Ambientalistas exigen a la AMP investigación y control sobre el Sea Lion y actividad petrolera

“Se tiene información de que esta nave (Sea Lion) tiene (...) alrededor de 3 años de estar anclada en la Bahía de Taboga y un derrame hace 12 meses”, destacó Harley Mitchell, abogado ambientalista.“

“A Sea Energy, propietaria de la nave Sea Lion, le fue revocada su licencia hace un año por su responsabilidad en el derrame cercano al Canal de Panamá, pero hoy cuenta con nueva licencia expedida por la AMP”, señaló el jurista.

En los últimos días un derrame de combustible en la Isla Taboga ha teñido las cosas y especies marinas de una sustancia negra pegajosa con hidrocarburos y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha sido incapaz de reconocer su procedencia, afectando directamente a la isla.

Los moradores denunciaron como potencial responsable de este incidente a la barcaza Sea Lion, propiedad de la empresa Sea Energy que se encuentra abandonada en la bahía, por la isla de Taboga y que fue la causante de un derrame de 250 mil galones de combustible en junio de 2020, en la entrada Pacífica del Canal de Panamá.

“La atención de lo que está sucediendo en Taboga es pobre, podríamos tener una mejor respuesta con mejor equipo (... } Hubo un derrame y necesitamos saber quién estaba despachando combustible, a qué hora, a qué barco y que tipo de combustible y que naves están estacionadas con algún tipo de problemas reportados que pudieron producir el derrame que ocurrió. Hay muchas preguntas que responder”, sentenció Ricardo Wong, quien preside la Fundación para la Protección del Mar (PROMAR).

Mitchell señaló que la AMP como la autoridad regente en materia de navegación dentro de las aguas nacionales es la principal responsable, ya que se tiene información de que esta nave tiene más de 5 años sin ir a dique a mantenimiento y ha permanecido anclada durante los últimos 3 años en aguas panameñas y ya provoco un derrame a pesar de su inactividad, ya que porta residuos oleosos de distintas categorías y niveles de peligrosidad.

La falta de fiscalización, control y aplicación de las normas existentes, así como de un plan de prevención en materia de derrames de hidrocarburos por parte del Gobierno Nacional, ha provocado que continúen registrándose graves casos de contaminación marítima, tal como el ocurrido recientemente en la isla de Taboga, según denunciaron dirigentes de diferentes organizaciones ambientalistas del país.

Wong, por su parte, indicó que lA AMP debe tener un protocolo de derrames conforme a lo que establecen las normas internacionales. Sin embargo, la percepción que hay es que existe un vacío en este tema porque en los anteriores derrames que se han registrado en el país no ha existido una atención temprana y ese es el primer error que debe ser corregido.

“El derrame de sustancia oleosa en aguas tabogueñas se relaciona con la peligrosidad de buques que ya han incurrido en esta situación y que se encuentran en sus inmediaciones, como la nave tanquera, Sea Lion, la cual ya protagonizó un evento similar, sin mayores consecuencias aparentes, ya que aún es un peligro claro para Taboga y la fauna y flora regional” dijo Mitchell, quien denunció además, que naves como estas están navegando en aguas panameñas, las cuales tienen una antigüedad importante y que trasiegan combustible ilegalmente con un monocasco o casco único, situación prohibida por la normativa nacional e internacional, así que se tienen bastantes situaciones negativas en esta materia.

En tanto Wong, señaló que si esta nave está anclada en Taboga hay mucha investigación que hacer para determinar si cuenta con el permiso para estar anclada y determinar si tuvo algún movimiento.

“Los ciudadanos de Taboga deben exigir el informe del incidente y hacerlo público para que se tomen las medidas y evitar que haya un futuro incidente con el impacto que tuvo este”, sostuvo.

Sea Energy fue sancionada con la revocación de su licencia por su responsabilidad directa con el derrame de petróleo ocurrido hace un año en la entrada del Canal de Panamá. En ese momento la nave contaba con un permiso provisional de operación que fue concedido por las autoridades, sin embargo, a pesar de esta situación se conoció que la empresa cuenta nuevamente con licencia, lo que ha puesto en estado de alerta a los moradores de la Isla de Taboga, ya que ellos dependen del mar y este derrame provoca graves afectaciones al medio marino y a sus actividades comerciales, turísticas y pesqueras.

Ricardo Wong de PROMAR, indicó que la limpieza se hace, pero con esto no se remedia la situación, porque solo se recoge lo visual y hay otra contaminación que es la biológica y esa conlleva acciones que son más largas en el tiempo.

“Aquí ha habido derrames en varios lugares, pero actualmente no hay nadie que esté haciendo estudios o el seguimiento de los daños de estos derrames han provocado. Hay que prevenir en un futuro accidente pues a medida que tengamos más tráfico y tránsito de barcos las probabilidades de que ocurra un accidente son más graves, por lo tanto debemos estar preparados para esto “, apuntó.

A través de un comunicado la AMP, informó que está realizando la actualización de las cartas náuticas de papel y electrónicas para establecer una zona de no anclaje alrededor de Isla Taboga, así como nuevas zonas de anclaje alternas para la realización de operaciones de suministro de combustible y operaciones de transferencia barco a barco.

En ese sentido, Harley Mitchell sostuvo que esta zona de no anclaje es una medida reactiva apresurada, para quedar bien y para tapar el incumplimiento de otras medidas y tampoco existe la garantía de que esta zona de no anclaje se vaya a respetar. “El fondeo de combustible no debió de darse en el sitio donde se dio, está bien que declaren zona de no anclaje, pero tienen que hacerla cumplir porque si no pueden declarar una ley marcial en todo el territorio de la república y esto va a seguir igual”, dijo.

Señaló que la AMP debe implementar todas las regulaciones nacionales e internacionales para reducir los riesgos y la incidencia de estos siniestros de modo que las comunidades ribereñas no sigan sufriendo negligencias de estas empresas.

“El relajamiento de las normas jurídicas, destinadas a evitar estos accidentes es el común denominador de estos hechos”, afirmó.