Los desafíos del gobierno ante el informe de la OIT

En dos años, la reserva del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), también conocido como el sistema solidario quedará nula. Esto implica, de acuerdo con las proyecciones financieras que analizó la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), que el uso del fideicomiso deberá ser permanente para sostener el sistema.

De igual forma los flujos que aporta el Estado deberán incrementarse. Por ley se establecieron en $140 millones anuales, pero como nos dice la OIT, esta cifra fue significativamente “subestimada a niveles críticos y sorprendentes” cuando se reformó la ley orgánica de la CSS en 2005.

Para poner las cosas en perspectiva, describe el asesor empresarial René Quevedo, entre 2012 y 2022 por cada empleo formal privado que se perdió, se generaron cuatro nuevos empleos informales, mientras que de cada cinco nuevos empleos que se agregaron a la economía, cuatro fueron informales y el otro fue en el gobierno.

Como referencia, el estudio cita que las necesidades futuras de financiamiento vía transferencias del Estado, es decir, rentas generales, evolucionan pasando del 0,9% del PIB en 2024, a 3,2% en 2040, bajando luego a 2,7% en 2050, a 1,3% en 2060 y a un valor nulo en el año 2095. Vale destacar que, según la proyección demográfica, las últimas pensiones del SEBD serían pagadas en la década de 2090.

El tema es más profundo de lo que parece. No se limita al programa definido de pensiones, o solidario, sino a una reestructuración de las funciones administrativas para mejorar los cobros, ampliar la cobertura y revisar los otros programas que también empezaron a arañar las reservas, como el de Enfermedad y Maternidad, y el de Riesgos Profesionales, cada uno ya está siendo afectado individualmente.

Por tanto, en este momento patear la lata, como se hizo en administraciones anteriores, ya no es una opción porque el agua está a punto de llegar al cuello en 2024.

El gobierno contrató a la OIT para que brindara una opinión técnica con el propósito de tomar decisiones en el tema, ahora el reto es: ¿cómo las va a tomar?, ¿de qué forma lo discutirá?, ¿continuará en una mesa nacional de diálogo como planteó en un inicio o seguirá la recomendación de la OIT que dirige la conversación hacia una mesa tripartita (gobierno, empleadores y trabajadores)?.

El estudio surgió por una decisión de la Confederación Nacional de Trabajadores (Conato) que había mostrado su desconfianza o duda en los resultados entregados por las juntas actuariales de la administración de la CSS y consideraban que los ajustes paramétricos no estaban en el menú.

El secretario de Conato, Rafael Chavarría, quien se considera un conocedor de los estudios de la seguridad social de varios países que han regresado de pensiones privadas a la solidaridad, pide ahora un estudio de la seguridad social de los cuatro programas de la CSS, para contar con un diagnóstico completo. “Ese estudio debió extenderse a salud, riesgos profesionales y administración. El análisis que se hizo es incompleto”, señala. Para hacer la reforma de seguridad social, continúa, “se tiene que tener el análisis completo porque todos los programas están conectados”.

El gobierno tampoco mostró inclinación por este tipo de reformas ante el temor de un rechazo masivo de los grupos sindicales y otros sectores de la sociedad al tener que elevar los años de trabajo, el número de cuotas o incrementar el aporte obrero-patronal.

Bajo la posición pública de ambas partes, la OIT parece haber limitado el reporte a un diagnóstico de los programas de pensiones, sin entrar en conflicto con el gobierno y revelando un informe menos complicado para no poner al gobierno en una posición difícil.

El exsubdirector de la CSS Francisco Bustamante (oct. 2019- feb. 2022) rescata tres puntos importantes del documento: “Lo que tiene el informe son tres cosas: piden que Panamá firme el art. 102 de la Convención de la OIT, lo que hay que analizar porque luego se convierte en una obligación para el país porque son convenios internacionales”, observa el también economista. La otra cosa, añade, “es que de alguna manera están empujando el diálogo tripartito y no un diálogo nacional”. La tercera, continúa, “es que están a la disposición para seguir siendo contratados”.

El documento de la OIT reveló, como otro aporte, que la reforma a la ley orgánica que se efectuó en 2005 fue insuficiente y mala. Incluso se preguntan si ese era el efecto buscado en su diseño.

Bustamante difiere. “Lo que salió en la Ley 51 fue producto de una negociación de fuerzas (después de meses de huelga sindical y protestas) y salió esa ley.

El panorama en estos tiempos es más complicado porque a la crisis de pensiones, se acumulan otros temas estructurales, como la justicia, por ejemplo, que por varios quinquenios se ha ignorado o la revisión de subsidios por mencionar un par, y que nublan la visión de hacia qué estado buscamos. “Siento que estamos enfrascados en no ver el fondo, no está claro qué tipo de estado queremos, uno de responsabilidad social o uno que continúe con los programas de subsidio. Definir esto es vital y saber cómo se va a enfrentar”, apunta Bustamente. No está claro ni para la sociedad ni para el gobierno de turno.

A esto se agrega otro componente que también apunta a la salud de cualquier programa de pensiones, es la cantidad de informales que hay en el país.

La tasa de informalidad del año 2019 (último año sin el efecto de la pandemia Covid-19) fue 44,9% para ambos sexos, 44,5% para los hombres y 45,4% las mujeres; en el año 2021 subió a 47,6% para ambos sexos, 49,3% hombres y 45,5% mujeres. El documento señala como una medida urgente generar políticas que reviertan la tasa de informalidad, de lo contrario afectará gravemente al régimen de pensiones que podría alcanzar niveles críticos con un alto costo social.

Estimaciones de la Contraloría indican que entre 2011 y 2021 la cobertura contributiva bajó de 56,8% a 44,5%, alcanzando su valor más bajo entre los registrados en los últimos años, incluso en comparación con el año 2020 (45,5%), cuando se evidenció el mayor impacto económico de la covid-19. No obstante, la CSS brinda servicios de salud al 82% de la población, cuando debería ser a un 60%. Chavarría ve en ese excedente una oportunidad para reducir los gastos y nutrir el sistema de pensiones.