Cambios constitucionales: La promesa que se repite en espiral

Reformas constitucionales y una nueva constitución han prometido los seis de los ochos candidatos a la Presidencia ante el Pacto de Estado por la Justicia.

Una promesa que ha revoleteado en las últimas tres campañas políticas.

El Pacto de Estado por la Justicia, creado durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y cuando se dieron las últimas reformas constitucionales, inicio las entrevistas a los candidatos presidenciales para conocer su plan de gobierno en materia de justicia.

Con la excepción de las candidatas por la libre postulación Zulay Rodríguez y Maribel Gordón que acudirán esta semana, el resto de los aspirantes a la Presidencia han desfilado por el Pacto con sus promesas.

José Gabriel Carrizo, abanderado de la alianza Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Molirena; Rómulo Roux, de Cambio Democrático y Panameñista; Martín Torrijos por el Partido Popular (PP); Ricardo Martinelli por Realizando Metas y Alianza, y Ricardo Lombana por Movimiento Otro Camino, manifestaron ante el Pacto introducir reformas constitucionales o una nueva Constitución Política.

¿Logrará el aspirante electo como presidente de la República cambios en la constitución o fracasará como ocurrió con la propuesta de Laurentino Cortizo?

Cortizo durante su candidatura presidencial de cara a las elecciones de mayo de 2019, prometió reformas puntuales a la Constitución, sin embargo la propuesta murió en la Asamblea Nacional.

En diciembre del 2019, se vio obligado a retirar el paquete de reformas a la Constitución tras las protestas masivas de varios sectores de la sociedad que la rechazaban porque supuestamente promovían la corrupción, facilitaban la impunidad y fomentaban la discriminación.

A juicio de Julio Villalobos, asesor de campañas políticas, las reformas constitucionales son promesas que los candidatos hacen sin que nadie se las pida.

Señaló que si el candidato lo plantea como un ideal de vida, podría cumplirlo; no obstante “si es por presión de sectores o como tema electoral para decir algo conveniente o cerrar una alianza política, seguro terminará traspapelada en algún depósito de despacho como ha ocurrido en los últimos gobiernos”, concluyó.

De acuerdo a Pedro Sittón, el que intente hacer cambios a la Constitución, deberá hacerlo en los primeros seis meses de gobierno, pero dependerá del método a utilizar. Además, dijo que deberá contener todas las fuerzas políticas “porque vamos a tener una Asamblea y una población muy dividida después del 5 de mayo de 2024”.

En la campaña electoral de 2014, el entonces candidato Juan Carlos Varela, quien ganó las elecciones, prometió reformas constituciones, sin embargo, no cumplió.

Uno de los aspectos que mas resalta en el debate sobre un cambio constitucional es la justicia especial para juzgar a diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La Constitución establece que los diputados son juzgado por la Corte Suprema de Justicia y los magistrados por la Asamblea Nacional. Un mecanismo que, según distintos sectores, genera impunidad y algunos candidatos presidenciales lo repiten constantemente.

Hay sectores de la sociedad civil que piden una nueva Constitución Política, a través de una Asamblea Constituyente originaria.

La Carta Magna establece la creación de una Asamblea Paralela para un cambio constitucional.

Martinelli ante su comparecencia al Pacto de Estado por la Justicia prometió una Asamblea Constituyente originaria. Lo hizo cinco días después que la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir el recurso de casación que había presentado su equipo de legal por la condena a 10 años y ocho meses por el caso New Business. Unos días después se asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá.

La Constitución Política data de 1972, cuando el país era gobernado por la dictadura militar, y ha sido cambiada, a través de los actos reformatorios de 1978, acto constitucional de 1983, los actos legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y el acto legislativo de 2004.