Denuncian 'irregularidades' en proceso contra detenidos de Tierra Prometida

Este jueves un grupo de movimientos sociales y sindicales protestaron a las afueras de la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la liberación de los siete detenidos tras el violento desalojo de las familias que residían en el asentamiento informal conocido como Tierra Prometida, ubicado en el corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, el pasado 22 y 25 de octubre.

Entre los marchantes estuvo el abogado gremialista, Antonio Vargas, quien explicó que en la manifestación también tenía como objetivo hacer entrega de una carta a la magistrada María Eugenia López, coordinadora del Sistema Penal Acusatorio, para darle a conocer las  supuestas irregularidades del proceso en el caso de privación de libertad contra los detenidos de Tierra Prometida.

En la carta a López denuncian lo que consideran un retraso injustificado del proceso que se ha traducido en más día de prisión par a las personas. Explican que el 8 de noviembre se debió celebrarse la audiencia de apelación de los siete detenidos, pero los mismos no fueron notificados porque el tribunal a cargo del caso, ni el Ministerio Público, "desconocían su paradero". Para el 5 de noviembre, los detenidos se encontraban en las celdas del Centro Transitorio de Tocumen.

Según los firmantes, el magistrado a cargo debió ordenar la ubicación de los detenidos y requerir su comparecencia ante el tribunal que debió declararse en sesión permanente. En su lugar determinaron, el 18 de noviembre como nueva fecha "prolongando la injusta detención y prácticamente condenan a estos detenidos a diez días más de prisión cuando ya cumplen hoy 17 días de arresto, luego de su aprehensión el lunes 25 de octubre". 

Los abogados que el Centro Transitorio de Tocumen, donde se encuentran detenidos, cuenta con las instalaciones y la tecnología adecuadas para celebrar la audiencia vía zoom, pero "(se ha) violado los términos fijados en su propio reglamento interno que es de cinco días para celebrar una nueva audiencia".

Durante el desalojo entre el 22 y 25 de octubre, fueron detenidas siete personas: Jan Carlos Abdiel Murillo, Juan Evangeslista Murillo, Domingo Palacio, Juan Carlos Padilla, Héctor Isaac Domínguez, Adrian Mosquera y Damiano Chiari Rojas. Este último comunicador social del equipo de Frenadeso Noticias y corresponsal del medio argentino ARG Medios.

También señalan que los medios de comunicación tradicionales, alternativos y en redes sociales han informando desde el viernes 5 de noviembre donde estaban ubicados los detenidos. "El traslado de los prisioneros de La Chorrera a Tocumen (...) este hecho público y notorio era desconocido por los tres magistrados, todos suplentes, a quienes se le asignaron el caso apenas ese mismo día, lunes 8 de noviembre, a las 7:30 de la mañana, luego de varios días de asueto".

Por su parte, los familiares de los detenidos aseguran que se están violentando los derechos de los catalogan como "presos políticos", ya que están incomunicados.

En el caso de Damiano Chiari Rojas, uno de los detenidos en el operativo de desalojo por transmitir un "En vivo" en redes sociales, el presidente del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina. Aclaró que no se puede criminalizar la protesta social de la población panameña. 

Y aclaró: "que por principios no toda persona que agarra una cámara, un celular, toma una fotografía, es un profesional del periodismo. Todos tienen derecho a la libertad de expresión y de información y eso hay que respetarlo, allí nos van a encontrar a nosotros como organización apoyándoles", señaló Medina en relación al caso de Chiari Rojas.

Según las autoridades, los terrenos en Tierra Prometida son propiedad del Hospital Nicolás Solano y están destinados para la construcción de la Ciudad Deportiva y el Centro de Entrenamiento de Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera con presupuesto asignado a Pandeportes.

Las comunidades denuncian que se han visto "obligadas a ocupar terrenos" ante la falta de políticas de Estado que garantices una vivienda digna para la población.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó, que a las familias que residían en el asentamiento informal se les "ofreció" lotes en el sector de Las Mendozas pero estas los "rechazaron". Por su parte, la comunidad denuncian que los terrenos ofrecidos "no tienen garantías" al estar sujetos a un litigio judicial no resuelto aún. Además, de no contar con adecuados acceso a agua potable ni energía eléctrica.