A Panama Ports se le otorgaron ‘derechos desproporcionados’: procurador Gómez

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, recomendó declarar como inconstitucionalidad el artículo 1 de la Ley 5 del 16 de enero de 1997, que benefició a Panama Ports Company con un contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el Pacífico y en el Atlántico, respectivamente.

La inconstitucionalidad de la ley había sido demanda por los abogados Norman Castro y Julio Macías.

Gómez recomendó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la Ley N° 5 del 16 de enero de 1997, argumentando que el otorgamiento de concesiones debe estar sujeto a un análisis riguroso sobre su impacto en el interés colectivo, garantizando que el acceso a bienes de dominio público no genere ventajas desproporcionadas en favor de un concesionario, sin que ello represente beneficios tangibles para la sociedad.

En este sentido, en su consideración, la opción gratuita de concesión incluida en la cláusula 2.1 contraviene este principio en los siguientes aspectos:

1. Ausencia de justificación de interés público. La cláusula 2.1 no establece criterios objetivos que permitan justificar cómo la ampliación de la concesión sin contraprestación adicional contribuiría al bienestar social.

Tampoco detalla mecanismos de supervisión estatal para verificar el cumplimiento de los principios constitucionales, ni dispone parámetros de evaluación del impacto económico y social de la concesión sobre estas áreas estratégicas.

2. Falta de equilibrio económico en la concesión. La opción de concesión gratuita implica una pérdida patrimonial para el Estado, ya que se le ha privado de la oportunidad de generar ingresos adicionales a través de una negociación equitativa o un nuevo proceso de licitación.

En oposición, en el derecho administrativo panameño se reconoce el principio de retribución justa, el cual exige que el otorgamiento de bienes públicos en concesión debe generar beneficios adecuados para el Estado y la sociedad.

En este caso, la opción gratuita contradice este principio.

3. Impacto en la libre competencia. La cláusula confiere a Panama Ports Company S.A. un derecho exclusivo y preferencial sobre áreas estratégicas, sin permitir la posibilidad de que otros operadores puedan competir por la concesión en igualdad de condiciones, lo cual distorsiona el mercado portuario, restringiendo la participación de nuevos inversionistas que podrían ofrecer condiciones más ventajosas para el Estado y la sociedad.

En consecuencia, la disposición contenida en la cláusula 2.1, que otorga una concesión gratuita sobre otros perímetros, trasgrede el texto constitucional, al contravenir preceptos e intereses cardinales como el bienestar social, cuya protección y promoción siempre debe prevalecer en el ámbito de la gestión pública, desvirtuando la finalidad de las concesiones, las cuales deben ser orientadas al aprovechamiento racional y equitativo de los bienes públicos en beneficio del colectivo.

Estas categorías de prerrogativas exorbitantes, a juicio de Gómez, van en detrimento del erario y de la transparencia en la administración pública, conculcando el mandato constitucional de garantizar que los recursos del Estado sean gestionados de manera justa, equitativa y eficiente, asegurando su redistribución en aras del bien común.

El análisis de esta concesión surge en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestiona la administración de estos puertos, porque supuestamente está en manos del Partido Comunista chino.

La concesión entregada por el Estado en 1997 y renovada en 2021 le dio la potestad a la empresa el desarrollo, construcción, administración y dirección de las terminales portuarias de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal”, según lo publicado en la Gaceta Oficial No. 23,208 de 21 de enero de 1997.

Para Giovani Olmos, abogado procesalista y exfiscal, lo sucedido con este contrato de concesión a Panama Ports no es más que la práctica de conceder bienes estatales con cláusulas que “violan la Constitución de manera flagrante”.

Esto, agregó, pone en desventaja de desigualdad contractual al Estado, pues hay obviamente intereses privados por encima del bien del país.

Panama Ports Company (PPC) es una empresa mixta que administra los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá. La empresa es subsidiaria de Hutchison Ports Holdings, una empresa con sede en Hong Kong.

Comenzó operaciones en 1997, tras recibir una concesión del Estado panameño por 25 años prorrogables, una concesión entregada de manera directa, sin licitación, lo que también es cuestionado en la demanda de Castro y Macías.

La empresa administra la terminal de contenedores, ro-ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en el puerto de Balboa.

También explota los servicios de movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal y obtiene ingresos millonarios por el alquiler de terrenos y bienes a otras compañías que operan dentro del área de concesión.

A su vez, el contralor general de la República, Anel Flores y la Autoridad Marítima de Panamá iniciaron un proceso de auditoría a PPC, como parte de los procesos a las concesiones en las que el Estado tiene acciones.

Durante esa jornada, Flores indicó que, a pesar del crecimiento del movimiento de contenedores en el país, los beneficios económicos para Panamá producto de esta concesión han sido mínimos, y la describió como un “enclave colonial” que perpetúa desigualdades económicas.