Apede pide al Ejecutivo retirar el proyecto de ley No. 1031 y a los diputados suspender su discusión

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió al Órgano Ejecutivo retirar de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 1031 de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, para promover una amplia discusión de la iniciativa, que está regulada en la Constitución, y a los diputados de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales suspender la discusión, según destaca en su comunicado de este viernes 8 de septiembre.

El punto de vista de la Apede se suma a las consideraciones que recientemente reveló el titular de la Procuraduría de la Administración, Rigoberto González, de que no hay premura en reemplazar la actual ley de transparencia.

En la nota, la Apede destaca el derecho al acceso a la información pública es una herramienta esencial para que en repúblicas democráticas como la de Panamá, los ciudadanos puedan ejercer el debido control al poder público.

Ante lo antes expuesto, la Apede dijo que ve “con preocupación que el Órgano Ejecutivo haya presentado ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 1031 de 2023, con el que pretende derogar la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 conocida como Ley de Transparencia, la que fue producto de una amplia consulta con todos los sectores de la sociedad, lo que produjo un documento que fue consensuado, aprobado y sancionado de manera inmediata, legitimando su aplicación durante sus más de 20 años de vigencia en el país”.

“Dicha Ley No. 6 de 2002 fue pionera en América Latina y durante estos años de vigencia ha sido instrumental para mejorar la calidad de la democracia y gobernanza en nuestro país, ya que, por un lado, las instituciones del Estado se vieron obligadas a ser más transparentes en su ejecutoria y por el otro, los ciudadanos han podido informarse de primera mano y supervisar el destino, y uso de los fondos públicos”, indican en su escrito.

Apuntan a que el proyecto de ley No. 1031, en vez de crear nuevas acciones e instrumentos para actualizar y mejorar la Ley No. 6 de 2002, crea un nuevo sistema concentrado para el manejo de información pública, en el que la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) se erige como un ente central que controla desde la petición de la información hasta su incumplimiento, dotándole de una amplia discrecionalidad, lo que no compagina con los criterios internacionales para la prevención y lucha contra la corrupción.

En términos más concretos la Apede consideró que el proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo y que actualmente se encuentra en la Asamblea contiene serios retrocesos en materia de transparencia ya que: