Acuerdo bilateral se enfocará en deportaciones y expulsiones

Estados Unidos y Panamá afinan los últimos detalles logísticos para iniciar el programa de deportaciones y expulsiones de migrantes que no cumplan las reglas migratorias a través del Memorando de Entendimiento suscrito el pasado 1 de julio.

Por ahora, los estadounidenses aclararon que sólo financiarán los gastos destinados a deportaciones y expulsiones, más no las repatriaciones voluntarias, como se dijo en un principio. La información difundida inicialmente refería a repatriaciones voluntarias, lo que parecía una alternativa poco viable, luego de haber superado la selva del Darién, que divide a Panamá de Colombia, y que consiste en uno de los trayectos más peligrosos hacia el norte. Pocos migrantes irregulares se inclinarían por esta alternativa a mitad de camino.

Sin embargo, ayer en conferencia con varios medios de comunicación, la agregada del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos para Centroamérica, Marlen Piñeiro, aclaró aún están en conversaciones con el gobierno panameño sobre quiénes entrarán en el programa piloto con vigencia de un año, aunque por lo pronto se enfocará en estas dos figuras migratorias: la expulsión y la deportación para quienes no cumplan las leyes migratorias de Panamá.

En este sentido, corresponde al gobierno panameño identificar a las personas que infrinjan la ley y como consecuencia tendrán que abandonar el país, no necesariamente tienen que tener un pasado criminal. Aunque sin determinar una fecha, Piñeiro aseguró que es inminente el inicio de vuelos. “Nosotros estamos trabajando muy de cerca para establecer vuelos chárter y comerciales que van a hacer números grandes, esos temas se están detallando todavía, pero sí van a tener un impacto”, detalló la diplomática confiada en que el pacto bilateral disminuirá los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Todas las deportaciones y expulsiones, que ya están en marcha de forma independiente por el gobierno panameño, se realizarán bajo las leyes migratorias de Panamá. Se trata de las medidas más severas que alcanzaron a 702 extranjeros que ingresaron al país por diferentes vías en 2023 y que retornaron a su país de origen en vuelos chárter, según la Dirección de Migración. Ahora la medida pretende ampliarse con la firma del Memorando con Estados Unidos, incluso a familias completas que ingresen a Panamá por la selva darienita.

Bajo la legislación panameña, el capítulo de Deportación y Expulsión del Decreto 3 de febrero de 2022 ordena el impedimento de entrada a territorio nacional de los extranjeros por cualquiera de las siguientes razones: ingresar de forma irregular salvo las excepciones en leyes especiales; permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional; incurrir en riñas; atentar contra la seguridad pública; haber cumplido una pena de prisión o incurrir en cualquier otra que determine la ley. El primer punto pareciera aplicarse a los migrantes irregulares que intentan ingresar a territorio panameño por la selva.

Por lo general, los migrantes que ingresan por el Darién lo hacen de forma irregular, algunos sin documentación, por lo que el gobierno panameño deberá determinar quiénes son elegibles para ser expulsados o deportados a su país de origen. Para ello, la Cancillería avanza en conversaciones con otros países para dar trámite a la recepción de vuelos en Venezuela, Colombia o Ecuador, las nacionalidades que agolpan el flujo. Se busca establecer el mecanismo de cómo van a llegar los vuelos, con qué frecuencia y con cuántas personas. “Estamos muy cerca de implementarlo, todavía hay algunos detalles por definir, pero vamos a apoyar financieramente con cualquier país que el gobierno de Panamá facilite”, manifestó la funcionaria.

“Puedo mencionar que nuestra intención es empezar con un vuelo de 150 personas y seguir incrementando” hasta alcanzar una capacitación idónea para los funcionarios panameños. Para ello, hay que superar algunos pasos logísticos como identificar lugares seguros y dignos para mantener a las personas mientras toman su vuelo. Para ello, Piñeiro reveló que desde el primero de julio han visitado aeropuertos, han efectuado giras al Darién y visitado lugares donde van a tener personal. Entre otras tareas han conversado con aerolíneas estadounidenses y panameñas para afinar los últimos detalles.

Por el momento se fijó un monto de $6 millones a $10 millones en el acuerdo, tomando en cuenta los costos de alojamiento, comida, autobuses, vuelos, por eso es un programa piloto. “Si vemos que es exitoso, y funciona para los países tendremos lo suficiente para regresar al Congreso y justificar más dinero. Quiero aclarar que aunque Panamá fue el primero que firmó, también estamos en conversaciones con otros gobiernos para hacer programas similares con ellos”, añadió Piñeiro. Develó que la propuesta se empezó a conversar con el gobierno panameño desde hace dos años, pero la presentación del acuerdo ante el Congreso para obtener los fondos culminó en el tercer cuatrimestre del 2023, fue entonces que formalizaron las conversaciones con Panamá.

Piñeiro recordó que en su país, después de junio 4, cuando el presidente Joe Biden emitió una proclamación para regular la frontera, el flujo migratorio disminuyó más de 50% en los siguientes siete días. Dijo, que en lo que va del año fiscal han deportado a más de 200 mil personas, casi la misma cantidad de migrantes que han cruzado Darién durante 2024, 216 mil hasta el 23 de julio. Por lo mismo, Estados Unidos ha concluido más de 1,700 vuelos chárter para este propósito, sin importar la relación del país de destino con el norte, o si se encuentra en otro continente. “Sí va a tener un efecto”, aseveró confiada en que la medida desincentivará el paso por Panamá.

La idea es que las personas que vengan (a Estados Unidos) no inicien el viaje por Darién, pues según la funcionaria, la mayoría de las personas que entran a Estados Unidos por la frontera no son elegibles para permanecer ahí. “El 90% de los casos eventualmente son retornados a sus países”, explicó. En el pasado los migrantes que lograban cruzar la frontera no tenían asegurada su permanencia, se quedaban unos años mientras su caso era revisado por las autoridades, pero después eran deportados porque no son elegibles para permanecer ahí. “Esto es otro golpe a la persona porque a los tres años son deportados”, describió Piñeiro. La proclamación de Biden ha permitido que las deportaciones se hagan en la frontera y si ésta no cumple los requisitos para entrar son retornados inmediatamente. Las personas a quienes les contamos la realidad, no están viniendo. Muchos se dejan llevar por la delincuencia organizada y se enfrentan a una experiencia traumática.

La lucha contra las organizaciones criminales que trafican con los migrantes se intensificó con el gobierno de José Raúl Mulino. Las autoridades han establecido un corredor humanitario por Acandí o Capurganá - Bajo Chiquito - Estación Transitoria de Lajas Blancas como paso para evitar los cuatro caminos que empleaba el crimen organizado. De esta forma, aseguran que tendrán un control sobre el trayecto y que contarán con unidades de vigilancia y un control en la entrada.

Estados Unidos ha establecido oficinas móviles en Guatemala, Ecuador y Costa Rica para que las personas se acojan a las vías legales de ingreso. “Estamos haciendo mucho trabajo en el tema del crimen organizado. Tenemos unidades especializadas aquí que trabajan de la mano con el gobierno de Panamá, también en Colombia, todo para disminuir y atacar las redes de tráfico”, zanjó Piñeiro.