$500 millones son para pagar inversión pública

La inversión pública ascendería a $3,155 millones en 2024. “Esta fue la cifra presentada en la reunión de transición celebrada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la cual participaron el presidente Laurentino Cortizo, el presidente electo José Raúl Molino, el ministro Héctor Alexander, el ministro electo Felipe Chapman y personal técnico de ambos equipos”, comentó a este diario una persona que participó en la reciente cita en la que se expuso la situación económica del país.

Al equipo entrante se explicó que los $3,155 millones en inversión pública se pagarán así: $515 millones con el ahorro corriente del Gobierno Central y el restante con financiamiento público. Comparado con el 2023, el ahorro corriente del Gobierno Central estimado para el 2024 sería 5.7% superior. En el 2023, el Ahorro Corriente se ubicó en $487.2 millones.

Durante la pandemia, en 2020 y 2021, el ahorro corriente del Gobierno Central fue negativo, lo que significó que durante estos años se pagaran gastos operacionales con préstamos. Contrario a lo anterior, en 2022 y 2023, el ahorro corriente fue positivo, de acuerdo con los informes del balance fiscal que publica el MEF.

Recientemente el presidente electo José Raúl Mulino explicó a los empresarios de la Cámara de Comercio el estado de las finanzas del país: “no hay número que no esté en rojo. Sin contar deuda o servicio a la misma, lo que le entra y sale del país, queda en 500 millones de dólares, supuestamente para inversión. Pero no hemos pagado deuda”.

“Esos $515 millones, que supuestamente estarían disponibles para inversión, en realidad son fruto de los ahorros corrientes y están destinados para pagar parte del monto de la inversión de este año, que suma más de $3 mil millones”, comentó a este diario una persona que participó en la reciente reunión de transición entre los equipos económicos en donde se expuso la situación económica del país.

El resto de la deuda de la inversión, $2,640 millones, deberá cubrirse con financiamiento, nuevos ingresos o ingresos extraordinarios.

La Estrella de Panamá consultó los números del Ministerio de Economía y Finanzas, en específico los publicados en el balance SPNF con la intención de conocer el origen de los $515 millones.

Pero en este renglón, la información disponible del MEF no refleja números positivos, sino más bien un déficit acumulado a marzo de esta año de $1,642 millones, como bien lo señaló Mulino en sus intervenciones “números rojos”.

El referido monto representa un déficit de 1.88% del Producto Interno Bruto. Comparado al mismo periodo del 2023, los ingresos del SPNF aumentaron en $281.5 millones ($3,096 millones), pero también incrementaron en $402.2 millones los gastos totales ($4,738 millones).

Dicho lo anterior, la idea de disponer de $500 millones para inversión resultaba contradictoria.

A partir del 1 de julio, cuando Mulino reciba la banda presidencial contará tal vez con la mitad de los ingresos corrientes anuales estimados, que alcanzan los $10,6371 millones tomando en cuenta que ha transcurrido el primer semestre del año.

Pero también se enfrentará con las cuentas que no están presupuestadas, y esas cuentas suman $800 millones. Cuando Laurentino Cortizo asumió la presidencia en 2019, este renglón de deudas no presupuestadas era de $2,500 millones. Mulino lo recibe con $800 millones.

Para cumplir con los compromisos que adquirió la administración de Juan Carlos Varela, antecesor de Cortizo, éste último se vio obligado a viajar a Nueva York, Estados Unidos, para reunirse con banqueros y representantes de calificadoras de riesgo a quienes explicó el estado de las finanzas públicas.

Logró el primer préstamo de muchos más que vendrían por delante, y que ahora superan los $23 mil millones. Una parte de la deuda heredada, que no dejó de recordar en sus intervenciones públicas, cada vez que tuvo la oportunidad.

El primer pago lo hizo en 2019 y fue de $1,836 millones, en 2020 completó el resto, con $669.8 millones en obligaciones por pagar vencidas. Ahora que abandona el cargo, Cortizo deja a la siguiente administración una deuda de $800 millones que se desglosa de la siguiente manera: Ministerio de Obras Públicas $320 millones; Ministerio de Salud (Minsa), $350 millones; el Ministerio de Vivienda, que debe $55.8 millones en proyectos de inversión; el Ministerio de Seguridad con $11 millones por el alquiler de helicópteros, y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que acumula $23.2 millones en subsidio de granos.

Todos sin partida presupuestaria, y a esta cifra se sumarán las cuentas que surjan en el camino, “compromisos adquiridos por los ministerios sin consultar al MEF”, recalcó un participante de la transición. Por tanto, en vez de contar con números positivos en el tema de inversión, lo que hay son más deudas.

En esta ecuación, la Dirección General de Ingresos (DGI) tendrá un rol fundamental en los ingresos y ahorros, que servirán a la próxima administración para financiar los gastos e inversiones pendientes.

Para ello cuentan con herramientas, como la factura electrónica, que a Publio De Gracia, actual director de la DGI, le ha servido para incrementar los ingresos en un 30%.

La recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Panamá en 2022 (13.1%) estuvo por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ALC) (21.5%) en la edición de este año de las Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe a 8.4 puntos porcentuales y por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (34.0%), según las estadísticas tributarias que publica la organización.

Uno de los gastos más fuertes de este gobierno se centró en la planilla, y es uno de los renglones que la administración entrante mirará con lupa, “ya que se está pagando con deuda”, afirmó el economista Adolfo Quintero a esta periodista. En marzo cuando el país estaba en plena época electoral, el gobierno contrató a 5,089 funcionarios nuevos, en comparación al mes de febrero. Contratos eventuales en instituciones como Ministerio de Educación, Minsa, la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Ministerio de Seguridad, el Tribunal Electoral y la Universidad Tecnológica.

En ese mes el gobierno contaba con un total de 255,360 funcionarios y un sueldo bruto de $428.4 millones. De estos funcionarios, 235,376 eran permanentes y 19,984 eventuales, correspondiendo 165,040 al Gobierno Central y 90,320 en el Sector Descentralizado.

El Sueldo Bruto se descompone en $404.5 millones para permanentes y $23.9 millones para eventuales, con $268.0 millones para el Gobierno Central y $160.4 millones para el Sector Descentralizado. Con respecto a febrero de 2024, la planilla de marzo registró un aumento de $4,2 millones en sueldo bruto, principalmente en los funcionarios permanentes.