Contratación de Tocumen ‘amerita investigación'

Un ‘evidente conflicto de interés que debe ser investigado por las autoridades judiciales' está detrás de una concesión que otorgó la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen (Aitsa) a la sociedad Aerojato de Panamá, S.A., cuyo director y presidente es Ricardo Zubieta Arias, advierten abogados consultados por La Estrella de Panamá .

Los conflictos de intereses son uno de los problemas más severos de la administración pública, donde las autoridades otorgan a socios, amigos e incluso a sí mismas contratos estatales. ‘Es un tema antiético, pero más allá, es una lesión al Estado y al país y tiene que ser controlados', advierte el politólogo Richard Morales.

Presidente de Tocumen S.A. entregó contrato a su mano derecha

El profesional reacciona ante la adjudicación de una concesión para la explotación del negocio de operador de base fija (FBO), que realizó la Junta Directiva de Aitsa, que preside Dulcidio De La Guardia, a Aerojato de Panamá, S.A., cuyo director y presidente es Ricardo Zubieta Arias, cuando ambos laboraban en el Ministerio de Economía y Finanzas como ministro y jefe de gabinete, respectivamente.

Es un abuso de poder y extralimitación de funciones favorecer a socios y amigos con contratos estatales, agregó Morales. Considera, además, que la política de la ‘puerta giratoria', donde los funcionarios salen del gobierno para trabajar en empresas creadas por ellos mismos mientras laboraban en el gobierno, es recurrente.

El abogado Juan Carlos Araúz coincide con Morales en que el concepto de conflictos de interés es una tarea pendiente que debe ser regulada. ‘La contratación de bienes y servicios con el Estado es una realidad que depende únicamente de la cercanía al gobierno de turno', agregó Araúz.

El jurista considera que las publicaciones del diario dan paso a la apertura de una investigación penal que permita determinar si hubo o no tráfico de influencias en dicha contratación.

‘Al margen del conflicto de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), se trata de verificar si la ley panameña se cumplió en las citadas contrataciones', concluyó el jurista.

José Álvarez, abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), comparte la postura de Araúz. La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, debe abrir un proceso de investigación que permita aclarar cómo se dio la contratación de la empresa de Zubieta Arias en la terminal aérea del país.

Álvarez indicó que estas situaciones ‘dejan mucho que decir sobre la transparencia en la gestión gubernamental'. Según el expresidente del gremio de juristas, es evidente la existencia de un conflicto de interés entre el presidente de Aerojato y el de Tocumen, quien era su jefe en el Ministerio de Economía y Finanzas. ‘El exministro nunca debió permitir que este contrato existiera', consideró Álvarez.

Recuerda que Zubieta Arias es miembro de un movimiento que promueve la transparencia, la honradez y altos estándares éticos en las contrataciones públicas. ‘Es evidente el doble discurso. Cuando llegan al gobierno, primero son sus intereses privados que los de los panameños y los del Estado', zanjó.

Esta rotativa insistió en indagar la postura de la zarina anticorrupción, Angélica Maytín, pero estaba ‘indispuesta'. Así mismo, se hizo los esfuerzos para contactar a uno de los miembros del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), del que fue fundador y directivo Zubieta Arias.