Las bases militares ante la historia

El 22 de diciembre de 1947, la Asamblea Nacional rechazó el convenio de bases presentado a su consideración por el gobierno provisional de Enrique A. Jiménez. En virtud de la cláusula X del tratado general de 1936 y en virtud de la existencia de una guerra mundial, Panamá había concedido a Estados Unidos el uso de más de 130 sitios militares.

El convenio que autorizó las bases establecía que las mismas debían ser desocupadas un año después del cese del conflicto bélico.

Pasó el año de la finalización de la guerra y Estados Unidos, pese a las reclamaciones panameñas, continuó ocupando las bases. Para legalizar la ocupación de hecho existente, los gobiernos de ambos países concibieron formalizar un nuevo acuerdo. En el pacto se reducía el número de bases y se indicó un nuevo periodo de ocupación. El nuevo convenio se firmó el día 10 de diciembre de 1947 y de inmediato se remitió para su consideración a la Asamblea Nacional.

A partir del 12 de diciembre de 1947, la Federación de Estudiantes de Panamá, el Frente Patriótico y posteriormente decenas de organizaciones políticas y cívicas iniciaron una movilización nacional para impedir la aprobación del nuevo entendimiento. Los sucesos violentos registrados el 12 de diciembre, los numerosos heridos y arrestos, enardecieron el sentimiento nacional y se forjó una gran cohesión en todo el país en contra de las nuevas disposiciones contractuales.

Era una sola divisa: ¡no más bases militares! En aquellas jornadas a nadie, ni siquiera a esa especie materialista que denominan los pragmáticos, se le ocurrió plantear tesis alguna en defensa del convenio. Nadie dijo que, por desocupar las bases militares diseminadas a lo largo de todo el territorio nacional, iban a caer sobre el país las siete plagas de Egipto y que la hambruna se iba a apoderar de todas las comunidades aledañas a los sitios de defensa. Predominó un sentimiento patriótico.

En las discusiones del convenio, ya en el seno de la Asamblea Nacional, los argumentos a favor del mismo obedecieron a otras tácticas, porque no se debe olvidar que en el país siempre surgen personajes nativos que se identifican con los intereses de Estados Unidos (Antecedentes: el desarme de la Policía Nacional, de 1915, el tratado Kellog-Alfaro de 1926, etc.) como el tratado general de 1936 establecía que solo en caso de conflagración mundial o de un peligro de guerra se podía acceder nuevas tierras y aguas para la defensa del Canal, entonces los “panameños” partidarios del acuerdo alegaban que las condiciones contractuales estaban dadas para que en diciembre de 1947 se dieran nuevas bases o se prorrogara el uso de las existentes porque “había un peligro de guerra inminente” es decir, se sostenía que los hechos ocurridos en la naciente guerra fría, tanto en Europa como en Asia, se adecuaban a lo que preveía el tratado general de 1936 como condición para conceder bases militares.

Aquel 22 de diciembre fue grandioso. Los estudiantes marchamos en la tarde a la Asamblea Nacional. El convenio sería sometido a votación en la sesión de ese día. Llenamos la plaza de Francia. Desde un balcón de una de las casas contiguas, ya al atardecer, dije a la masa estudiantil: “nadie debe retirarse. Debemos permanecer aquí hasta que se rechace el convenio. El que se retira es un traidor a la patria”. La reacción resultó superlativamente peligrosa porque de inmediato todos los estudiantes convirtieron las botellas de soda consumidas en armas potenciales. El hecho trascendió a lo interno de la Cámara y uno de sus miembros rogó que apaciguaremos los ánimos. Ya entrada la noche a las 9:59 p.m. el convenio fue rechazado por unanimidad. Cantamos el himno nacional y salimos en marcha llenos del más legítimo fervor patriótico, convencidos de la extraordinaria jornada rendida y caminamos por toda la central hasta Calidonia rodeados del saludo entusiasta de todo el pueblo que presenciaba el desfile. La emoción y el orgullo eran indescriptibles. A la altura del teatro Presidente giramos hacia la avenida Central y tomamos rumbo hacia el parque de Santa Ana. Allí abrí el acto con muchísimo entusiasmo y dije: “¡Hemos alcanzado la segunda independencia!” (Ver el Panamá América, edición del 23 de diciembre de 1947).

Las palabras dichas constituían el anhelo generacional de ir perfeccionando la soberanía de nuestra patria, nacida con algunos pecados veniales que han ido superando gracias a las penitencias del sacrificio. Y muy a pesar de las debilidades de la tradicional clase gobernante del país.

