Figuras de alto perfil son llamadas a juicio por caso Odebrecht

Entre las 50 personas que han sido llamadas a juicio por la Fiscalía Anticorrupción en relación a los sobornos otorgados por Odebrecht para el desarrollo de proyectos multimillonarios, se nombró a figuras políticas de 'alto perfil', según informó una fuente judicial a este medio.

Este lunes 12 de abril, el Ministerio Público informó del envío de la vista fiscal al Juzgado Tercero Liquidador, en la que se solicitó llamamiento a juicio para 50 personas, y sobreseimiento para 29.

La vista fiscal que acompaña los 2,194 tomos contentivos de 915,958 fojas, en los que se plasma la relación de expresidentes como Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), exministros y funcionarios de diferentes carteras en las que participó la empresa con diferentes proyectos.

Entre los imputados se ha mencionado de igual forma a dos hijos del exmandatario Martinelli, que están siendo requeridos por la justicia estadounidense por el mismo caso y que en este momento esperan en una cárcel de Guatemala a que culmine el proceso de extradición a Estados Unidos.

Un cable de la agencia EFE que cita fuentes anónimas del Ministerio Público, reseña que entre “los imputados que la fiscalía pide sentar en el banquillo no están los expresidentes Ricardo Martinelli ni Juan Carlos Varela”. Aunque el Ministerio Público negó a La Estrella de Panamá esta información.

El Ministerio Público no reveló los nombres de los 50 investigados a quienes se les solicitó llamamiento a juicio por blanqueo de capitales, a 3 exservidores públicos a los que además del delito contra el orden económico se les endilga el delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

Ahora el expediente ingresa al registro único de entrada (RUE) donde se debe verificar cada una de las casi un millón de fojas, poner su respectivo sello y verificar que el tomo esté en orden. De lo contrario, se devuelve a la fiscalía para su corrección.

Este ha sido uno de los casos más emblemáticos de corrupción en Panamá y Latinoamérica, que se desprendió del conocido como caso Lava Jato iniciado en 2013 en Brasil, sede de la empresa, con el azote del caso Petrobras.

La constructora diseñó uno de los esquemas más complejos, inéditos, para hacer llegar las coimas principalmente a abogados y políticos de turno, y miembros de partidos políticos, entre otros, mediante la utilización de la caja 2, o Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) que de 2006 a 2008 estaba conformado por tres altos ejecutivos de la constructora encargados de los libros secretos.

En ese intervalo, al mando de este departamento se encontraba Hilberto Mascarenhas de Silva junto a Luiz Eduardo Da Rocha y una empleada en Salvador de nombre María Lucía Tavares. Este equipo trabajó directamente con el presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien hacía la solicitud y aprobaba los pagos, siempre manejados a través de intermediarios, a figuras políticas identificadas con apodos.

A partir de 2008 se incorporaron al manejo de pagos irregulares Fernando Migliaccio, extesorero del DEO en Sao Paulo quien recibía el apodo de Waterloo, y Angela Palmeira, en Salvador.

Para ello se utilizaba el servidor Drousys, un servidor empleado como medio de comunicación interno en el que cada usuario tenía la posibilidad de guardar archivos en un lugar seguro. También tenían acceso algunas personas de la empresa que pertenecían al sector de generación de recursos libres para hacer los pagos no contabilizados y operadores financieros que trabajaban para el DOE.

Las claves para este sistema se administraban de acuerdo con la demanda.

La Fiscalía Especial Anticorrupción imputó en un inicio a 101 personas; de ese total, como ya se dijo, 50 fueron llamadas a juicio, se solicitó sobreseimiento para 29, una persona jurídica. La empresa fue multada con $220 millones; 19 personas efectuaron acuerdos de pena de colaboración eficaz, y dos más fueron desvinculadas del caso por los tribunales a través de recursos interpuestos por sus abogados.

A lo largo de la investigación que se desarrolló bajo el sistema inquisitivo, el Ministerio Público ha recuperado en dinero comisado en favor del Estado panameño $49,523,898.51 de los cuales $37,809,358.07 corresponden a los adelantos realizados por las empresas Odebrecht en concepto de los $220,000,000.00 que es la sanción, según el acuerdo; además se cuenta con $36,644,571.25 entre bienes y dinero aprehendidos correspondientes a otros imputados.

En Panamá, la constructora se hizo de diez proyectos que suman más de $9 mil millones, entre los que se conocen la cinta costera, saneamiento de la bahía, irrigación, Madden Colón, Metro de Panamá, proyecto Curundú, sistema de riego Remigio Rojas y la rehabilitación del patrimonio histórico de San Felipe.