Contraloría y Antai compartirán avances del estudio de rendición de cuentas a los gobiernos locales

El contralor de la República, Gerardo Solís, y la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai), Elsa Fernández, compartirán los avances del estudio que realiza la Contraloría sobre los salarios, gastos de representación y de movilización de los alcaldes y representantes.

El estudio, según un comunicado, se dispuso hace 15 años, en 2007, pero las administraciones posteriores no lo ejecutaron permitiendo aumentos que llegaron hasta $5 mil en el 2019.

“Esta es una oportunidad de oro para saldar una deuda atrasada con el poder popular y los gobiernos locales”, expresó Solís en la nota.

La Antai emitió la circular No. 0012022, enviada a todos los alcaldes del país, donde les comunicó la obligación de publicación de subsidios, exoneraciones e información presupuestaria detallada, incluyendo los gastos de movilización.

“Lo importante para la Antai es promover una cultura de la transparencia y justamente con estas acciones estamos promoviendo que tanto alcaldes y representantes puedan rendir cuenta. El tema de acceso a la información es fundamental, sin acceso a la información no hay transparencia”, enfatizó Fernández.

El contralor, reiteró que “esta es una oportunidad para que nosotros podamos implementar una cultura de corrección y rendición de cuenta que estamos sembrando en la sociedad. Tener un buen gobierno e implementar cada día mejores prácticas y efectivas técnicas de administración pública”.

Mientras tanto, el director Nacional de Fiscalización, Jorge Quijada, comentó que “concluimos que, era necesario para nuestro equipo y para toda la comunidad nacional que se vea el esfuerzo que está haciendo la Antai, que comulga con la labor que hace la Contraloría en función de que es necesario llevar adelante una tarea permanente de mayor transparencia de la gestión pública”.

Recientemente, el contralor suspendió los pagos de gastos de movilización de los alcaldes y representantes, así como los pagos de gastos de representación arriba de los $3,500.

La medida fue dispuesta al instruir la revisión de los salarios, gastos de representación y movilización que lleva a cabo la Dirección Nacional de Fiscalización. Según la Contraloría, estas erogaciones venían ejecutándose por 15 años.

Los pagos fueron duramente criticados por la sociedad civil que defiende que dichas sumas son exageradas.