Costa Rica, al borde de un apagón mediático

En una situación que amenaza la libertad de expresión y pone en riesgo el empleo de cientos de personas, las señales más populares de la radio y televisión costarricense podrían verse silenciadas en solo cuatro días.

El 28 de junio de 2024 vence el plazo de 20 años para operar las concesiones de uso del espectro radioeléctrico, que permiten funcionar a más de 100 radioemisoras y canales de televisión de forma abierta y gratuita.

De no mediar un acto administrativo por parte del gobierno costarricense, estas emisoras se verán obligadas a suspender sus transmisiones, generando un apagón mediático a nivel nacional.

La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) ha advertido sobre las graves consecuencias de esta situación, calificándola como un atentado contra la democracia en un país reconocido como la más antigua de la región latinoamericana.

A partir de ese día, los radios y las televisoras quedarán sin permisos para transmitir. Los operadores no estarán autorizados para seguir utilizando dicho bien. Como consecuencia deberán suspender las transmisiones de las radioemisoras y televisoras generando el apagón a nivel nacional, explicó la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), en una comunicación de prensa que llegó a las oficinas de La Estrella de Panamá.

“Esto es sumamente delicado pensar que en Costa Rica pudiesen algún día verse limitadas y amenazadas las transmisiones de radio y de televisión abierta. Es sumamente preocupante”, manifestó Gustavo Piedra, presidente de Canara, al diario Extra de Costa Rica.

El responsable – según el gremio de la industria de las comunicaciones – es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, que ha incurrido “en graves y reiteradas omisiones” para definir la situación jurídica de las concesiones del espectro radioeléctrico.

En diciembre de 2022, los concesionarios solicitaron la extensión de las concesiones de uso del espectro radioeléctrico.

Pero, dieciocho meses después no han recibido respuesta del poder Ejecutivo, que recae en manos del presidente, Rodrigo Chaves.

Pese a que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) emitió las recomendaciones de ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no ha resuelto ninguna de las solicitudes realizadas por los operadores.

Esto – según el gremio - genera inseguridad jurídica al no existir certeza de cómo resolverá finalmente el poder Ejecutivo costarricense el tema, explica el gremio.

La industria de las comunicaciones reclama que las concesiones mantienen una cláusula que establece la extensión o prórroga a los administradores.

El presidente Chaves, sin embargo, la ha obviado. El Gobierno de Costa Rica – según medios locales del país- propone prorrogar por un año las concesiones para “proteger la continuidad del servicio de radiodifusión sonora y televisiva a favor de los usuarios finales”, explica el diario digital CRHoy.com Noticias 24/7.

Pero, pasado ese periodo, podrían abrirse convocatorias para licitaciones, señaló una fuente del sector de las comunicaciones costarricense.

En virtud de lo anterior, Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) y Unión de Asociaciones de Radioemisoras de Centroamérica y el Caribe (UNARCA) expresan su profunda preocupación de que pueda darse en el hermano país de Costa Rica un apagón de los medios formales, privados e independientes; lo cual implicaría un grave perjuicio a la institucionalidad democrática en ese país.

La Defensoría de los Habitantes – en un comunicado emitido el 20 de junio de 2024 – explicó que Costa Rica sobresale, en el tema inversiones, por la seguridad jurídica.

Sin embargo, con respecto a las concesiones de radio y televisión, no se cuenta con la claridad requerida acerca de cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones.

Según la institución, a pocos días del vencimiento de las concesiones, el Gobierno anunció que prorrogará las mismas a través de un decreto ejecutivo. Pero – dice la institución- “al plantearse como una medida temporal genera incertidumbre en torno al derecho, en cuanto a su seguridad jurídica”.

Por ese motivo, la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para la Reforma Parcial al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva.

Además, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a adoptar un resolución pronta y oportuna que respete el marco jurídico y que permita al país continuar disfrutando de los contenidos que ofrecen la radio y televisión.