Escándalo de títulos falsos salpica a Anati

Como un acto de corrupción en la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) califican abogados de la provincia de Chiriquí lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Los planos de tres fincas, la 3685, 3686 y 3687, ubicadas en Pedregalito de Boquerón, a orillas del río Piedra, que aparecen inscritas desde el 11 de marzo de 1957 en el Plano 10-1384, en su momento a nombre de Micaela Rojas, han sido cambiados y las tierras, vendidas de manera fraudulenta y sin que sus verdaderos dueños tuvieran conocimiento.

Esta situación sorprendió a Hernán Coba, que al tratar de hacer inversiones en 2014 en estas fincas, se enteró de que se habían hecho desgloses y posterior segregación para sí a nombre de José Gallardo, pero con sellos y anuencia de la Anati que pasaban por encima de planos a nombre de otra persona, ajena a quienes hacían los trámites.

José María Lezcano, abogado que denuncia lo que califica como ‘corrupción', asegura que al conocerse el hecho se interpusieron demandas ante las autoridades con las pruebas correspondientes, pero la Anati siguió interviniendo, a pesar de no contar con el marco legal para ello.

PROCESO DE TIERRAS

Las versiones de cada una de las afectados en el proceso

José María Lezcano, abogado que denuncia este hecho calificado como ‘corrupción'.

La Anati también aclaró que se ha respetado la titulación de tierras en Chiriquí.

Lezcano informó que el 23 de marzo de 2016, mediante la nota C-29-16 dirigida al director nacional Carlos González, la Procuraduría de la Administración recomendó a la Anati ‘la emisión de una resolución donde se inhibiera de conocer las revocatorias de títulos inscritos en el Registro Público, por falta de competencia, toda vez que al tratarse de un inmueble de propiedad privada, su inscripción en el Registro Público solamente puede ser cancelada por los tribunales ordinarios mediante un auto de sentencia ejecutoriada de conformidad con el artículo 1784 del Código Civil'.

La nota de la Procuraduría hace referencia al artículo 62 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000 y la modificación por el artículo 3 de la Ley 62 del 23 octubre del 2009 que refiere que ‘las entidades públicas solo podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, si fuese emitida sin competencia para ello; cuando el beneficiario haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerlas; si el afectado consiente en la revocatoria o cuando así lo disponga una norma especial'.

Para el abogado demandante, la Anati desconoció la referida nota y pasó por encima de la misma ley que regula dicha entidad, cometiendo delito de extralimitación de funciones y ‘dejando ver corrupción de funcionarios'.

El jurista recordó que se interpuso un recurso y el Tribunal Superior, a cargo de la magistrada Carmen Luz De Gracia, dictó la prescripción del caso con sobreseimiento definitivo, a pesar de que se habían aportado las pruebas necesarias, sin llamar a declarar a los afectados por el fraude de títulos falsos aprobados en complicidad por funcionarios de Anati.

Los afectados son Hernán Coba y la empresa Tierra de Bágala, S.A.

Actualmente, los demandantes han interpuesto un proceso penal por el delito contra la administración pública en contra de Carlos González, director de Anati, y sus subalternos Roger González, Julio Cáceres, Eusebio Vergara, Indira del Carmen Herrera, Kenis Omar Espinoza, Edgardo Radamés Sánchez, José Manuel Gallardo y las empresas de estos tres últimos, detalla el abogado Lezcano.

El defensor de los afectados señala que se han atrevido a denunciar porque ‘no es la primera vez que se dan este tipo de cosas en dicha institución, en perjuicio de personas humildes y en beneficio del poder económico'.

ANATI RESPONDE

Tras el escándalo, la Anati publicó en su cuenta de Twitter que mediante una resolución de diciembre del 2017 se inhiben —por falta de competencia— ‘del conocimiento de la solicitud de cancelación de adjudicación de títulos, ya que es potestad de las partes seguir su curso ante la esfera judicial, toda vez que Anati tiene facultad solo para revocar de oficio sus propios actos'.

‘Cabe destacar que en esta institución se da término a todos aquellos trámites que cumplan con los requisitos que establecen las leyes de l a República de Panamá, por lo que no admitimos declaraciones falsas y mal intencionadas contra esta entidad gubernamental', agrega el comunicado oficial que circuló a través de las redes sociales.

La Anati reiteró al final del mismo documento que se ha respetado la titulación de tierras en Chiriquí.