Defensores sustentan sus alegatos en caso Blue Apple

Los abogados defensores en el entramado Blue Apple desacreditaron la teoría del Ministerio Público (MP), que sus representados son culpables de blanqueo de dinero de fondos públicos.

Cada uno desacreditó la investigación de la fiscalía, que inició en octubre de 2017 y que cuenta con 371 tomos.

Eduardo Sequeira, abogado de Silvia Rojas, la trabajadora doméstica, fue el primero en comenzar los alegatos.

La defensa de Rojas solicitó a la jueza Baloisa Marquínez Morán que acoja el llamado de absolución solicitado por la fiscalía.

Sequeira dijo que se pudo demostrar que Rojas es inocente, que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, por lo que llamó a la reflexión en cuanto a todas y cada una de las personas que están dentro del expediente.

El abogado de Jaime Martín de la Espriella pidió a la jueza que su representado sea declarado inocente, porque no es beneficiario final.

Las conclusiones del abogado defensor es que Jaime Martín no tiene acceso a banca en línea, que se recibe y reenvía el dinero de Blue Apple sin su conocimiento.

Además, que Martín de la Espriella no firma cheques de gerencia ni giros. No firma cheques que mueven el dinero de Blue Apple. Tampoco se ha demostrado su participación en el dosier en la investigación y que existe una ausencia de control y acción de parte de Jaime Martín de la Espriella.

Otro de los abogados que participó fue Ricardo Vial, defensa pública de Marcelino Martínez, para quien la fiscalía pidió absolución.

La fase de alegatos siguió con el abogado Gilberto Bernal, defensa de Luis Antonio Donadío Santamaría.

El jurista Bernal aseguró que las sociedades que blanquearon dinero no estaban bajo el control de Donadío.

De acuerdo con la sustentación de Bernal, su representado nunca firmó nada respecto a apertura de cuentas, por lo que desde el punto legal como Donadío solo prestó servicios, no debería ser procesado por ello porque no se debería criminalizar la profesión de abogado.

El abogado Basilio González, defensa del exministro del Ministerio de Obras Públicas Jaime Ford, aseguró que el delito de blanqueo de capitales se prueba con trazabilidad, beneficiario final, cuentas, títulos, valores, y no con dichos.

La defensa de Ford asegura que la única vinculación que se tiene con este proceso y con los demás que se le siguen es por el simple hecho que está casado con una pariente cercana del expresidente Ricardo Martinelli.

“En el expediente conformado por 180 páginas no hay ni una sola prueba que lo vincule con el delito de blanqueo de capitales”, aseguró González en la sustentación del alegato, por lo que consideró que se debería dictar una sentencia absolutoria.

En tanto, la defensa de Valentín Martínez, el abogado Rosendo Miranda, aseguró que hay distorsiones conceptuales en los hechos que se utilizaron para vincular a su representado, pues señalan como un hecho incriminador la certificación del Registro Público de la Fundación el Olimpo, lo cual según el abogado es un acto que está amparado por ley y que es legal; para el Ministerio Público es incriminatorio.

Miranda preguntó si los medios de pruebas aportados por la fiscalía le brindan certeza sobre la acreditación de las conductas típicas del tipo penal.

Miranda asegura que su representado no recibió en sus cuentas bancarias ninguna transferencia de las sociedades creadas para facilitar el blanqueo de capitales. Además, que no es señalado por ningún coimputado, como cómplice o autor del delito de blanqueo de capitales

Agrega la defensa de Martínez que el informe financiero no revisó ninguna cuenta bancaria ni lo señala por haber recibido dinero de las cuentas de Blue Apple.

En el caso de Federico Suárez, la defensa sostiene que no existe un señalamiento directo de los colaboradores de la empresa Rodsa, Meco, Conalvía, Rec, GS Contractor que se le haya entregado dinero y que haya pedido ayuda política.

Además, Jorge Ruiz dijo que Suárez no tenía conocimiento de lo que hacía.

También que no hay una sola transferencia girada a nombre de Suárez. Entre las pruebas presentadas es que se aportó el informe de la Contraloría que realizó por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Miranda, la defensa de Suárez, aduce que la fiscalía solo tiene conjeturas sobre su relación con los actos de corrupción.

La pretensión incriminatoria de la fiscalía, sostiene la defensa de Suárez, es que está respaldada en testimonios que son sospechosos y contradictorios.

Otro argumento de la fiscalía es que no se ha aportado una prueba directa de que se haya recibido dinero, ni prueba contable que demuestre que se benefició o incrementó su patrimonio personal.

Y preguntó cuántos cheques y transferencias la fiscalía presentó a nombre de Suárez.

Las empresas que supuestamente alimentaban la cuenta de Blue Apple Services eran las constructoras Rodsa, Meco, Bagatrac, Ingeniería Rec, GS Constructors y Conalvías, que mantenían proyectos con el Estado.

Los dueños de estas empresas fueron citados por Jorge Ruiz, de la Dirección de Contratos del MOP, para que entregaran un porcentaje del contrato entre el 7% y el 8%, y a cambio de eso se agilizaban los trámites para los pagos de los proyectos contratados.