El debate entre protestar y ser menor de edad

Desde que comenzaron las protestas en contra del contrato minero o Ley 406 suscrita entre el Estado y Minera Panamá (del 24 de octubre al 16 de noviembre), 137 adolescentes han sido 'captados' por la Policía Nacional a través de la Policía de Niñez y Adolescencia, según indicó a La Estrella de Panamá una fuente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Del total, ha habido un pequeño grupo de casos de adolescentes relacionados a actos vandálicos o daño a la propiedad privada, en total 14. Estos fueron remitidos al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. En ese caso, el juez puede llamar a los padres y enviar a los jóvenes a guías para el fortalecimiento familiar, o si el daño es grave, se remite a la fiscalía correspondiente.

La razón por la que Senniaf detiene a todos los jóvenes, la mayoría según se observó estaban manifestándose pacíficamente, es porque han sido vistos en las protestas solos, sin acompañantes. “Una acción que debe revisarse porque dificulta el cumplimiento de los derechos de participación de los jóvenes y niños establecidos en la Ley 285 de febrero de 2022”, manifestó la docente y experta Matilde Luna, psicóloga, magíster en minoridad y familia.

Esta disposición legal protege el derecho a la participación sin distinción alguna, “de acuerdo con su desarrollo y madurez, y bajo la supervisión y orientación de sus padres o representante legal, de opinar sobre todos los procesos sociales que les conciernen, así como formar parte de debates sobre temas de actualidad, cultura y sociedad”, se lee en el apartado 66 de la ley.

A pesar de que la ley plasma el derecho a la participación y expresión de sus derechos, los jóvenes fueron retirados de la marcha.

La idea de los consultados es que deberían realizar procedimientos para que las instancias correspondientes los supervisen garantizando que no corren riesgo, y pueden manifestarse libremente.

Por ejemplo, menciona la experta citada, al detectar a un adolescente en este tipo de manifestaciones, “las autoridades dedicadas a ejercer la vigilancia de protección de sus derechos, tal como la defensoría del Pueblo, podrían observar los procedimientos policiales, dialogar con los niños y jóvenes, para conocer su condición, si se sienten seguros o están corriendo algún riesgo en la protesta”.

Sin embargo, extraerlos y retenerlos en el cuartel de la Policía o en las instalaciones de la Senniaf hasta esperar la presencia de sus tutores, les priva sus derechos.

Todos los padres o acudientes de los 137 jóvenes separados de las marchas, recogieron a sus hijos. De igual forma, la Senniaf reiteró que a los padres se les hace una citación para que acudan a un programa de fortalecimiento familiar con una duración de una semana.

Senniaf asegura que ha monitoreado las protestas y su personal recomienda a los jóvenes que se retiren de la misma por “la peligrosidad que puede representar su presencia en la protesta”.

Los menores de edad tienen derecho a participar en lo que concierne a su futuro y su vida, es el interés superior del niño. “Pero al ser una población vulnerable porque no están en la capacidad legal, hay que protegerlos ya que no deben estar dentro de una protesta o cierto tipo de disturbios”, explicó la Senniaf.

El debate se centra en el derecho a la expresión, a la manifestación, y a ser protegidos siendo menores de edad.

El caso más enigmático de lo que representa la voz de un adolescente es el de Greta Thunberg, quien a los 15 años comenzó una campaña a nivel mundial para adoptar conciencia sobre el cambio climático. Thunberg también se hizo eco de las voces que rechazan la minería en Panamá.

Desde Unicef abogan para que las protestas se “realicen en entornos seguros, los padres no deben someter a sus hijos en entornos de riesgos”, indicó Francisco Trejos, oficial de educación de la entidad.

Trejos no se escucha convencido de que los jóvenes asistan solos a las marchas, expresa que en Unicef promueven reuniones con la participación de adultos y jóvenes para escuchar sus planteamientos sobre el cambio climático o temas de actualidad.

Sin embargo, la invitación de las recientes protestas se hizo a través de redes sociales y eso anima a los menores de edad a participar, pero al ser identificados por la Policía frustran su participación y derecho a expresarse.

El derecho a la protesta y a ser escuchados se establece en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 285 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Panamá.