La decisiones administrativas que tienen al Ministerio Público en el ojo ciudadano

Considero que fueron producto de la presión social, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como el resto del movimiento obrero y popular, y ciudadanos independientes que se manifiestan día tras día en redes sociales sobre los graves problemas de corrupción en que se han visto inmersos los poderes públicos, por lo menos en los últimos tres gobiernos que se han sucedido, lo que no significa que no se haya dado con anterioridad a estos.

Me parece acertado, pero creo que se actuó demasiado tarde y más bien por el clamor de la sociedad, pues si se quería dar una apariencia de transparencia en las investigaciones de alto perfil que maneja el Ministerio Público, la reingeniería en dicha entidad debió darse desde el inicio, luego de presentarse y analizarse por los auditores forenses los informes de trabajo de cada uno de los jefes de despacho de la fiscalías Anticorrupción y específicamente en los casos más sonados, sobre todo porque existe una percepción de parcialidad y deficiencia en el manejo, que ha dado como resultado que no se obtengan los resultados que espera la opinión pública.

En este caso, el responsable de demostrar que su administración es objetiva y transparente, es el Procurador, pues todo profesional del derecho que reúna el perfil académico necesario tiene derecho a ocupar un cargo público, pues para eso se forma e invierte en educación: “para poner su conocimiento al servicio de los mejores intereses de la sociedad”; ahora bien, siempre que la designación no se haga de a dedo, sino mediante un “concurso de méritos”, según las normas y procedimientos en materia de recurso humano de la entidad, tema que debe ser explicado por el Procurador y no por el designado, es decir, no se han explicado los criterios que se tomaron en cuenta para dicho nombramiento y si existía, a lo interno, otros candidatos al cargo.

Reitero, el que debe demostrar que su actuación es transparente es el Procurador. De aquí en adelante cualquier resultado en las investigaciones que se adelantan en materia de corrupción, se enfrenta a graves cuestionamientos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, así como el resto del movimiento obrero y popular, y ciudadanos independientes que se manifiestan día tras día en redes sociales sobre los graves problemas de corrupción en que se encuentran sumidos los poderes públicos de nuestro país, por la apropiación y malversación de fondos públicos por parte de políticos viejos y jóvenes y funcionarios con niveles de mando y jurisdicción, que lo ven como la única forma de obtener fortuna y convertirse en nuevos ricos, durante el tiempo que dure el gobierno de turno al cual le prestan servicios, algo casi cultural en esta mal llamada clase política.

Lo evaluó según la percepción de la sociedad, para la cual las declaraciones y actuaciones del Procurador, más que aclarar, exacerba la opinión pública, sobre todo respecto a la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados en los nuevos escándalos de corrupción que se han denunciado en medio de la crisis del Covid-19, llámese hospital modular y otros, pues a pesar del cúmulo de indicios con los que se cuenta, todavía no existe imputación ni se ha separado de los cargos a los señalados.

Lo analizo como parte del proceso del nuevo Procurador de tomar control de la institución. Empoderarse en las reglas actuales de su rol implica tener en las principales posiciones a un equipo cercano.

Para las investigaciones la decisión no tiene mayor impacto; el contar con equipos de fiscales por caso hace que más profesionales puedan enfrentar los distintos actos judiciales bajo el sistema penal acusatorio y hace que todos estén en capacidad de argumentar y sustentar las posiciones del Ministerio Público ante los jueces y entender las teorías de cada caso y sus líneas de investigación.

Lo analizo como parte de las realidades de una institución que la moldea quien la dirige y en la que no hay controles internos para establecer otros criterios, es natural no sentirse cercano a quien él no ha designado y encontrar la necesidad de rotar como fórmula de crear su propia dinámica de equipo y eso involucra traer personal externo que sea de su confianza. Mientras no tengamos, por ley, un modelo de concurso para todas las posiciones en el Ministerio Público, no podríamos aplicar reglas de exclusión; si el Procurador confía en una persona para desempeñar un cargo, esperemos ver cuál será su ejecución. No tengo un preconcepto de este tema, ya que desde magistrados de la Corte y otros importantes cargos de la justicia han estado cercanos a la actividad política y su ejecución ha sido en favor de la justicia de forma comprometida. En concreto, este debate también expone la ausencia de un mecanismo institucional de valorar o calificar la gestión del personal del Ministerio Público, y ante dicha debilidad el Procurador debe ir presentando un plan para mejorar esta situación. La tarea pendiente es que para disipar estos cuestionamientos deben ir acompañado de mayor fortalecimiento institucional, donde los fiscales y funcionariado en general cuenten con mecanismos de resguardar la eficacia de sus tareas y mecanismos para disipar dudas de sus actuaciones, la atención efectiva de quejas y la evaluación del desempeño de todos los fiscales y servidores. Esto nos ayudaría a tener menos espacio para calificaciones al calor de los episodios de la opinión pública, los cuales una vez se asientan no hay fórmulas para cambiarlos.

Me parece que el Procurador debió zanjar el tema indicando que las funciones a ese cargo, en concreto, a pesar de tener dicha denominación en planilla, las asignaría él personalmente. El Procurador aún está en una etapa temprana de la ejecución del cargo y goza de la confianza de quien no es responsable de los cuestionamientos previos a su llegada a una controvertida institución, por lo que todos estos incidentes serán pasajeros hasta que las carpetillas y asuntos sonados comiencen a debatirse ante los jueces y sea su conducción la que esté sometida a medición de eficacia. Asumir el cargo de Procurador para un abogado es como vivir en un ring de boxeo de forma permanente, por los intereses en conflicto que en esa institución confluyen. Todas sus decisiones serán controvertidas dependiendo de en qué extremo de la cuerda se encuentre el que valora; el tiempo dirá si el Procurador se equivocó o no con estos nombramientos o cambios.

Es muy prematuro hacer evaluaciones, me gustaría que al margen del debate del caso a caso, el Procurador pueda presentar las deficiencias y obstáculos institucionales del Ministerio Público al país y que sobre esas realidades se genere el dialogo nacional en favor de una verdadera tarea de fondo, que pudiese ser evaluada al final de su gestión. Es decir, no creo que el papel del Procurador sea defender una institución defectuosa como la conocemos, sino transformarla. Si se fortalece la institucionalidad del Ministerio Público, los cuestionamientos a su funcionamiento disminuirán y tendrán menos impacto los cuestionamientos externos a la institución.