Solo el 20% de los servidores ha presentado la declaración de intereses

A solo seis días para que concluya el periodo establecido para presentar la declaración de intereses particulares, un 80% de los servidores públicos no lo ha hecho. Cerca de 20 mil personas, entre ellas, autoridades máximas, elegidas, y otros empleados deben presentar su declaración jurada de intereses antes del 6 de abril, en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Pero hasta el momento solo lo han hecho 4 mil, al corte de ayer.

La participación de los funcionarios es calificada como “regular”. Sin embargo, en las últimas semanas se han presentado cerca de 2 mil servidores a entregar sus declaraciones.

“Exhortamos a todos los funcionarios que son sujetos obligados o agentes de manejo conforme al Código Fiscal a que presenten sus declaraciones y así eviten la multa dispuesta en la ley”, dijo Elsa Fernández, directora de la Antai.

La directora de la institución explicó que el Órgano Ejecutivo ha tenido un alto porcentaje de entregas de declaraciones. Del Órgano Judicial se han recibido las declaraciones de 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “La mayoría de los funcionarios de alto perfil ha presentado sus declaraciones de intereses, entre ellos, ministros, viceministros, magistrados, procuradores, contralor, gobernadores”, explicó Fernández.

Pero en el Órgano Legislativo la reacción ha sido lenta: 115 diputados y suplentes no la han presentado aún.

Uno de los puntos en que la Asamblea Nacional de Panamá ha salido mal calificada en los índices de medición de transparencia legislativa es porque los diputados no están obligados a presentar una declaración patrimonial o declaración jurada de interés.

Cuando se hizo la reforma que exigía la declaración patrimonial, los diputados se excluyeron de hacerlo. Mientras que el resto de los funcionarios de “alta jerarquía” entregan la declaración patrimonial, al inicio de la gestión. Pero no había nadie que la verificara.

La Ley 316 de conflicto de intereses, que empezó a regir a partir del 18 de febrero de 2023, no solo exige a los servidores probidad en sus acciones, sino también obliga a los de “alta jerarquía” a presentar una declaración de intereses en los primeros 30 días después de la toma de posesión del cargo. Y anualmente deben renovarla, dentro de los primeros días de cada año.

Cuando se haya vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada de intereses, en caso de que no la hayan presentado, los servidores serán requeridos por la Antai. Si los servidores públicos presentan información incorrecta o han incumplido con los plazos establecidos, pueden ser sancionados con dos y tres meses de salario. Y, en el peor de los casos, cuando la información presentada sea falsa, el superior jerárquico podrá iniciar un proceso sancionador y aplicar la suspensión del cargo.

El artículo 17 de la Ley No. 316 del 18 de agosto de 2022 establece taxativamente que el plazo para presentar la declaración de intereses es improrrogable, sin embargo, para facilitar la entrega masiva, Antai está realizando jornadas en diferentes puntos del país.

Esta semana han extendido incluso la jornada laboral en las instalaciones de la institución hasta las 6:00 p.m. para recibir las declaraciones de intereses particulares. Entre los diferentes puntos de recepción está la policlínica Santiago Bernaza, en Panamá Oeste (ayer).

Hoy, personal de la institución estará en el cuarto piso del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en plaza Edison. El jueves, en el Consejo Municipal de La Palma, Consejo provincial de Santa Fe, en la provincia de Darién. Ese mismo personal de la institución estará en el Ministerio del Gobierno, en el segundo piso, en el salón Medallones.

El viernes 31 de marzo estará en la provincia de Chiriquí, en el hospital Dr. Rafael Hernández. En la provincia de Panamá, distrito de San Miguelito, en el hospital Susana Jones. Y en la comarca Ngäbe Buglé.

En los países en que se ha implementado este tipo de acciones se logra tener un mejor control ciudadano y de las propias instituciones para prevenir fenómenos corruptos, como el enriquecimiento injustificado y la filtración de información privilegiada para lograr contratos estatales, aseguró Olga de Obaldia, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.