Audiencia del caso New Business, en su último día

En el octavo día del juicio de New Business, la fiscalía pidió la pena máxima para el exmandatario Ricardo Martinelli y otros 12 acusados de blanqueo de capitales para la compra de Editora Panamá América (Epasa). Y la absolución para Salomón y Jack Btesh.

El fiscal Emeldo Márquez argumentó que los acusados merecen 12 años de cárcel, más el aumento de la mitad de la pena por los agravantes, lo que llevaría al exmandatario y al resto de los acusados a pagar hasta 18 años de cárcel si salen culpables.

Márquez en sus alegatos finales estableció que para la compra de la editora se usaron testaferros para esconder a los beneficiarios finales de las acciones. Además, se fraccionaron ingresos bancarios y se cobraron elevadas comisiones de contratos estatales inexistentes para comprar la editora.

El dinero –según la fiscalía– depositado en la sociedad “canasta” provenía de contratos estatales que habían sido otorgados a distintas sociedades anónimas. Y, según la investigación, el expresidente se encargó de solicitar el dinero a los contratistas.

Este tipo de conductas, según la fiscalía, están enmarcadas en el fallo del 16 de octubre de 2014 de la Corte Suprema de Justicia referente al blanqueo de capitales.

Martinelli es autor del delito de blanqueo porque transfirió fondos personalmente y por interpuesta persona dinero a la cuenta de New Business, aún conociendo que estos fondos correspondían a contratos del Estado con diferentes empresarios, estableció el fiscal.

Al mismo tiempo reiteró que el expresidente, con el 60%, es el accionista mayoritario de The Panama America Holdings Company (TPAHC), que es tenedor del 100% de Epasa. Y era quien además mantenía el control de la empresa que edita los diarios Crítica, Panamá América y Día a Día.

Pero la defensa del expresidente lo negó todo. Luis Eduardo Camacho González aseguró que su cliente solo es dueño del 29% de las acciones de los tres diarios, y que estas fueron adquiridas con dinero lícito procedente de sus cuentas personales.

Los accionistas mayoritarios –según el abogado– son miembros de la comunidad hebrea (Gabriel Btesh, Moisés Levy, Henri Mizrachi y Dani Cohen). Los mismos que estructuraron la compra de la editora e invitaron al expresidente a convertirse en accionista. “Martinelli no fue el artífice o planificador de Epasa” como lo ha querido establecer la fiscalía, dijo el abogado.

Camacho González mostró su incomodidad por la ausencia de los testigos protegidos “a los que no puedo interrogar” y lo que considera una vulneración al derecho de defensa. “Podría tratarse de testigos falsos e impostores”, dijo. .

En sus alegatos, la defensa del expresidente puso en duda los acuerdos de colaboración efectuados por Riccardo Francolini y Henri Mizrachi porque en su criterio fueron efectuados con “engaños” para culpar a su cliente. Camacho González incluso deja entrever que ambos podrían ser los testigos protegidos, quienes precisamente estuvieron ausentes en el juicio con excusas de incapacidad y viajes, a pesar de que tenían participación directa en actos ilícitos.

Por último, la defensa pidió una sentencia absolutoria para su cliente argumentando que no se escondió, no se colocó ni estratificó dinero.

La defensa de los empresarios acusados de otorgar un porcentaje de los anticipos de los contratos alude que no han causado reparos ni lesiones patrimoniales. De acuerdo con la defensa, se ha demostrado que se ha cumplido y entregado las obras contratadas. Y que no hubo ningún tipo de ilícito ni mucho menos blanqueo de activos. Con este argumento, los defensores intentan establecer que la teoría de la fiscalía no tiene asidero legal.