Albergues: Los avances y los retos de un sistema

En febrero de 2021, el trato que recibían los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que permanecían institucionalizados en albergues en Panamá dio la vuelta al mundo. Los medios se hicieron eco de uno de los escándalos más sensitivos, que desnudaban las debilidades del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Panamá. Se escuchó de abusos sexuales, malos tratos, expedientes apilados en cajas y olvidados por años en las oficinas del ente regente, carga laboral en los juzgados competentes que impedía el seguimiento de cada caso, evaluaciones tardías de especialistas sobre la dinámica familiar y del sujeto en cuestión, y contando.

Este medio recogió historias de jóvenes que narraron sus experiencias en los albergues: La de Eve (nombre ficticio), una menor que fue violada en uno de los albergues y al no recibir la atención terapéutica indicada intentó quitarse la vida. O la de Yariela Herrera, quien pasó toda su infancia y adolescencia en varios albergues del país, tratando de encontrar una razón a su situación, ya que el sistema judicial tardó 15 años en resolver la patria potestad de sus padres, para cuando lo hizo ya había cumplido 17 años. O el ‘hijo del Estado’ sin identidad, un niño abandonado por su madre a los nueve años que pasó desapercibido para el sistema los primeros 15 años de su vida sin poder estudiar, hasta que el director del albergue lo inscribió en el registro bajo el nombre de Carlos Peñaloza.

La publicación de éstas y otras experiencias remecieron el sistema y sirvieron para iniciar cambios. El primer paso consistió en hacer un plan de acción con un equipo multidisciplinario comprometido con el trabajo para desinstitucionalizar a los niños, egresarlos de forma segura de los Centros de Protección.

Para ello, la entonces ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo conformó un equipo, denominado ‘grupo Elite’, integrado por 35 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales que trabajaron de forma continua los últimos tres años para liderar el proceso de transformación. Una de las primeras acciones consistió en crear la comisión de monitoreo y evaluación de los albergues con un grupo interdisciplinario, encargado de visitar periódicamente los albergues, hablar con los NNA y revisar la infraestructura.

Actualmente existen 50 centros de protección de los cuales 3 son propios de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf), 4 están bajo custodia del Ministerio de Desarrollo Social y los 43 restantes auspiciados por organizaciones no gubernamentales o privados. La Senniaf tiene bajo el sistema de protección, como ente rector, 1,053 NNAs institucionalizados en centros de protección a nivel nacional, de ellos 653 niñas y 400 son niños. Sin embargo, maneja 1122 casos activos, la diferencia numérica radica en que algunos se encuentran en hogares acogentes, otros con su familia biológica o extendida, según la explicación que brindó la entidad.

Si bien uno de los problemas más relevantes se centraba en el tiempo de estadía de los muchachos, no parecían tener día de salida. En la actualidad, el periodo de estadía es variable y depende mucho de las características de cada caso, explicó la Senniaf a La Estrella de Panamá sin establecer un tiempo promedio.

Del papel a la digitalización

El monitoreo de cada NNA se apoya en la creación de un expediente único, capaz de registrar la trayectoria de la persona y unificar dicha información con los centros de protección. Antes, este procedimiento se hacía a mano y los datos diferían entre la Senniaf, el Ministerio de Desarrollo Social y el albergue o centro de protección. En muchas ocasiones los niños ingresaban sin datos básicos, como su nombre o el de los padres, domicilio. “Algunos niños ni siquiera tenían expediente, no existían del todo para la Senniaf, era un desorden completo”, reconoce De La Guardia, oficial de Protección de Niñez de Unicef Panamá. El diseño fue complejo porque se tomaron en cuenta procedimientos estándares internacionales para llevarlos a una plataforma informática recién lanzada, denominada ‘Primero Panamá’. El sistema logra una mayor celeridad en el avance de los casos, logrando que los NNAs permanezcan menos tiempo en centros de protección. Hace un mes se elevó a nivel nacional. Gracias a estos avances, en tres años se logró el egreso del 36% de los niños que estaban institucionalizados.

El paso a la digitalización fue esencial. De acuerdo a la Senniaf se ha logrado un avance del 100% de los registros, aunque Unicef mencionó que se completó un 50% a nivel nacional. Una metodología inédita en Panamá que interviene directamente en la situación del menor y su familia. “Fue un paso vital, ya que antes de esta digitalización los expedientes se archivaban por años”, explicó De La Guardia a La Estrella de Panamá. Los niños entraban a los albergues, pero no salían. Muchas familias entregaban voluntariamente a sus hijos agobiados por la pobreza, otras veces la situación de maltrato ocasionaba la imposición de medidas de protección por parte de los juzgados. Los NNA ingresaban a los albergues, pero a falta de comunicación interinstitucional, que aún hace falta mejorar, no se daba seguimiento al caso y en muchas ocasiones los NNA egresaban cuando cumplían la mayoría de edad, como le sucedió a Yariela Herrera.

