El candidato y el presidente

P anamá es el tercer país con la peor distribución de la riqueza en el mundo. Eso cambiará de la noche a la mañana si titulamos [las tierras] a todos aquellos que tienen derechos posesorios”.

“Contrario a la opinión de los gobiernos de los últimos 40 años, nosotros consideramos que el dueño de la tierra no es el Estado, sino el que la trabaja, vive en ella, la conserva o de cualquiera otra forma la ocupa, sin importar dónde la tierra está localizada, ya sea en islas, costas, etc”.

“Rechazamos enérgicamente la enmienda propuesta por el MEF donde quiere fijar un precio mínimo de 100 dólares por hectárea por tierras con derechos posesorios. La titulación de los derechos posesorios será totalmente gratis, expedita y en todo el territorio nacional”.

Estas citas son del candidato Ricardo Martinelli durante su campaña electoral. Todavía suenan bien.

Es cierto que en Panamá la brecha entre los que tienen y los que no tienen es grande y creciente. Es cierto también que con titular derechos posesorios, dando capital y acceso a crédito a casi un millón de ciudadanos que no tienen como acceder a un crédito, se puede comenzar a cerrarla. Además, siendo el candidato un hombre rico, la implicación es que sería mejor para todos, hasta para los ricos, si la distribución de riqueza fuera más equitativa. Son palabras de un líder sabio.

“La tierra es de quien la trabaja”, ha sido el lema de varias revoluciones en este continente. No culpo al candidato de tomarlo prestado. Ha retenido su frescura y fuerza, aunque haya pasado por bocas mentirosas. Y si la tierra no es del Estado, ¿qué derecho tiene el MEF de cobrar a su dueño para titularla? ¿Qué podemos pensar de aquellas citas, si vemos el proyecto de ley 71 que el presidente Martinelli ha pedido al MEF redactar, y a la bancada oficialista aprobar?

En el proyecto, el MEF insiste, con el pleno apoyo del Presidente, que en toda tierra no titulada es del Estado, y que los 100 balboas que el candidato encontró excesivos constituyen un precio irrisorio. El proyecto que el presidente propone, y que la Asamblea aprobó en primer debate, es lo inverso de lo que propuso Martinelli como candidato durante su campaña. Su propósito es subir el valor de tierra ya titulada —especialmente la de personas que tienen grandes extensiones de playa— por hacer difícil o imposible la titulación de derechos posesorios por los que no tienen poder económico. Su efecto será de abrir aún más la brecha entre los que tienen y los que no, y de complacer a los infelices que, teniendo millones, no pueden sentirse ricos sin tener alrededor gente que muere de hambre.

Si el proyecto se aprueba sin grandes modificaciones, tendremos que concluir que el candidato mentía, o que, al tomar posesión, experimentó una conversión milagrosa, como la de San Pablo en el camino hacia Damasco, de candidato singular y bienvenido a otro presidente común y corriente, como hemos aguantado últimamente.

En tal caso, como las citaciones del candidato suenan bien todavía, las oiremos recicladas en 2014.