Funcionarios borran la morosidad de empresario

PANAMÁ.. Los millones de dólares que adeudan los empresarios de la retención indebida de las cuotas obrero-patronales no solo se eliminan con una Ley de Moratoria.

Una investigación en la Agencia de David, Chiriquí, reveló una posible lesión patrimonial a la Caja de Seguro Social (CSS) por un monto de $11,788 de un solo empresario.

Auditoría de Ingresos de la CSS, mediante memo fechado el 6 de julio de este año, le remite los hallazgos al jefe Administrativo de la Agencia de Bugaba, José del C. Almengor, donde le expone que hubo deficiencia en la inscripción del patrono, eliminación de la morosidad y deficiencia en la presentación del cese de las operaciones del empresario.

Isabel Dixon, subjefa de Auditoría de Ingresos, firmante del documento, le exige a Almengor su versión del caso y le detalla las inconsistencias en el caso del empresario Ariel Miranda Vega.

‘NO SERÉ EL CONEJILLO DE INDIAS’

Según los documentos, Miranda Vega no es el único patrono beneficiado sin cumplir con las normas legales para la eliminación de la morosidad. José del C. Almengor recibió una misiva que lo ponía al tanto de irregularidades desde el 2 de octubre de 2009, dos días después de tomar posesión la administración de Guillermo Sáez Llorens.

El inspector patronal Soni Tapia le escribía a Almengor, con copia a otros funcionarios de más jerarquía, que ‘no seguiré ni un minuto más con esta asignación de procesar expediente para la eliminación posterior de un patrono en particular, ya que no seré el conejillo de indias de nadie: las razones ya todos las conocemos y no permitiré que se me cuestione por lesión patrimonial’.

Tapia detallaba que se estaba recibiendo incompleta la información de los empresarios, lo que dificultaba la investigación de la morosidad. Y enumera una serie de expedientes devueltos por no entender las recomendaciones que le pedían procesar.

CASO MIRANDA VEGA

José del C. Almengor, a su vez, emite una serie de memorandos a los funcionarios que manejaron el expediente de Miranda Vega, entre ellos Richard Caballero, Aleida de Portuguez, Jorge Araúz y Jorge López. El mensaje era el mismo: ‘...en la auditoría enviada por Dixon y en el informe de referencia citan hallazgos que se relacionan a posible responsabilidad de su parte. Le instruimos a revisar, evaluar y dar respuesta en el término que dispone el informe’.

FÓRMULA PARA BORRAR MOROSOS

Las revelaciones se exponen en tres partes. ‘La confección de la tarjeta presenta borrones en el renglón del nombre del patrono, en la fecha de inicio de operaciones, no tiene firma del representante legal, número de cédulas diferentes de una misma persona, firma de la tarjeta diferente a la de la cédula’.

También detalla que Richard Caballero, inspector de la sección de investigación de ingresos en la agencia de Bugaba, confeccionó sin autorización y sin sustentación el informe de eliminación de morosidad improcedente del empleador Ariel Miranda Vega, determinando que su empresa terminó relaciones laborales en febrero de 2008 y que la facturación de marzo a diciembre —$10,739.65 más los recargos por $1,047 que suman $11,786.96— eran improcedentes y recomendó la eliminación.

Finalmente, el informe detalla que no se efectuaron los trámites para la aplicación de la sanción por presentación tardía de carta de cese de operaciones. En el expediente que reposa en la sección de eliminaciones el formulario de cese de operaciones presentado por Miranda Vega no indica si el cierre es temporal o definitivo. Se recibió el expediente en Investigación de Ingresos omitiendo requisitos como carta solicitando inactividad, copia de los empleados liquidados, declaración de renta del último año, certificación municipal donde conste del cierre de la empresa.

PIDEN CÁRCEL

Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), señala que el caso de Bugaba se tiene que investigar, sancionar a los funcionarios de la CSS y al empresario que solicitó la eliminación de la morosidad con pena de cárcel.

Chavarría cuestiona que en vez de sancionar a los patronos que incurren en estas malas prácticas, la CSS los premió con una moratoria.