes para que puedan entender y tomar decisiones frente a las circunstancias que enfrentarán. El país tiene una alta tasa de abuso sexual infantil, lo que refleja que nuestro sistema educativo carece de contenidos sobre educación sexual. Al promulgarse esta ley, la otra interrogante es si vamos a contar con los recursos necesarios para la implementación de la norma, porque ya contamos con otras leyes que abordan este tema, pero nunca se les ha destinado presupuesto. No solo se requiere educación sexual en las escuelas, sino también en las comunidades.

Es un paso, porque el siguiente es la implementación de la ley con presupuesto, y el último es poder lograr que padres, madres y tutores en general manejen la temática, porque de nada vale que se ofrezcan los talleres y cursos a los estudiantes en los centros educativos, cuando en la casa no se aborda la temática. Otra cosa importante es la forma como los medios de comunicación abordan el tema de la sexualidad, porque se tergiversa totalmente el sentido de la sexualidad y esto implica que la educación sexual no solo sería para los estudiantes y padres de familia, sino también poder lograr corresponsabilidad con el resto de la sociedad. Otro aspecto importante –y de lo que no se quiere hablar– es que los adolescentes deben tener la posibilidad de acceder a los métodos anticonceptivos.

Este un tema interesante porque de seguro habrá oposición en la implementación de la ley. De hecho, las guías de educación sexual que se están implementando son valoradas por un equipo interdisciplinario que se ha podido dar cuenta que hay mucha falencia en la formación, porque se habla de temas muy generales y no se aterriza en temas de importancia. Para mí, uno de esos temas importantes son los métodos anticonceptivos y las guías tocan el tema, pero para las madres adolescentes, es decir cuando ya han tenido un embarazo. La idea es prevenir que haya embarazos en las adolescentes que, incluso, han iniciado relaciones sexuales, entonces corremos el riesgo de condenarlas a que sean madres adolescentes al no darles la información oportuna. Evidentemente habrá oposición porque siempre que se habla de este tema surgen grupos en contra, sería interesante preguntarnos qué queremos para Panamá.

A mi juicio, uno de los factores que más incide es la carencia de información sobre el tema. Hay padres, madres y tutores que manejan la educación sexual como la recibieron ellos, en base a regaños como, por ejemplo, si haces tal cosa te largo de la casa o te pasará tal cosa, pero nunca hubo un diálogo sobre el cuidado del cuerpo, el amor por sí mismo o la incomodidad que pueden generar las caricias de una persona ya sea dentro del núcleo familiar o fuera de ese entorno. Cuando empieza tu proceso de pubertad, que alguien te oriente cómo te vas a sentir como niña o niño, y también entran las orientaciones sexuales, porque si el niño o niña empieza a sentir un tipo de atracción sexual por una persona del mismo sexo, no tiene a quién decírselo, y si lo hace, lo que recibe es maltrato, entonces estos son temas que se deben abordar en la familia, y no se hace por miedo o desconocimiento. En algunos casos las familias no es que no quieran hacerlo, es que no tienen la formación. La nueva ley es una puerta que se abre nuevamente en el país para que los padres, madres y tutores puedan ser orientados y, a su vez, puedan conversar con sus hijos.

La sociedad panameña se debe poner seria con este tema para darle continuidad, que no sea un tema de una gestión gubernamental, sino de Estado, y que se vea de forma colegiada con todos los entes que le compete. Lo bueno es que el tema sigue siendo de interés y es una buena oportunidad, pero me preocupa que en la ley, aunque se establecen talleres y cursos sobre la prevención de los embarazos “utilizando los mecanismo necesarios”, no dice cuáles son esos mecanismos. Mi inquietud, entonces, es que solo seguiremos dando consejos generales, triviales, sobre una realidad que nos rebasa, porque los adolescentes tienen en la mano un celular con información abierta y nosotros, por ser una sociedad conservadora y fundamentalista en este tema, seguimos negándole a los jóvenes la posibilidad de vivir una vida de bienestar y respeto a los derechos humanos.

Esta ley abre camino para lograr que se garantice efectivamente el derecho a la educación en sexualidad, el cual es un derecho humano que los Estados están comprometidos a asegurar. Esta norma es urgente y es una deuda pendiente del Estado para con los niños y adolescentes e inclusive personas adultas que desconocen temas vitales como prevención de ITS y planificación familiar. Espero que esta iniciativa sea respaldada por todas las instituciones involucradas, en especial, que se destine el presupuesto necesario para la implementación del programa en los niveles establecidos. Asimismo, debe haber una participación activa de la sociedad para procurar que se cumpla con el carácter científico de la ley, sin sesgos, ni matices que discriminen o censuren temas importantes de la educación en sexualidad.

La prevención y acción frente a la alta cifra de embarazos infantiles y adolescentes le urge el involucramiento de todos los niveles estatales y la sociedad en general. La ley es un gran avance para la prevención, sin embargo, el programa debe procurar un análisis profundo de las causas que están generando estas cifras alarmantes. La mayoría de los mensajes se dan en torno a las consecuencias de los embarazos adolescentes y se dejan de considerar las causas que están generando un aumento en las cifras. La falta de acceso a la información es una de ellas, pero debe ir de la mano de programas que también prevengan la violencia y disminuyan las desigualdades a las que se enfrentan niñas y adolescentes.

Por supuesto que habrá oposición por parte de los grupos conservadores. Como mencioné, la correcta aplicación de estos programas requiere del compromiso de múltiples sectores, incluyendo que se destine un adecuado presupuesto para su realización, contar con el recurso humano capacitado científicamente para dictar dichos talleres. La oposición va a existir, pero está en manos de los entes encargados procurar una efectiva implementación, ya que tener acceso a la información en sexualidad en su conjunto es parte de otros derechos, como el derecho a la educación y el derecho a la salud.

Debemos entender el embarazo adolescente como un fenómeno que es el resultado de múltiples factores políticos, económicos, sociales y culturales. La pobreza, la precariedad, la desigualdad, las escasas oportunidades son algunas de las violencias que experimentan históricamente las niñas, adolescentes y mujeres. También es importante recalcar que durante 2020, pese al confinamiento, el número de embarazos adolescentes aumentó, lo que evidencia que muchas de las jóvenes que se convirtieron en madres convivieron con sus abusadores, muchas veces dentro de su núcleo familiar. El análisis de las causas del embarazo adolescente debe incluir el aumento de los delitos sexuales a los que están expuestas niñas y adolescentes.

Es importante que las jóvenes tengan acceso a la información sobre prevención, pero la enseñanza también debe involucrar a los hombres en corresponsabilidad de planificación familiar. Es muy importante que se implemente una fuerte campaña de prevención de violencia donde las niñas y adolescentes sepan identificar, y los mecanismos para denunciar. Pero no debemos olvidar que es importante que a niveles más familiares, comunitarios y locales debemos involucrarnos para poner esta conversación en la mesa, la cual vaya enfocada a la prevención pero también a la eliminación de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, a la vez que se promueve la equidad y el acceso a oportunidades para ellas.