El barrio de Chualluma en Bolivia, es único en la ciudad de La Paz ya que todas sus paredes están pintadas de colores que resaltan los rostros de las cholas,...
- 08/07/2022 00:00
- 08/07/2022 00:00
No. Para nada. Contrarrestar con paliativos no es ayudar. La situación actual es sumamente agobiante, y hasta podría considerarla absurda y sin sentido de parte del gobierno. Los expertos dicen que por el momento se puede hacer un ajuste a través del congelamiento hasta que se llegue al equilibrio esperado en el precio del combustible, y el gobierno se niega. Crece el descontento social. La clase media y los sectores populares piden un ajuste considerable para mejorar en algo su calidad de vida, pero ha sido imposible.
Muy mal. Algo no cuadra. El gobierno debe tener servidores públicos que sepan mediar ante las crisis. Y, si no los tiene, contratar a los que por su experiencia han logrado éxito en esta tarea. Lo otro es que el gobierno espera hasta el último momento para darse cuenta de que el pueblo está cansado y enfermo emocionalmente; su único alivio es salir a la calle a protestar. ¿Cuál es el resultado? El enfrentamiento entre la policía y el pueblo. Pueblo contra pueblo. Con este tipo de enfrentamientos más se disgusta el pueblo porque sale lastimado. Es por ello que los partidos políticos no repiten. El orgullo de que saben hacer las cosas y que son intocables, les obnubila la conciencia. Necesitamos con urgencia un buen liderazgo de parte del gobierno. Un liderazgo centrado en el humanismo. Nos falta ser más humildes, más cercanos a las necesidades del pueblo. No se quiere paliativos. Eso empobrece al ser humano en lo económico y en lo social, y acaba con la salud mental. Imposible que se le mejore su calidad de vida.
El congelamiento ha sido para algunos sectores de la población. ¿Y el resto? Se gobierna para toda la población. No se gobierna para unos cuantos sectores. Eso es absurdo. Y, ¿cuál ha sido la respuesta? El pueblo en la calle. ¿Cuál es el resultado? La represión. ¿La respuesta del pueblo? Falta de credibilidad en la gestión del gobierno. No salimos de este circulo vicioso.
El alza de los alimentos, de los medicamentos y el alto costo de la vida es inaudito y nadie lo controla. En estos momentos se hace fiesta con los precios. Nadie supervisa esta situación tan lamentable. Y por allí se asoma el incremento a la tarifa eléctrica. Hay que remar unidos para llegar a puerto seguro.
No creo. Tengo entendido que se hace la compra a futuro para evitar el desabastecimiento. Así es que, seguiremos llorando.
Antes de la pandemia, la sociedad panameña tenía varias crisis abiertas, y en proceso. La pandemia desarrolló las existentes y abrió otras. En esta perspectiva, la crisis de energéticos por sus características tiene la capacidad de integrar todas las crisis. No obstante, la crisis de energéticos de manera aislada no tiene ni puede tener solución a corto plazo, ya que esta crisis se vincula de manera estratégica a dos obstáculos estructurales de nuestra política pública: la existencia recurrente de una conducción en la política económico-social sin visión de conjunto, y el fuerte “halo de intocable” que tiene nuestra asimétrica estructura tributaria. Este gobierno ha optado por la acción política reactiva y focalizada. Esto es tratar cada crisis por separado y apostando a los subsidios y al endeudamiento, sin tener una visión integral de procesos. Con respecto al segundo, las exoneraciones, amnistías fiscales y una estructura histórica de privilegios y de impuestos regresivos, profundiza la desigualdad social y el descontento.
La encuesta de propósitos múltiples de la Contraloría mostraba para abril de 2022 la existencia de 737.922 empleos informales no agrícolas. Aproximadamente la mitad de cada 100 ocupados (48) están en la informalidad. En un año (2021-2022) este sector informal, aumentó en 60.047 personas. El mundo de la informalidad es un ámbito de la precariedad, de la inestabilidad, de bajísimos salarios cuando los hay, del desempleo disfrazado. Está claro que la empresa privada o el mercado –para decirlo en términos neoliberales–, por sí solo, no va a producir la reactivación económica si no cuenta con un plan estratégico o una plataforma programática de política pública para la reactivación. Movilizados por el descontento que produce la acción del gobierno, están los del magisterio, sindicatos, los cuenta propia, pequeños y medianos empresarios, los pobladores de los sectores comunitarios, en definitiva, el mundo de lo popular.
A nivel internacional el aumento del precio de los combustibles se suma a otras alzas, a las cuales Rusia contribuye en el mercado mundial, con una cuota importante: petróleo crudo, carbón, gas, aluminio, níquel, fertilizantes. El impacto de los incrementos de materias primas tiene consecuencias directas en los costos de producción de la mayoría de los productos cuya elaboración o transformación productiva requiere de estos insumos. El aumento de precio de los fertilizantes en el agro panameño es un ejemplo de este impacto. Un congelamiento en este contexto de encadenamientos a nivel internacional y local es insostenible, por el fuerte déficit fiscal y el alto costo en endeudamiento externo.
Un congelamiento de la tarifa energética en general, sin segmentar el subsidio por ámbitos de interés social y productivo, privilegiando especialmente los sectores vulnerables, sería un congelamiento que sirve a poderosos sectores acomodados y rentistas de nuestro país. Se requiere un riguroso criterio de segmentación social y productivo, y compensar el impacto con una política agresiva de recaudación fiscal progresiva. En el mediano y largo plazo, el diseño y conversión de las plantas energéticas debe estar en cualquier plan básico de reactivación, crecimiento y desarrollo.
Es iluso pensar que la disminución del precio del petróleo, producto de una definición tarifaria coyuntural, tenga impacto en el costo de vida del país. Mientras las condiciones a nivel internacional no varíen, aquí será tendencia el aumento. Hay que enfatizar que el congelamiento tarifario y los subsidios al complejo energético configuran un conjunto particular de categorías orientadas a la transferencia que realiza el Estado a diversos sectores y que tienen un impacto en el déficit fiscal. Déficit fiscal que se ha compensado de manera tradicional a través del endeudamiento externo, sin plantearse como problemática la asimétrica estructural y contribución fiscal.