Años después, en 1955 se firmó un nuevo convenio con Estados Unidos, negociado por el gobierno de Remón, y entre líneas, en un anexo y sin que nadie lo advirtiese se volvió a entregar la base militar de Río Hato por un periodo de 15 años. Al vencerse el término de duración, fracasadas las conversaciones tal vez informales, en 1970 la base militar de Río Hato fue nuevamente desocupada. A partir de esa fecha solo quedaban como existentes las bases militares ubicadas dentro del territorio conocido como Zona del Canal. Pero para la gente pensante del país, incluso para Buneau-Varilla, las bases militares eran de hecho porque las fortificaciones previstas en el tratado general de 1903 eran propias de una obra civil, pues tal era el carácter del Canal. En el gobierno de Roberto F. Chiari, tal como se lee en la Memoria del canciller Galileo Solís, de 1964, se estableció un pensamiento oficial al respecto y se sostiene que las bases militares son de hecho, no autorizadas por el tratado de 1903, porque en realidad ellas están allí para la defensa de Estados Unidos o para la defensa continental y para todos los menesteres ofensivos propios de un enclave militar. Tal pensamiento oficial constituyó en su hora otro acto de afirmación nacional que nutrió de dignidad la lucha por el perfeccionamiento de nuestra independencia.

La República siguió envejeciendo y todo fue madurando para beneficio de los pueblos débiles. Las Naciones Unidas proclamaron el cese del colonialismo, el país panameño luego de los sucesos del 9 de enero de 1964 abandonó la línea revisionista y tomó la bandera abrogacionista postulada por los Institutores en su Congreso de 1936 y sustentada con talento para la misma época por el Dr. Publio A. Vázquez. No más revisionismo. La abrogación del tratado de 1903 era la consigna emblemática de los hombres decentes y patriotas de la comunidad panameña.

Se inician nuevas conversaciones y negociaciones durante los gobiernos de Chiari y de Robles. Tales intentos fallaron, el primero, el de Chiari, por tinterilladas diplomáticas del Gobierno de Estados Unidos, el segundo, concretado en los llamados proyectos tres en uno, por ser contrarios al mejor interés nacional.

Luego del cuartelazo de 1968 se iniciaron las negociaciones que terminaron con los tratados. Torrijos-Carter. Son un conjunto de acuerdos, algunos elaborados con un lenguaje ambiguo y farragoso, con enmiendas absolutamente impotables, con un pacto de neutralidad concebido a perpetuidad, antihistórico, por inversionista; otros con logros efectivos a largo plazo, y en cuanto a las bases militares, estas son legalizadas y, como decían sus gestores en señal de descarga: “pero le pusimos fecha de cumpleaños”. Sin embargo, lo que importa hoy es determinar si la fecha de cumpleaños a la presencia del ejército de Estados Unidos en Panamá fue una broma de alcance proselitista para ganar un plebiscito o si todo se hizo con el entendimiento de que las bases podrían ser sustituidas por otras eufemísticamente disfrazadas.

Por todo lo que viene expuesto, los que seguimos el hilo de la historia desde diciembre de 1947, pasando por enero de 1964 y por el año de 1967, sin olvidar el traspiés de 1955, y los que por lo mismo conocemos las retóricas negociadoras, decimos que negociar a estas alturas la continuación de las bases más allá del año 2000 constituye un truculento atentado en perjuicio de la buena fe del panameño.

Pero como estamos viviendo horas nonas, nada debe escapar a las observaciones o al análisis. El tema de las bases crece y hace crisis de manera paralela al proceso electoral estadounidense, de modo tal que el tema del Canal tan sensitivo a los republicanos no estuvo en la agenda del combate electoral. Las gestiones “exploratorias” apaciguaron los ímpetus de los adversarios de Clinton.

Una vez fue cerrado el debate presidencial, la Cancillería panameña declaró: “Las negociaciones no están en nuestra agenda.” Y el presidente de la República fue más enfático al manifestar que habrá bases solo hasta el año 2000.

Si todo ha sido simple fuego de salva o una táctica de la galantería diplomática como la usada en los balseros cubanos, entonces la tranquilidad debe retornar a todos.

Sea lo que fuere, lo importante es que las nuevas páginas de la historia están en blanco y únicamente se debe escribir en ellas todo cuanto perfeccione más y más la independencia nacional y todo lo que signifique fe de erratas a los acuerdos o cláusulas del Torrijos-Carter, que nos colocaron bajo el paraguas del Pentágono.

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.