Datos abiertos, empoderamiento ciudadano y control de la gestión pública

En Panamá, el enfoque del desarrollo de las políticas públicas de transparencia en sus inicios estuvo enfocada en el reconocimiento y regulación del derecho ciudadano al acceso a la información.

Por medio del derecho de acceso a la información, las personas pueden solicitar información a las entidades del Estado, las cuales se ven en la obligación de entregarla, siempre y cuando no sea información de carácter restringido o confidencial según lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información o en la Ley de Datos Personales. Cabe mencionar que esta última está siendo tristemente utilizada para ocultar información de carácter público, fundamental para que la ciudadanía pueda formarse un criterio acerca del buen uso de recursos públicos, pero eso es materia de otro artículo.

Volviendo al tema central, en los últimos años se ha afirmado la necesidad de fortalecer la publicación de datos que están en manos de los poderes públicos; estos datos deben ser publicados en las páginas web de las instituciones del gobierno y debe existir un repositorio ordenado que centralice y facilite el uso de los mismos, según lo establecido en nuestra legislación.

La publicación de dicha información es de obligatorio cumplimiento por ser considerada de interés público.

La Ley de Transparencia contiene 24 indicadores que son de obligatoria publicación por parte de todas las entidades del Estado, y están contenidos en cuatro artículos de dicha norma, artículos 9, 10, 11, 26 y 27 y cubren aspectos de carácter administrativo, como contratación de funcionarios, planillas, gastos de representación, estructura y ejecución presupuestaria, etc.

En cuanto a temas relacionados con la inversión pública existe completa opacidad, sin embargo, en la exposición de motivos de la Ley de Transparencia, el legislador establece como “un hecho incontrovertible que la información que manejan los funcionarios del Estado pertenece a toda la comunidad, por ello es y debe ser pública”.

Según el principio de publicidad establecido en la mencionada ley: “Toda la información que emana de la administración pública es de carácter público, por la cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través de los distintos medios de comunicación social y/o de internet”.

En la actualidad se ha reforzado la importancia de que las instituciones del Estado publiquen toda la información que se considere útil, oportuna y relevante, en las páginas web de las instituciones y entidades públicas, de manera permanente sin mediar requerimiento alguno por parte de la ciudadanía y aunque no sea de obligatoria publicación, según lo establecido en la mencionada normativa.

En un avance considerable que busca la profundización de una cultura de transparencia gubernamental en la región, se estimula a los gobiernos a publicar la información sin que se le exija por la ley o por el derecho de acceso a la información.

Esto implica que los gobiernos deben publicar de forma proactiva información que es relevante para el ciudadano y que ayuda a que exista rendición de cuentas y control social acerca de la acción gubernamental.

Esto ocurre cuando existe cierto grado de consciencia y forma parte de un avance hacia un modelo de administración pública orientado por la transparencia y la participación ciudadana.

Para la gestión pública moderna, el control social es una noción fundamental, ya que la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento fiscalizador al funcionamiento del Estado es parte esencial del proceso para recuperar y sostener la confianza perdida en los gobiernos locales y centrales, incluyendo los demás órganos del Estado.

En principio, dentro de un gobierno o Estado abierto y confiable, la información sensible del Estado debería ser publicada de manera proactiva para los efectos de minimizar la necesidad de que los ciudadanos presenten solicitudes de información.

Hay una estrecha relación entre los datos abiertos y la filosofía de gobierno abierto, ya que la apertura de datos públicos promueve la transparencia en la gestión pública así como el principio de colaboración entre instituciones del gobierno o del gobierno hacia la ciudadanía; a su vez se estimula la tan deseada rendición de cuentas y la participación ciudadana en los asuntos públicos; ambos principios son fundamentales para establecer una relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado.

Según la Unión Europea, la apertura de datos públicos es una herramienta para la innovación, el crecimiento y la gobernanza transparente.

La OCDE considera los datos abiertos como un activo clave para el desarrollo económico, la innovación digital y la buena gobernanza.

Según la Comisión Económica para América latina (Cepal), “Un Estado transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y bases de datos, y publica sus planes y estrategias de desarrollo, con lo cual da contenido a sus responsabilidades frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y una permanente vigilancia por parte de la sociedad y una mayor corresponsabilidad”. (Naser y Ramírez-Alujas, 2014).

Por otro lado, los datos abiertos crean nuevas oportunidades económicas para ciudadanos, organizaciones y la academia. El aumento de la transparencia y la información está estimulando el crecimiento económico, abriendo nuevos sectores y fomentando la innovación. La apertura de datos está creando nuevos empleos e innovadoras posibilidades de prosperidad.

Una política pública de apertura de datos permite nuevas posibilidades para resolver problemas históricos de la gestión pública, como la poca participación ciudadana en la formulación y evaluación de políticas públicas.

Los datos abiertos son una forma de empoderar a la ciudadanía, ya que permiten una toma de decisiones más informada y nuevas formas de movilización social. A su vez permiten al ciudadano exigir cambios en la administración del Estado al contar con información que les asegura una participación ciudadana más amplia en los asuntos públicos.

El Estado panameño tiene una enorme deuda social en temas de transparencia y publicación de datos sensibles de gobierno; para muestra, la imposibilidad de revisar a tiempo el estado financiero de la Caja de Seguro Social, o la completa opacidad que existe en el caso de la minera canadiense establecida en territorio nacional, o la nula publicación de datos abiertos que permitan la fiscalización ciudadana del presupuesto nacional, entre otros muchos temas sobre los cuales el Estado se ha negado a publicar datos.

La ciudadanía consciente debe estar atenta a que estos sensibles temas sean incluidos dentro del debate nacional hacia las próximas elecciones, y que el próximo gobierno se comprometa a elevar los niveles de transparencia y publicación de datos de gobierno, como parte de una nueva forma de gobernanza pública en la era pospandemia.