Crean subcomisión para analizar proyecto de ley sobre derecho a réplica en los medios de comunicación

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional creó una subcomisión para analizar el proyecto de Ley No.779, que modifica la Ley 22 del 29 de junio del 2005, con relación al derecho a réplica.

La misma será presidida por la diputada Corina Cano, y conformada por los diputados Luis Ernesto Carles y Roberto Ábrego. La comisión estableció un término de 10 días hábiles para su discusión, y será el próximo lunes la primera reunión en la que podrán participar dirigentes de los gremios periodísticos y sectores de la sociedad civil.

El presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames, hizo lectura de una nota enviada a nombre del Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, la Asociación Panameña de Radio y Difusión, y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, a la diputada Zulay Rodríguez, proponente de este proyecto de ley, con la intención de aclarar conceptos y alcances del derecho a réplica según lo establece la legislación vigente y exponer su punto de vista.

Los gremios periodísticos señalaron en la misiva que el derecho a réplica ya estaba normado para la república de Panamá por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que, a pesar de esto, con la Ley 22 del 2005 se establece una regulación ampliamente consensuada y respetada por todos los medios de comunicación panameños, así como los periodistas y otros profesionales que trabajan en esas empresas.

Indican que cada medio de comunicación ha establecido los mecanismos internos para cumplir con el derecho a réplica, “debe entenderse que el término otorgado por la Ley 22 del 2005 es de 48 horas prorrogables a 72, después de haber recibido la réplica. Este término permite al medio de comunicación conceder el espacio editorial con el debido tratamiento y la respuesta de ser necesaria la réplica”.

Explican que abreviar este término reducido le impediría al medio preparar sus descargos frente a lo que afirme la persona que se considera afectada. “Este sistema impone al medio de comunicación la obligación de divulgar o publicar la réplica“, indicaron.

Saúl Méndez, dirigente sindical, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, hizo uso de la palabra y manifestó que algunos medios de comunicación niegan el derecho de información y réplica, “sólo quieren hablar de censura cuando hay tipo de regulación desde los órganos del Estado, pero hay censuras privadas que no dan la posibilidad a los actores sociales a dar a conocer a través de la frecuencia pública de radio y televisión distintos puntos de vistas, e ideas y son censurados y eso tiene que regularse por parte del Estado, que es el que nos regula a todos”.

La proponente del proyecto de ley que reforma el derecho a réplica, la diputada Zulay Rodríguez, manifestó que la ciudadanía en general está pidiendo a gritos que haya un derecho a réplica, que no solo se escuche a una persona que tenga o mande sobre la línea editorial.

“Yo creo que vivimos en un Estado democrático, que todos debemos tener igualdad de oportunidades de ser escuchados, por eso se está pidiendo la revisión sobre la Ley N.22 para que no sea una autocensura mediática, que realmente las partes que han sido perseguidas, calumniadas e injuriadas, no se sientan que los medios de comunicación solamente quieren escuchar a una parte y a otra parte no”, sostuvo la diputada Rodríguez.

Este documento consta de dos artículos y establece la multa de $5,000 y hasta $10,000, a los medios de comunicación que se nieguen a cumplir la ley de derecho a réplica.

Actualmente la ley 22 del 2005 establece que las sanciones son de $500 a $5,000.

La ley 22 indica en uno de sus artículos que la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor conforme a las circunstancias especiales de cada casa, según la disponibilidad del medio.

Las multas pueden llegar a los $15,000 en el supuesto de que la noticia incluya la comisión de un hecho punible, es decir que la noticia se pruebe como falsa ante la autoridad competente.