El expediente único pareciera una advertencia de que el paso por un albergue no es eterno. Archivo, que según Unicef, aún no se han sumado los albergues particulares. Consta de dos secciones, la primera corresponde a la información vital del NNA y de la familia, lo que permite entender la situación específica de la persona. La segunda es un plan de egreso. “La idea es que el niño pueda retornar a su familia de origen una vez solventada la situación que lo empujó a ingresar, que pueda estar con una familia de acogida, o en última instancia ser adoptado”, resume De La Guardia.

Al final la idea es terminar con los albergues, como pasa en la mayoría de los países desarrollados. Por más estandarizados, estos centros causan un daño a los niños porque les impide crear vínculos de apego para desarrollarse en la vida. “Tiene un impacto a largo plazo en la vida de los niños, incluso presentan problemas de identidad”, ejemplifica Gina De La Guardia.

Entre los logros, se menciona la constitución del equipo Elite especializado para la gestión de casos de niños en protección. Aunado al egreso seguro de los albergues, y que se han dado los primeros pasos en prevención de la separación familiar y fortalecimiento de las familias de origen. Éste último tema es lo que dará resultados significativos en el tiempo.

Entre los grandes desafíos, De La Guardia recalca la sostenibilidad de lo alcanzado. Esto resulta un verdadero reto. Además, dotar de recursos económicos a Senniaf, el desarrollo e implementación de la Ley 285 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, lo que permitirá avanzar en términos de derechos de la niñez.

Otro asunto no superado es el control de la puerta de entrada a los centros de protección. En este sentido, se requiere de una sostenibilidad de los procesos, trabajar con los padres de los niños y lograr un cambio de comportamiento social para la no violencia. “Hablamos de cambios muy profundos. No podemos seguir trabajando en la superficie, hay que ir al fondo del problema”, reflexiona De La Guardia.

La razón principal por la que un NNA ingresa a un centro de protección, explica Senniaf, es porque sus derechos han sido vulnerados. Hay un abanico de situaciones como negligencia parental, violación, maltrato, descuido y la falta de atención de su familia o cuidadores. Otros ingresan por desnutrición o en la temporada escolar, para NNAs cuyos colegios están ubicados lejos de su residencia.

Aunado a lo anterior, hace falta incrementar el número de familias acogentes, una estancia temporal similar a un hogar seguro para NNA mientras regresan a su casa. De La Guardia identifica algunas barreras que impiden sumar a más familias. Por ejemplo, “la Senniaf les pide aprobar un curso como 40 horas sobre primeros auxilios, no hay una familia dispuesta a eso”, señala. En la base de datos de Senniaf se tiene registro de 26 familias acogentes, 19 de ellas fungen actualmente como hogares para 21 NNAs, el resto no están activos por temas médicos o falta de disponibilidad actual, luego de otorgada la idoneidad.

Las familias también se enfrentan con asuntos burocráticos que deben flexibilizar. Además sembrar empatía. “La percepción general es que los niños que están en los albergues son peligrosos” señala la oficial. Pero, muchos de ellos ingresan por problemas de desnutrición, pobreza o en temporada escolar por la cercanía al centro educativo.

El presupuesto de la Senniaf para 2024 es de $7.5 millones, casi un tercio más que el monto asignado en 2022. La idea era aumentar el personal profesional idóneo para cubrir las necesidades. De 2023 a 2024, se han incorporado un total de 42 colaboradores nuevos, de los cuales 13 son abogados, 14 son psicólogos y 15 trabajadores sociales.

Un tema que preocupa a Unicef es la población con discapacidad en los albergues. “Adolescentes que nadie los quiere, no hay familias de acogida especializadas para temas de discapacidad, hay que capacitar y trabajar a nivel de comunidad y el Estado se tiene que comprometer a ayudar a esas familias de acogida”, reflexiona.

Hasta el momento Unicef dijo no conocer de nuevos casos de abuso sexual, desde que explotó el escándalo. La Estrella espera la respuesta de Senniaf al respecto. Gran parte de la violencia sexual se origina entre pares. Según De La Guardia este tópico se abordó con el grupo Elite, tanto para quienes ingresan con trauma o los que ya están dentro de los albergues.