El aumento de la planilla estatal y la estructura gubernamental, el debate

Sin duda ante el inminente proceso interno de elección del partido gobernante, buscan colocar a su membresía en puestos de trabajo para tratar de garantizar obtener votos a cambio. Una nefasta práctica clientelista que emplea recursos públicos para el beneficio de unos pocos.

Por supuesto que no, menos si muchos nombrados no cuentan con la capacidad mínima para desempeñar sus funciones; a algunos les basta con estar inscritos en el partido gobernante. Se observa el debilitamiento de la institucionalidad y al momento de efectuar trámites los procesos son dilatados y poco efectivos.

Anacrónica y poco efectiva. Se están destacando en crear nuevos ministerios que lejos de potenciar actividades solo son cascarones burocráticos para consolidar fuerzas políticas a lo interno del gobierno. Generaron el Ministerio de Cultura donde se aumentaron gastos y la situación de la cultura en nuestro país aún esta famélica; estuvieron envueltos en escándalos de corrupción y licitaciones opacas con beneficiarios muy específicos.  Ahora hablan de un ministerio de la mujer, cuando ni siquiera han sido capaces –en tres años de gobierno– de nombrar a una directora en el Instituto Nacional de la Mujer, que permanece con una directora encargada, limitada a operar con solo un 0,2% del presupuesto estatal, mientras aumentan los feminicidios y las muertes maternas en partos.

Falta de voluntad política para profesionalizar las instituciones. No les resulta conveniente a algunos cuantos brindarles mejores condiciones laborales a los funcionarios, como capacitaciones o estabilidad, si son utilizados como moneda de cambio por algunos líderes de partidos políticos.

Lo público y sus instituciones son necesarios, pero en Panamá han sido tomados por el clientelismo. Hay necesidad de que haya una verdadera carrera administrativa donde todos los puestos vayan a concurso, y donde las decisiones de lo que se hace con los fondos públicos pase por la participación ciudadana y un plan de desarrollo. He ahí algunos pasos en dirección correcta para reestructurar el Estado.

Es cierto que el Estado ha ampliado su cobertura de servicios, pero también es cierto que dicha ampliación no se ve reflejada en una mayor eficiencia ni calidad.

Según la Organización Internacional de Trabajo, nuestro sector público era el 19,9% de la fuerza laboral en 2019. O sea que prácticamente una quinta parte de los empleados son públicos. Creo que eso es demasiado. A manera de ejemplo, veamos la realidad sobre el porcentaje de la planilla estatal versus la cantidad de población de otros países de la región: Argentina, con una población estimada de 45 millones, el 16,9% de sus empleados son públicos. Costa Rica tiene 5 millones y el 13,9% de los trabajadores pertenece al sector público. Chile tiene 7,5 millones y el 12,4% de sus empleados labora en el Estado. Colombia tiene 50,3 millones y el 3,7% de sus empleados son públicos. México tiene 126 millones y el 11,5% de los trabajadores labora en el sector público.

Tiene que haber una mayor desconcentración y descentralización de esa cobertura de servicios. Pero esas decisiones, como cualquier otra decisión sobre políticas públicas, deben tomarse en función de datos reales y obedeciendo a criterios técnicos y científicos. La especulación no funciona si lo que se quiere es que haya una mejora continua de esa cobertura de servicios.

La despolitización y profesionalización no será posible mientras no se depure la estructura de personal con base en la demanda, se reasignen puestos y funciones donde realmente se necesitan y se efectúen los concursos debidamente.

La modernización del Estado es urgente. La pandemia nos demostró que es posible digitalizar trámites, pero aún falta demasiado por hacer. Por otro lado, desde hace años se viene hablando de una reingeniería del Estado, que haga más eficiente el gasto público, incluyendo la planilla estatal, para que dicho gasto se distribuya más equitativamente desde el punto de vista geográfico, mejorando el alcance y la calidad del servicio de acuerdo con las necesidades reales de la población y no de otro tipo de intereses.