Contrato minero, a primer debate en la comisión de Comercio

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional retomará mañana la discusión, en primer debate, del proyecto de ley 1043, que establece el contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, anunció el diputado Roberto Ábrego, presidente de la comisión.

Luego de haber concluido el proceso de consultas ciudadanas y de hacer una visita a las instalaciones de la minera, lo que corresponde es entrar en la discusión en primer debate del proyecto, dijo Ábrego.

La comisión ya en medio del análisis de este contrato impulsado por el Órgano Ejecutivo, podrá considerar varias opciones, aprobar el proyecto, rechazarlo o solicitar el retiro del documento.

“Este primer debate va a ocurrir el jueves a las 10:00 de la mañana en el salón Azul de la Asamblea. Obviamente ahora el debate será entre los diputados que integran la comisión de Comercio y también podrán participar aquellos que no la integran”, precisó Ábrego.

Destacó que también esperan la participación de los directivos de entidades que producen impacto en esta discusión, como el ministro de Comercio, el ministro de Ambiente y el ministro de Salud, que serán invitados.

Ábrego agregó que la duración del debate va a depender de la participación de los diputados, ya que los 71 diputados que forman parte de la Asamblea Nacional, legalmente pueden participar”, señaló.

“Ya las consultas pasaron, fueron un elemento muy importante y las estamos tomando en cuenta y, en efecto, toda ley que se apruebe debe suponer una realidad social”, indicó.

Ante la posibilidad de que el proyecto de ley sea devuelto al Ejecutivo, el diputado manifestó que esa es una decisión única y exclusiva de los diputados de la comisión de Comercio, al igual que la posibilidad de que voten para suspender la discusión del proyecto en primer debate o hacer recomendaciones.

“Yo prefiero que se haga la reunión y que del debate surja cualquier posición, ya sea solicitándole al Ejecutivo que lo retire, que votemos a favor o en contra o que se suspenda la discusión en primer debate. El Ejecutivo también tiene la potestad de solicitar el retiro, pero otro escenario posible es pedirle al Ejecutivo que lo retire”, enfatizó.

Durante el periodo de consultas en donde intervinieron diversos sectores de la sociedad civil, hubo opiniones encontradas entre quienes están a favor del proyecto y quienes están en contra.

Luego de las consultas, en donde predominaron las voces de rechazo y las acciones de protesta en contra del contrato minero, varios de los ministros de Estado han flexibilizado su posición inicial.

Sin detallar si el Ejecutivo retiraría el proyecto, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, ha indicado que estaban contemplando todas las opciones y que estaban esperando que la comisión de Comercio cumpliera con la fase de visita a la mina, algo que se hizo el pasado 19 de septiembre.

Desde que sustentó el proyecto ante la Asamblea, Alfaro ha insistido en que este contrato es muy superior al contrato de 1997 y recordó que la operación minera ya existe y que el interés de la actual administración es subsanar el vacío legal existente tras la declaración de la inconstitucionalidad del contrato.

“Nosotros consideramos que este contrato es mejor que el heredado en 1997, el cual fue considerado inconstitucional. Lo digo en materia ambiental, laboral, fiscal, económica, pero sobre todo cómo se invertirán los fondos”, agregó.

Mientras que el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, luego de realizadas las consultas ciudadanas en la Asamblea expresó que existe la posibilidad de que el contrato sea retirado para ser nuevamente revisado.

“Lo más probable es que este contrato vaya a ser revisado; si en las consultas ciudadanas están saliendo temas que son recurrentes, como por ejemplo que aparezca la palabra expropiación; la propia Constitución ya contiene el tema y probablemente este sea un asunto que haya que corregir”, sostuvo Paredes.

Diputados de las bancadas opositoras e independiente han expresado su rechazo a este proyecto y han solicitado al Ejecutivo el retiro del mismo.