Magaly Castillo: magistrados no deben estar vinculados al Consejo de Gabinete

La presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ), Magaly Castillo, aseguró este martes que ante las recientes designaciones de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore como nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por parte del Ejecutivo, la ciudadanía debe estar vigilante para que quienes ocupen los cargos en el máximo órgano de justicia no posean vínculos con el Consejo de Gabinete.

Para Castillo, quien confiesa que existe falta de credibilidad en las instituciones, "la lupa ciudadana" debe activarse ante la coyuntura que enfrenta el país y los desafíos venideros para el 2018 en materia de investigación criminal.

La abogada considera que la vigilancia ciudadana es necesaria de cara al proceso de consulta para la posible ratificación de las magistradas y que "tienen que ser personas con total credibilidad, con total imagen de independencia del Ejecutivo".

Aunque a la fecha aún no se ha establecido una decisión en torno a la posible ratificación de Tovar y Moore en reemplazo de los magistrados Oydén Ortega en la Sala Primera de lo Civil y Jerónimo Mejía en la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ, el sentimiento de partidarios y detractores sigue manifestándose. De hecho, durante la llegada de diputados a la Asamblea Nacional para el inicio de la segunda legislatura del cuarto período de sesiones ordinarias este martes, algunos aprovecharon el espacio para reiterar sus posiciones frente a los medios de comunicación.

Mientras tanto, el primer mandatario, Juan Carlos Varela, expresó con firmeza durante su discurso ante el pleno, que las postuladas son "dos mujeres honestas y solventes profesional y éticamente para ocupar el cargo de Magistradas de la CSJ", añadiendo que  junto a dos funcionarios judiciales de amplia trayectoria en el sistema para Magistrados Suplentes, garantizarán "altos estándares de profesionalismo, independencia, capacidad técnica y ética".

La ACPJ es una organización sin fines de lucro que agrupa diferentes sectores de la sociedad civil panameña para promover la reforma y mejoramiento del sector justicia, realizando un monitoreo y análisis permanente de los problemas que enfrenta.