Defensoría del Pueblo es un botín político

La Defensoría del Pueblo se siente atrapada por las ataduras políticas con las que fue concebida en 1997, y que recaen, principalmente, en la falta de independencia.

‘Ha sido utilizada a conveniencia de las fuerzas políticas de turno, situación que ha mermado el trabajo consensuado por la sociedad civil', manifestó Joyce Araujo, secretaria General de la Defensoría del Pueblo.

Las presiones políticas se centran principalmente en nombramientos y en un presupuesto que la obliga a depender del Ejecutivo y la posterior aprobación de la Asamblea Nacional.

Araujo indicó que ‘estos nombramientos impuestos por los partidos políticos no cumplen con la formalidad que requiere una gestión laboral en materia de derechos humanos'.

Estos nombramientos llegan por referencia, por lo que la Defensoría optó por llegar a algunos acuerdos para incorporar la carrera administrativa para la selección del personal con el perfil mínimo sobre conocimiento de derechos humanos para que cuenten con las herramientas para trabajar adecuadamente en la institución.

El presupuesto de esta entidad asignado para 2019 es de $5 millones. Con este dinero es prácticamente imposible aumentar el personal especializado para atender las demandas de la ciudadanía y aumentar los salarios del personal, que desde el 2012 no ha variado.

Los Derechos Humanos, por lo general, ‘los violan los gobiernos. Por lo tanto, la Defensoría se enfrenta al Gobierno a la hora de implementar los convenios internacionales suscritos que se convierten en obligatorios para los funcionarios públicos. La Defensoría es el ente vigilante para ejercerlos', indicó Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

En definitiva, el rol del defensor es confrontativo con el gobierno, pero a la vez, ‘impedido' a la hora de velar por los intereses de los ciudadanos. Consultados señalaron que los derechos humanos no pueden estar sujetos a la voluntad política de un gobierno.

Hoy, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la institución pretende buscar apoyo de la sociedad civil para enfrentar los problemas institucionales y reclamos de grupos humanos de mayor vulnerabilidad de derechos.

Para ello, parte por la creación de un Consejo Consultivo, una deuda de la entidad, que se crea junto a organizaciones aliadas y que se resume en un espacio asesor técnico para los derechos humanos con la participación de la comunidad.

Dicho Consejo funcionará con especialistas ad honorem , denominados comisionados, designados provisionalmente. Estas figuras elegirán un Consejo Técnico con el objetivo de crear un apoyo permanente para la protección de los derechos humanos.

Aunado a esto, se busca la conformación de una Asamblea Ciudadana integrada por organizaciones sociales que defiendan los derechos humanos, aunque no necesariamente cuenten con personería jurídica.

A juicio de Lee, con estas estructuras, que podrían crearse a través de una resolución administrativa, se garantizaría la independencia. ‘La intención es encontrar un proceso para seleccionar estas personas para que asuman el rol', expresó Lee.

Aunado a esto, el organismo impulsa el establecimiento de un mecanismo para la protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos. Esto sería a través de un proyecto de Ley que deberá someter a la Asamblea Nacional. En países donde existe esta figura, que abarca a periodistas y a defensores cuyos derechos se ven vulnerados, la institución puede activar un mecanismo que brinde protección física, su reubicación u otra índole. Un programa que para garantizar su buen funcionamiento requerirá de un presupuesto especial.

Entre las necesidades presupuestales de la institución, añadió Araujo, se requiere de abogados remunerados de planta. Aunado una propia para estructurar las oficinas y tener un sitio de atención al usuario más amplio, o remodelar la actual.

POLÉMICA REAPERTURA DEL PENAL EN PUNTA COCO

El gobierno de Juan Carlos Varela decidió reactivar el traslado de privados de libertad de peligro extremo a la isla de Punta Coco en el Pacífico, a pesar de haber recibido dos advertencias sobre la violación de derechos humanos que representa la estancia de los reos en este lugar.

En marzo de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Gobierno que debía clausurar el penal debido a la falta de servicios médicos y la distancia de 66 millas por barco que tenían que viajar familiares y abogados de los reclusos para visitarlos.

En junio pasado, el Órgano Judicial ordenó el traslado de los privados de libertad de Punta Coco al Sistema Penitenciario Nacional después considerar ilegal su permanencia en ese sitio.

No obstante, el Ministerio de Gobierno informó este jueves que se ‘han efectuado las adecuaciones' que pidió la Corte para reabrir el ‘penal', y que la decisión se apega a las leyes del país.

Para el gobierno estas medidas son necesarias para conservar la seguridad pública, ya que desde que el Órgano Judicial ordenó el reintegro estos delincuentes al Sistema Penal,'la tendencia de delitos de homicidio saltó de -6 a +39', explica un comunicado del Ministerio de Gobierno'.

Entre las falencias encontradas en el penal, la Corte enumeró la inclusión de duchas que fueron incorporadas en el reducido espacio de la celda lo que imposibilita el aseo personal. Como segundo punto identificó que las regaderas no tenían presión de agua, que la instalación de abanicos, tomando en cuenta el tamaño de las celdas mantenían una contaminación auditiva constante. La Corte indicó que la cancha de basquetbol no podía ser utilizada por esparcimiento, toda vez que los reclusos mantienen diferentes horas de patio y durante ese tiempo deben lavar la ropa. También señaló su preocupación porque a los reclusos no se les permitía salir de la celda hasta por 3 días. El hacinamiento fue otro punto a considerar por los jueces.

Aunado a esto, examinó que en caso de cualquier emergencia médica suscitada dentro del penal, no contaba con atención para tratar su afectación y debán esperar hasta meses para conseguir medicamentos, según lo que habían expresado los reos. De hecho, si la emergencia se presentase en horas de la noche, el Servicio Nacional Aeronaval no tendría lanchas para una salida inmediata.

El abogado Kevin Moncada, apoderado de algunos privados de libertad, dijo no comprender la decisión del Gobierno en querer reactivar este sitio. ¿Para qué trasladarlos a una isla donde igualmente van a estar custodiados por la Fuerza Pública y no se cumple con los estándares internacionales?, se preguntó. Dijo que esta semana visitará el penal para confirmar que el gobierno haya efectuado los cambios señalados.

La Resolución 130 del 6 de diciembre de 2018 que reactiva el centro penal, repasa que ‘se le han hecho las adecuaciones requeridas para el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad', más no detalla cuáles estas correciones.

Durante el recorrido al penal que efectuó la Defensoría del Pueblo (2015) constató condiciones inhumanas y degradantes para los reos altamente peligrosos.

En dicha ocasión, recordó al Estado que es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles adscrito a la Defensoría del Pueblo que vela para evitar este tipo de situaciones en las cárceles.

Fernando Wing, director del Mecanismo Nacional Para la Prevención de la Tortura, manifestó que dará seguimiento al respeto de las garantías y derechos humanos de los internos y coadyuvarán con el Estado para su cumplimiento