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- 20/05/2013 02:00
- 20/05/2013 02:00
PANAMÁ. En medio de las sanciones que ha recibido la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos (SONDA), por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el gerente de la empresa, Daniel Guerra, dejó su cargo.
La renuncia del gerente de la empresa que se encarga de la recaudación del costo que pagan los usuarios por el servicio, la venta de las tarjetas prepagadas, el manejo de la red que se encarga de la recaudación, así como de administrar los pagos que hace el Estado panameño a la empresa Metrobús, prestataria del servicio de transporte en los distritos de Panamá y San Miguelito, se dio hace más de cuatro días.
Roberto Moreno, director de la ATTT, le restó importancia a la dimisión de Guerra. ‘Como empresa privada deben tener su funcionamiento y buscar sus directivos correspondientes’, explicó el funcionario.
Con la salida de Guerra de la gerencia de SONDA, la inspección en la urbe que tiene programada al ATTT para el día de hoy no se detendrá. Los inspectores de la ATTT verificarán si la empresa cumple con los mil puntos establecidos en el contrato. De no pasar esta prueba, se iniciará el cobro diario de $2 mil 80 dólares.
Moreno reconoció que la empresa ha abierto muchos puntos, pero hoy verificarán si cumplen con el contrato.
Por su parte, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, reaccionó a la decisión que tomó Guerra y dijo desconocer los motivos que generaron la salida del directivo de Sonda.
Aclaró que la empresa debe ser responsable y cumplir las normas del contrato, refiriéndose a los puntos de venta.
DEMANDA CONTRA SONDA
La multa de $1,148 que le interpuso la ATTT no es lo único que está enfrentando la empresa SONDA. En la Corte Suprema de Justicia se ha interpuesto una demanda para anular el contrato de esta con el Estado panameño.
El abogado Víctor Martínez, quien presentó la denuncia de nulidad en representación de un grupo de usuarios del transporte público, pretende que se declare ilegal el contrato con la empresa que es la encargada de administrar financieramente la concesión administrativa del servicio del Metrobús.
Según ha explicado el abogado, la solicitud de nulidad del acuerdo se fundamenta en que la empresa, como ente recaudador, no está corriendo ningún riesgo en la operación.